Los bomberos de Gran Canaria evalúan querellarse contra altos cargos del Cabildo
Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria estudian presentar una posible querella penal contra los responsables del Consorcio, y consiguientemente del Cabildo, por la continuada infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los bomberos han denunciado desde hace años numerosas situaciones que vulneran la ley, pero el Consorcio no ha atendido las reclamaciones, lo que les obliga a trabajar en situaciones insalubres que ponen en riesgo tanto su salud como la de los ciudadanos, ha asegurado este jueves el abogado de los bomberos Joaquín Ruiz de Infante durante una rueda de prensa.
Los incumplimientos afectan, por ejemplo, a la falta de trabajadores suficientes para atender el servicio y a la escasez de material necesario para las labores que desarrollan, como vestimenta, guantes o botas.
Además, estos materiales no se desinfectan a pesar de que los bomberos se exponen a sustancias peligrosas, lo que supone “un grave riesgo” para los bomberos y los ciudadanos, pues esta práctica puede provocar infecciones, tal como ha sucedido con los trabajadores.
A juicio de sus representantes, muchas de las lesiones que los bomberos han sufrido en los últimos años se deben a un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, razón por la que la Junta de Personal del Consorcio analiza una posible querella penal.
El artículo 318 del Código Penal establece que, en el caso de infracción de las normas de seguridad por parte de las personas jurídicas, los imputados serían sus responsables, ha recordado el abogado.
Los responsables del Consorcio tampoco analizan cuántos bomberos hacen falta para cada intervención, por lo que se desconoce el número necesario en cada parque, ha añadido.
Actualmente, hay 17 o 18 bomberos disponibles al día para los siete parques de Gran Canaria, número insuficiente que no garantiza la seguridad ni la atención a las emergencias que puedan surgir, ha asegurado el portavoz de la Junta de Personal José María Monzón.
Los bomberos se niegan a cubrir con horas extras la inadecuada dotación de las plantillas, pues, a su juicio, hace falta una solución de tipo estructural, ha dicho Monzón, quien ha negado que la seguridad de la isla esté garantizada, tal como argumenta el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC).
El también abogado Miguel López ha asegurado que el estatuto del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria está derogado desde 2014 y no se ha adaptado a la ley, como es obligatorio.
El Consorcio de Emergencias debería adscribirse al Cabildo de Gran Canaria y aplicar a los bomberos su régimen jurídico, tal como han hecho los cabildos de Tenerife y de Lanzarote, ha defendido.
El propio departamento de Recursos Humanos del Cabildo de Gran Canaria ha pedido que se haga así, ha afirmado. Los responsables del Cabildo aducen que, aunque el Consorcio se incluye en el presupuesto de la corporación insular, no es necesario igualarlo en el régimen de personal, ha indicado el abogado.
Según asegurado, los bomberos no piden ser funcionarios del Cabildo sino que se les aplique el régimen jurídico de la administración de la que dependen.
Monzón ha lamentado que los responsables del Cabildo “difamen” a los bomberos con noticias falsas en lugar de tratar de buscar soluciones mediante el diálogo.
En cuanto al incendio declarado recientemente en una nave del polígono de Arinaga, en el municipio de Agüimes, el portavoz de la junta de personal de los bomberos ha asegurado que no se trató de una emergencia declarada, sino de uno de los fuegos habituales que sofocan, pero en esta ocasión hubo menos trabajadores para sofocarlo debido a que se han negado a hacer horas extras.
