Funcionarios de carrera exigen un concurso de méritos tras 14 años de bloqueo

Con el conflicto por el abuso de la temporalidad en el empleo público en pleno apogeo, un colectivo de trabajadores fijos de la administración general de la comunidad autónoma de Canarias, el de los funcionarios de carrera, también quiere alzar la voz para reivindicar un derecho del que se le ha privado durante años, hasta catorce en determinados grupos: la carrera profesional. La ley regional de Función Pública, en vigor desde 1987, establece la obligación de convocar al menos una vez cada dos años concursos de traslados o de méritos para cubrir puestos vacantes. Se trata de una fórmula que, en ocasiones, permite a los funcionarios mejorar su estatus profesional y retributivo y, por lo tanto, una forma de incentivo y de promoción interna. 

El problema es que los sucesivos gobiernos han incumplido de forma sistemática esta previsión. Con el fin de desbloquear la situación, Comisiones Obreras (CCOO) promovió hace ya tres años una iniciativa de recogida de firmas para trasladarlas al Diputado del Común. Recogió cerca de 500 rúbricas en un colectivo integrado, a julio de 2019, por 2.693 trabajadores. El defensor del Pueblo canario hizo un requerimiento a la Dirección General de Función Pública instándole a cumplir sus deberes legales y el Gobierno regional aprobó a finales de ese mismo año un decreto ley, el 18/2019, que fijaba la obligación de convocar los concursos de provisión de puestos antes del 1 de julio de 2021, un plazo que, a juicio de Jorge Reyes, representante del sindicato en la mesa de negociación, se antoja ya imposible de cumplir a estas fechas.  

CCOO prevé mantener una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios para promover una Proposición no de Ley (PNL) que inste al Gobierno a encontrar una solución inmediata a este bloqueo. Según los datos de las últimas cuentas regionales, en la administración general de la comunidad autónoma de Canarias hay vacantes más de 1.100 plazas de las cerca de 3.500 dotadas y presupuestadas. Este colectivo se queja de que, ante la ausencia de concursos de traslados, estas vacantes, en algunos casos de puestos de jefatura, están siendo ocupadas por personal interino o recién contratado y, por lo tanto, con menos experiencia que trabajadores que llegan a acumular hasta tres décadas de servicio en la administración regional. 

Reyes recalca que los funcionarios de carrera no están pidiendo un incremento de sus retribuciones, sino el acceso de puestos de trabajo de igual o superior nivel al que ocupan tras conseguir una plaza en la administración a través de un concurso oposición. El representante sindical indica que, en algunos casos, esos traslados, que debieran formalizarse a través de un concurso de méritos, sí que pueden conllevar un ligero aumento salarial. Otros funcionarios ansían los traslados por motivaciones distintas, como puede ser la conciliación familiar. 

El delegado de CCOO atribuye esta situación al “modelo de política de recursos humanos” implantado en la administración canaria desde hace años. “Se ha cambiado el derecho por el favor”, resume. El derecho es poder concursar cada dos años en busca de traslado. El favor es tener que pedir una comisión de servicios a los superiores y esperar por una decisión “discrecional” y que va “en contra del régimen estatutario del funcionario público y de la garantía de independencia para poder ejercer”, señala Reyes, que añade a este problema el hecho de que en las últimas tres ofertas de Empleo Público (2017, 2019 y 2020) se haya reservado tan solo un 20% de plazas a promoción interna y el resto a turno libre cuando en la Administración General del Estado estos porcentajes se equilibran al 50%. El representante sindical señala que esa menor oferta de plazas de promoción interna genera un coste económico superior al Gobierno de Canarias, ya que el colectivo que accede a través de esta vía apenas ve modificada su retribución. 

El sindicato Sepca también ha acudido a los tribunales por esta inactividad de la administración, por la parálisis en los traslados. Un juzgado de lo Contencioso Administrativo le ha dado la razón en primera instancia, obligando al Gobierno regional a convocar los concursos de traslados de determinados grupos funcionariales (A, B, C y E), aunque el fallo no es firme y se encuentra recurrido. 

El delegado de CCOO remarca que este situación repercute en los servicios prestados a los ciudadanos y recuerda que la comunidad autónoma se enfrenta ahora a un momento crucial, ya que hay que gestionar los 630 millones de euros que llegarán a Canarias de los fondos europeos Next Generation para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la sanitaria por la pandemia de la COVID-19. “Son recursos que tienen que llegar a los trabajadores y las empresas cuando más lo necesitan”, subraya Reyes, que considera que deben ser los funcionarios con más experiencia, los que están pendientes de esos concursos de méritos, los que lideren esa gestión. 

El colectivo de funcionarios de carrera exige, además de la inmediata convocatoria del concurso de traslados o méritos, un marco normativo que garantice el cumplimiento de la obligación de convocar estos procedimientos con una periodicidad bianual y la fijación de un calendario. Los profesionales ponen el ejemplo de la Consejería de Educación. “Son 30.000 funcionarios docentes y cada dos años se hace el concurso de traslados sin ningún problema”, explican.