Noemí Santana asegura que el catálogo servicios sociales “será una realidad” en el plazo máximo de “un mes”

Comparecencia de la consejera de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias.

Efe

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La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha avanzado este viernes que en cuestión de “semanas, máximo un mes”, el catálogo de servicios y prestaciones de servicios sociales “será una realidad”.

Santana ha detallado en comisión parlamentaria, a preguntas de la diputada nacionalista Cristina Valido, que el catálogo ya pasó por cabildos y ayuntamientos, que lo han aprobado por unanimidad, con lo que queda un último paso: trasladarlo al Consejo Consultivo por la vía de urgencia.

Ha subrayado que una de las prioridades de su área ha sido que el catálogo “viera la luz” en la décima legislatura, que toca a su fin, pues “no queríamos que sucediera lo de la anterior ley, de 1987” en la que “nunca se desarrolló un catálogo”.

La consejera ha indicado que ha habido un largo proceso de consultas con todas las administraciones y entidades del tercer sector, en la búsqueda del “mayor consenso posible”, y que a la postre ha sido “significativo”, pues el Consejo General de Políticas Sociales lo aprobó por mayoría y sin ningún voto en contra.

Santana ha explicado que el proyecto de decreto para la aprobación del catálogo preveía una ficha financiera de en torno a 1.800 millones de euros para seis años, pero, a petición de la Consejería de Hacienda, se pidió duplicar dicho periodo, a lo que su departamento ha accedido siempre que haya un incremento anual de 55 millones.

Cristina Valido, del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), ha hecho hincapié en que el catálogo sigue sin haberse aprobado a pesar de haberlo “celebrado” el Gobierno en el pleno del Parlamento, pues ha insistido en que “sin ficha financiera no hay catálogo”.

Tras escuchar las explicaciones de la consejera, Valido le ha pedido “una copia”, en la que se refleje de forma pormenorizada “el coste de cada uno de los servicios y prestaciones” que deberán asumir los ayuntamientos, para poder hacer un análisis “con conocimiento de causa”.

“El aumento de prestaciones dependencia avala trabajo hecho en Canarias”

Santana también ha destacado que el aumento de las prestaciones económicas vinculadas al cuidado de personas dependientes es posible porque la Comisión Interterritorial de Dependencia “avala el trabajo hecho” en Canarias.

Ese incremento de las prestaciones, tanto en la prestación de servicios como en el cuidado en el entorno familiar, “no es cuestión de una varita mágica”, sino que es posible gracias a “los resultados que vamos obteniendo” en los diferentes parámetros.

Así pues, de percibir de las arcas estatales 11 millones, Canarias pasará a percibir más de 21 para la atención a la Dependencia, y no porque “el Ministerio vaya repartiendo -fondos- como caramelos en la cabalgata. Esto va en función de los datos”, ha aseverado.

Y ha añadido que Canarias, al entrar en el nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios, percibirá la parte proporcional de los 200 millones que repartirá el Gobierno central.

Ha calculado que en el caso de que no se sumen a ese acuerdo más comunidades de las que ya hay a Canarias le podrían corresponder unos 40 millones adicionales, lo que sería “brutal”, pues permitiría mejorar mucho la calidad de vida de nuestra gente“ y poner en marcha figuras como la atención personal, o seguir apostando por otras alternativas de asistencia no presencial.

En este punto, Noemí Santana ha avanzado que de aquí a final de año se firmará un contrato para incorporar 12.000 nuevas teleasistencias en Canarias. 

La consejera ve positiva su gestión, cuyo mayor “legado” es la renta de ciudadanía

Santana,considera que el balance de gestión de su departamento en estos cuatro años es positivo, pues “nos avalan los datos”, ha dicho, y ha añadido que su principal “legado” será la renta canaria de ciudadanía.

