Función Pública mantiene el compromiso de convocar los concursos de traslados de los funcionarios antes de julio

El Gobierno de Canarias llevará el próximo lunes 15 de marzo a la Mesa General de Empleados Públicos un proyecto de decreto para regular la gestión de los 630 millones de euros que recibirá la comunidad autónoma de los fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a paliar los efectos de la crisis económica desatada como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Ese documento incorpora medidas dirigidas a agilizar los concursos de traslados de los funcionarios de carrera, paralizados desde hace catorce años, y cumplir así con la obligación de convocar estos procedimientos antes del 1 de julio de 2021. 

“La filosofía que inspira ese decreto es la mayor agilización en la gestión de recursos humanos para que nos permita una buenísima gestión de esos fondos europeos. Para eso tenemos que cambiar las formas e ir mucho más rápido”, ha señalado la directora general de Función Pública del Gobierno regional, Laura Martín, que ha añadido que su departamento mantiene inalterable el compromiso de convocar los concursos de traslados para el personal funcionario de carrera (un colectivo de cerca de 2.700 trabajadores) en el plazo estipulado en el decreto ley 18/2019 de medidas urgentes de ordenación en el empleo público en las administraciones canarias, el primero aprobado en la legislatura tras la llegada del actual gobierno.  Un decreto que aceptaba un requerimiento del Diputado del Común, a quien un grupo de trabajadores hizo llegar hace ya tres años, a iniciativa de CCOO, unas 500 firmas con ese propósito.

Martín se ha mostrado sorprendida por la posición manifestada recientemente por CCOO en relación con los concursos de traslados o de méritos, un procedimiento que permite la movilidad en los puestos de trabajo de los empleados fijos y, por tanto, la posibilidad de obtener determinadas ventajas (que pueden ser retributivas, de conciliación familiar o de otra índole), y que no se convocan desde hace casi tres lustros en la administración general de la comunidad autónoma, pese a que la ley canaria de Función Pública, de 1997, establece que deben realizarse cada dos años. 

La organización sindical sostiene que, a tres meses y medio de que se cumpla el plazo establecido en el decreto ley, ya no hay tiempo para convocar los concursos de traslados del personal funcionario. Por ello, ha anunciado que buscará el apoyo de los grupos parlamentarios para impulsar una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara regional. “Esta Dirección General pretende cumplir la ley en todos los aspectos. Y en ese también. Estamos a marzo, todavía no hemos llegado”, ha contestado Martín, que ha precisado que los funcionarios de carrera no son los únicos afectados por una política de gestión de recursos humanos que la administración de la comunidad autónoma de Canarias arrastra desde hace décadas. Los concursos de traslados para otro colectivo de algo más de 4.000 trabajadores de la administración general de la comunidad, el personal laboral fijo, no se convocan desde hace más de 25 años, ha señalado. 

“Me hubiera gustado tener una Oferta de Empleo Público de estabilización y consolidación aprobada y poder sacar también un concurso de traslados de personal laboral fijo”, ha señalado la alto cargo, que considera que este habría sido el escenario “coherente y ordenado”. Este propósito se ha topado, sin embargo, con la oposición de fuerzas sindicales y colectivos de trabajadores. Los interinos y temporales acudieron a principios de año a la huelga para denunciar el abuso de la temporalidad en el empleo público. Reclaman la fijeza en sus puestos a través de procesos restringidos, no abiertos, tras años encadenando contratos eventuales para ejercer funciones estructurales. Es decir, pretenden sentar las bases del proceso, la fórmula a través de la que se materializará (baremos, plazos...), antes de aprobar el decreto de Oferta de Empleo Público, un trámite previo y preceptivo en el que se fija solo el número de plazas. 

Las negociaciones están bloqueadas. El Gobierno regional entiende que primero es necesario aprobar el decreto de la Oferta de Empleo Público (OEP) de estabilización y consolidación para después negociar las bases, los criterios concretos, en un plazo que se puede alargar hasta los tres años. Desde Función Pública abogan por no vincular ese decreto, el catálogo de plazas, a unas bases ya prefijadas que, “a lo mejor, son peores” que las que se pueden acordar con posterioridad, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno central está trabajando en una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para tratar de poner coto a las altas tasas de temporalidad en la administración. Desde que se apruebe el decreto, esas plazas objeto de consolidación quedarían señaladas y automáticamente bloqueadas hasta que se convocaran las bases y se adjudicaran, por lo que no se verían afectadas por otros concursos.

“No me gustan las actuaciones sindicales que enfrentan al personal del Gobierno de Canarias unos con otros. Pongo de manifiesto que falta el concurso de traslado del personal funcionario y mantengo el compromiso del 1 de julio su convocatoria. Estamos trabajando todo lo que podemos y más”, ha concluido Martín, que incide en que su obligación es “velar por todos los empleados públicos”.