El comité de huelga de los empleados públicos temporales se encierra en el edificio de Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria

El comité de huelga de los casi 4.000 empleados públicos de la administración general de la comunidad autónoma y miembros de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley se han encerrado en el edificio de Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria tras conocer que el Gobierno no ha suscrito este viernes el acuerdo pactado para resolver su situación de temporalidad. En concreto, este encierro de ocho personas tienen lugar en la sede del comité de empresa, situado en la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático en la capital grancanaria. 

En un comunicado, el comité afirma que “el desplante” del Gobierno de Canarias y “el desprecio hacia las aspiraciones y expectativas de muchos empleados y empleadas públicas provoca una profunda indignación”. Se trata, afirman estos empleados, de una “respuesta a la falta de credibilidad del Gobierno de Ángel Víctor Torres”.

Alega el comité que “la suspensión unilateral” por parte del Gobierno de Canarias de la firma del acuerdo alcanzado el viernes pasado “supone un jarro de agua fría a la paz social que iba en camino de lograrse con el acuerdo pactado”. Por ello, añade, “no piensan salir hasta que se materialice el acuerdo y el Gobierno de Ángel Víctor Torres del PSOE cumpla con lo que ha firmado” 

Además, el comité advierte de que “las ocho personas encerradas son la punta de lanza del recrudecimiento de las movilizaciones frente la actitud despótica del Gobierno canario con sus propios trabajadores y en la que se espera participen todos los empleados y empleadas públicas”. 

La firma, aplazada a la espera de un informe

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, ha explicado este viernes que la firma del acuerdo entre la administración y el colectivo de trabajadores de la comunidad autónoma en situación de abuso de temporalidad, prevista para este viernes, se ha aplazado a la espera de un informe que dote de seguridad jurídica a esa actuación. “El compromiso político” de la Consejería de Administraciones Públicas “sigue inalterable”, ha añadido la alto cargo. 

El Gobierno de Canarias anunció a última hora del jueves de la suspensión de esa convocatoria para convertirla en “una nueva reunión de trabajo” en la que “seguir analizando los aspectos necesarios para alcanzar un acuerdo que atienda todos los aspectos de un proceso de esta importancia”. La nota añadía que en los próximos días se informará de una nueva fecha.