Visión diametralmente opuesta a la de la oposición, que juzga “preocupante” la situación en Canarias, a la cabeza en pobreza severa e infantil y a la cola en plazas residenciales, y con tiempos de espera por en Dependencia que duplican lo estipulado por ley, por lo que concluyen que esta ha sido “una legislatura perdida”.

En cambio, Noemí Santana ha recalcado en comisión parlamentaria que en estos cuatro años ha habido “enormes avances en derechos sociales e igualdad” a pesar de las dificultades que ha habido que afrontar, “que no han sido pocas”.

Ha recordado que en el debate de investidura de Ángel Víctor Torres avanzó que una vez finalizada la legislatura les podrían “criticar por muchas cosas, pero nunca” por falta de “ganas” y de trabajo, aunque ha admitido que toda gestión “es mejorable” y que le hubiera gustado “hacer más cosas”.

Ha puesto de relieve que los fondos con los que ha contado su Consejería han aumentado estos cuatro años un 45%, de 462 millones en 2019 a los 669 consignados para este ejercicio, y ha expresado sus dudas de que “esto, con otro gobierno de otro signo, hubiera sido posible”.

Santana ha destacado también la incorporación de 233 trabajadores para “sacar adelante expedientes, prestaciones y ayudas”, lo que ha permitido que “hoy por hoy haya en Canarias más personas protegidas”.

En este marzo se abonará la última nómina de la prestación canaria de inserción, que será sustituida por la renta canaria de ciudadanía, a 12.538 familias, frente a en torno 5.500 del inicio de legislatura y el mayor nivel de cobertura de los últimos 16 años.

Además, ha subrayado que las cuantías son mayores y tienen “más estabilidad”, y que las familias perceptoras con hijos a cargo perciben complementos y “no tienen el miedo y la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Eso en esta comunidad no pasa, mucho menos cuando entre en funcionamiento la renta de ciudadanía”, ha aseverado.

Noemí Santana ha insistido en que “el legado fundamental” que quería dejar a su paso por la Consejería, aunque su intención es repetir en la próxima legislatura, era garantizar a los canarios “el derecho a vivir con felicidad, con tranquilidad, que haya esa red de protección para toda nuestra gente” que supondrá la renta de ciudadanía.

Una prestación que “no es una paguita, un regalo, un sueldito de Nescafé para toda la vida, sino un derecho reconocido por ley y por nuestro Estatuto de Autonomía”, ha proclamado, y de la misma forma que “nadie cuestiona cuando una persona que necesita un médico sea tratada” tampoco se debe hacer con la renta, pues se trata, ha dicho, “de garantizar derechos sociales, no de beneficencia”.

Cree la consejera que la décima legislatura será también “recordada” porque es la primera vez que se abona un complemento a los perceptores de pensiones contributivas, “algo de lo que se viene hablando desde los años 90”.

Santana ha dicho que en su departamento se sienten “especialmente orgullosas” en materia de Dependencia, porque cada vez se está “llegando a más gente” y porque “no hay parámetro alguno donde no hayamos mejorado respecto a la legislatura anterior”.

Algo que ha atribuido a “las ganas, la voluntad y la cabezonería” de su equipo y también al respaldo presupuestario del Ministerio de Derechos Sociales, una “suerte” que, “a lo mejor”, no tuvieron sus predecesoras.

La consejera ha avanzado que su departamento está ultimando una línea de subvenciones no competitivas por una cuantía de 20,7 millones de euros, con cargo a fondos europeos, para que los ayuntamientos puedan contratar a trabajadores y trabajadoras sociales.

Y ha recordado que en estos cuatro años se han duplicado los fondos del plan concertado con los ayuntamientos, al pasar de 20 millones a 41,7.

La consejera ha destacado igualmente que se han triplicado los fondos para las entidades del tercer sector, y ha avanzado que en las próximas semanas trasladarán una propuesta a los cabildos para cofinanciar el aumento del coste de cada plaza por la inflación.

