Los tres jóvenes acusados por el 'crimen del taxista' se enfrentan a penas de entre 20 y 30 años
Los tres jóvenes acusados del llamado crimen del taxista de Las Palmas de Gran Canaria deberán enfrentarse a penas de entre 20 y 30 años en un juicio con jurado en su contra que se iniciará el 2 de julio próximo en relación a un asesinato cometido el 9 de abril de 2002.
Un día en el que los acusados, Roberto Carlos Jurado Almeida, que estaba a punto de cumplir 19 años; Jauad Soussy, que contaba 19 ya; y Ángel Yeray Santana Márquez, que había cumplido los 20 pocos meses antes, acabaron, de acuerdo a las conclusiones provisionales del fiscal sobre el caso, con la vida del taxista Antonio Hernández Rosales, al que degollaron tras negarse a darles la recaudación.
Los tres jóvenes tomaron el taxi que conducía la víctima “poco después de las 07.00 horas”, según el relato del fiscal, que destaca que “antes se habían puesto de acuerdo en dirigir al taxista a una zona deshabitada y robarle la recaudación que tuviese”, algo que trataron de hacer “una vez llegaron a la dirección indicada, ya sobre las 07.59 horas”.
La negativa del conductor -prosigue- determinó que, “con total menosprecio para la vida e integridad” de aquél, “con un cuchillo que llevaban, le empezaron a dar puñaladas en la zona de la cabeza y pecho”.
Algo a lo que intentaba resistirse sin éxito el asaltado, que, finalmente, logró “descolgar la emisora del taxi y llamar a la centralita pidiendo auxilio”, aunque con ello sólo consiguió que aumentara el ensañamiento de quienes le atacaban.
“Entonces, los acusados, dispuestos a acabar con su vida y para evitar ser identificados, procedieron a cortarle el cuello”, expone el fiscal.
Añade que, por último, “los acusados dejaron a Antonio tirado en el camino desangrándose y huyeron”, pero que “antes cogieron el taxi y lo llevaron hasta un camino próximo al lugar de los hechos y lo llenaron de pajas con intención de quemarlo y así ocultar las posibles pruebas que pudiera haber contra ellos”. “Si bien el coche no ardió”, apostilla.
El escrito del fiscal, que detalla que, “en total, el cuerpo presentaba 19 heridas incisas por arma blanca de cierta consideración en cabeza, cuelo y tórax, de las que resultó mortal el degüello”, concluye que todos los imputados deben ser acusados de dos delitos: uno de robo con violencia en grado de tentativa y otro de asesinato.
Por el primero de ellos, el acusador público pide dos años de prisión, y veinte más por el segundo, para cada uno de los imputados, a los que solicita, además, que se condene a indemnizar “conjunta y solidariamente a los herederos de Antonio Hernández Rosales en 180.000 euros”.
Las peticiones del fiscal son, en cualquier caso, menores que las de la acusación particular personada en el proceso, que ejerce la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, representada por la procuradora Beatriz de Santiago.
Ésta coincide en el relato de los hechos y en la tipificación de los delitos presuntamente cometidos por los tres jóvenes con el fiscal, si bien pide para cada uno penas de cinco años de prisión por el robo con violencia y de 25 años por el asesinato.
Así mismo, eleva la cuantía de la indemnización para los herederos de la víctima, hasta los 240.404 euros, y demanda que la Administración sea responsable subsidiaria en el caso de uno de los acusados que estaba fugado de un centro de menores.
“Como el acusado Roberto Carlos Jurado Almeida, en el momento de la comisión de los hechos, se hallaba fugado del centro de menores de La Montañeta, interesa a esta parte se declare la responsabilidad subsidiaria del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto a su responsabilidad por las transferencias competenciales en materia de centros de menores”, refiere la procuradora.
