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No solo los bancos cierran al público: la eterna odisea para conseguir cita en la Seguridad Social en Canarias

Colas  las puertas del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Pérez del Toro, en Las Palmas de Gran Canria. FOTOS: ALEJANDRO RAMOS

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —
31 de enero de 2022 21:14 h

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Edificios cerrados a los que solo se puede acceder con cita previa tras una misión que resulta casi imposible en la Seguridad Social. Es la estampa con la que se encuentra la ciudadanía en Canarias cuando necesita realizar un trámite. Un muro custodiado por el personal de seguridad, que muchas veces tiene que lidiar con situaciones dramáticas o de tensión. Un silencio al otro lado del teléfono cuando se llama o un proceso que los usuarios no comprenden a la hora de intentar realizarlo por Internet. En Las Palmas de Gran Canaria el servicio de atención llegó a la pandemia muy deteriorado. No solo por la falta de personal, CCOO y UGT también lo achacan a la gestión de la cita previa y a la organización del trabajo. “Se pretende implantar una cultura de la administración pública nefasta”, señala Hortensia Rodríguez, trabajadora del servicio y miembro de CCOO al ser preguntada por este periódico. Destaca que la atención presencial debe ser primordial ya que estos funcionarios cumplen un servicio público social. 

Por parte de UGT, Gustavo Martín resalta que después de años de colas a las puertas de los centros, de incertidumbre porque la ciudadanía no logra conseguir cita previa, la situación se ha estancado y no se ha puesto solución. En estas últimas semanas existe un movimiento muy fuerte para evitar el cierre de las oficinas bancarias, que dejan especialmente a las personas mayores sin mecanismos para responder a sus dudas o trámites bancarios. Los trabajadores de la Seguridad Social reivindican que en su caso prestan un servicio público y sin embargo se ha ido deteriorando durante años. Un reportaje de eldiario.es ya reflejó que desde 2011, las oficinas en toda España se han ido debilitando por falta de personal y que un tercio de ellas se encuentran en riesgo de cierre. 

Según las estadísticas de atención en las oficinas de la Seguridad Social de Las Palmas, la asistencia presencial ha ido mermando desde la pandemia. En enero de 2019, por ejemplo, se atendieron 12.179 personas en las oficinas; en el mismo mes de 2020, 11.714, mientras que en diciembre de este año 7.078; una estadística en la que se incluye el número reducido de personas que acuden temprano a los centros y a los que en algunos casos se les atiende, pero no se garantiza que se reciba a todo el mundo. Hay personas que incluso acuden varias veces hasta lograr una cita. Esta situación deja cada día una estampa de colas en las puertas ante la incertidumbre para estos usuarios de si podrán arreglar esos trámites entre los que se encuentran las pensiones, los permisos de paternidad o maternidad, entre otros tantos. 

“Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado”, es el mensaje histórico que se sigue repitiendo desde hace años en las pantallas de los ordenadores. El problema que denuncian los sindicatos es el mismo: la cita previa no se abre más que por unos días y se llena rápidamente. Los usuarios explican que normalmente esperan hasta la madrugada para que la web permita localizar alguna cita. Por medio del número de teléfono rara vez se consigue una respuesta y para las personas mayores o en situación de vulnerabilidad que no manejan los medios de comunicación telemáticos, hacer cola se ha convertido en una solución a la que solo pueden acceder unos pocos. “La ciudadanía no está pidiendo nada que no sea justo, quieren ser atendidos presencialmente”, resaltan desde los sindicatos. 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) elaboró en 2020 un estudio que mostraba que los costes son el principal problema para que las familias canarias con menos recursos puedan contar con un ordenador y conexión. Por ello, pide que se avance en reconocer Internet como “bien social no optativo”. El estudio reflejaba que el principal reto es superar la barrera de la “primera brecha digital” o acceso a los dispositivos y a la conexión para luego poder trabajar la formación.

En Santa Cruz de Tenerife la situación no es tan diferente. Fuentes sindicales de UGT señalan que hay días en los que desde las 7.00 de la mañana hay colas para ser atendidos y en media hora ya no hay cupo para nadie más. Además, apuntan que hay retrasos que son “alarmantes” en algunas áreas como en internacional, “prestaciones o solicitudes que se eternizan meses o años”. En esta provincia, UGT considera que uno de los grandes problemas que ha puesto en jaque a la Seguridad Social es la diferencia de personal con otras provincias que disponen del mismo número de población o inferior, ya que el número de expedientes está relacionado con la tasa de residentes. Desde el sindicato abogan por un reparto justo de plantilla y que se tenga en cuenta la realidad de Canarias, un territorio fragmentado y con alto porcentaje de pensionistas. 

Un problema enquistado

Los representantes sindicales de la provincia de Las Palmas pidieron hace meses en un escrito un cambio en la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social ante “la total falta de atención en materia de prestaciones sensibles”. En el escrito señalaban que “puede comprobarse a través de informes y estadísticas de la propia administración cómo existe una auténtica deriva de la gestión de la entidad, donde con los datos en la mano, así como con las continuas quejas que por parte de la ciudadanía se nos trasladan, esta situación ya se acumula en el tiempo y ha devenido insalvable”. 

En el documento añadían que “no hay acceso a la cita previa” y que “se expulsa de su derecho de ser atendida a la ciudadanía”. Además, se añade que “incluso después de realizar numerosos intentos por esta representación para que mejorara la gestión y la atención, nos vemos con resultados infructuosos”. Por ello, UGT y CCOO solicitaron el amparo de la subdelegación del Gobierno de Canarias instándole a la necesidad de contar con una “dirección renovada”. Los sindicatos afirman que no han recibido respuesta a la petición, que en un principio iba a ser estudiada. Desde Delegación del Gobierno tampoco han contestado a esta redacción sobre ello. Hace unos meses, desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social sí explicaron que esta administración ha experimentado en todo el Estado una fuerte reducción de personal en la última década. De hecho, dispone actualmente de una plantilla de alrededor de 25.000 personas; un 20% menos de la que contaba en el año 2011. Otro dato relevante es que un gran porcentaje de la plantilla se acerca a la edad de jubilación. Además, afirmaban que se está trabajando “con mucho empeño en paliar esta situación, pero su capacidad de acción es limitada” y se estudia la posibilidad de “incorporar soluciones temporales para intentar evitar mayor perjuicio a los ciudadanos”.

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