Aunque la “ambición” del Gobierno, ha dicho, es saldar “la deuda histórica” con las entidades del tercer sector en el ámbito sociosanitario y de la discapacidad y “cubrir el 100%” de los costes para que las familias no tengan que cofinanciar las plazas; un compromiso que ha adquirido si repite en la consejería en la próxima legislatura.

Cristina Valido, del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), ha replicado a la consejera que “solo faltaría” que en estos cuatro años, “que no negamos que han sido complicados”, “no se hubieran mejorado las cosas” cuando su departamento ha contado con “muchísimo más dinero”, se han recuperado las tasas de reposición y se ha abierto la opción de “resolver cuestiones” mediante decretos ley que antes requerían “tramitaciones de años”.

Sin embargo, ha indicado que la Ley de Servicios Sociales “casi no se ha desarrollado”, pues el catálogo de prestaciones y servicios de derechos sociales “aún no se ha aprobado”, y ha criticado que concluirá la legislatura sin leyes del tercer sector, de la infancia y adolescencia y de atención a la inmigración.

También ha hecho énfasis en que la pobreza infantil ha aumentado en Canarias en 13,9 puntos en estos cuatro años y la pobreza severa, un 16,8%, ha significado las advertencias lanzadas desde entidades como Cáritas de que están “al límite” y ha reprobado la falta de ejecución en materia de infraestructuras sociosanitarias.

Valido confía en que en estos cuatro años Noemí Santana y su equipo hayan “aterrizado en la humildad”, y descubierto que “las cosas no son tan fáciles como esperaban o tan sencillas de resolver como parecía desde la oposición”, cuando ella encabezaba la Consejería.

Poli Suárez, del grupo Popular, ha indicado que la situación en Canarias “no puede ser más preocupante” por las cifras de pobreza severa, uno de cada seis canarios, de situación de riesgo de exclusión social y de personas con dificultar para llegar a fin de mes, un 70% de la población.

También ha afeado a la consejera la cifra de más de 17.000 personas “esperando por una respuesta” en materia de Dependencia y tiempos de espera de 15 meses; las “listas de la vergüenza” de espera para el acceso a un centro ocupacional o las casi 500 personas mayores con alta en los hospitales por falta de plazas residenciales.

Datos todos ellos que “no son para sacar pecho ni tirar voladores”, sino que le “sacan los colores a esa gestión de la que tanto presume” la consejera, ha dicho Suárez.

Vidina Espino, del grupo Mixto, ha proclamado que uno de los objetivos del 'Pacto de las flores' era “erradicar la pobreza” o al menos mejorar las cifras, y “no se ha cumplido”, y que no le vale el argumento recurrente de que se trata de un problema estructural.

Espino se ha preguntado por qué en Canarias son rechazadas ocho de cada diez solicitudes del ingreso mínimo vital y “qué está fallando”, cuando País Vasco tiene una mayor cobertura si su tasa de pobreza es “mucho menor”, y ha insistido en que la renta de inserción pone “muchos impedimentos” y propiciará que “muchas familias” no puedan acceder a la misma.

Los grupos que apoyan al Gobierno han felicitado a la consejera por su gestión, que ha posibilitado dar “un paso de gigante en políticas sociales y en violencia de género”, según ha recalcado la socialista Lucía Olga Tejera.

María del Río (Sí Podemos Canarias) ha expresado su “orgullo” y agradecimiento a todo el equipo de la Consejería de Derechos Sociales, ya que “el tiempo dirá el nivel que tienen y todo lo que ha significado esta legislatura”, que supondrá “un antes y un después”.

Melodie Mendoza, de ASG, ha opinado que en estos cuatro años ha habido “un cambio positivo” en materia de políticas sociales en Canarias, con una mejora en todas las áreas que gestiona Santana, y aunque queden “muchas cosas pendientes no se puede negar el progreso” que ha habido a pesar de las “grandes dificultades” que han “cambiado forzosamente el ritmo y las prioridades” del arranque de la legislatura.

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