Las ONG piden al Gobierno canario cumplir con su compromiso de devolver la sanidad universal a los inmigrantes

Las seis organizaciones no gubernamentales integradas en la Coalición por el Derecho a la Salud han recordado este miércoles al Gobierno canario que aún no ha adoptado las medidas a las que se comprometió para devolver a los inmigrantes el acceso universal a la asistencia sanitaria.

En un comunicado conjunto emitido con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, estas organizaciones califican de “parches” las órdenes emitidas por el Gobierno canario, pues las medidas adoptadas “han resultado ser un subsistema paralelo para pobres, que no cumple con las exigencias del acceso universal de la sanidad pública”.

La coalición recuerda que la Consejería de Sanidad de Canarias se comprometió políticamente a devolver el acceso universal a la sanidad.

El colectivo de profesionales Yo Sí Atiendo, Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Médicos del Mundo afirman que siguen recopilando casos en Canarias de personas que no pueden acceder al sistema sanitario y no reciben ningún tipo de alternativa a esta situación.

Manifiestan que ello es consecuencia de la exclusión sanitaria propiciada por el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno central y de “las sucesivas normas del Gobierno de Canarias que han estado intentando sin conseguirlo, paliar la situación”.

Según estas organizaciones, reciben demandas de información sobre el derecho a recibir algún tipo de asistencia sanitaria, pues desde la entrada en vigor de la orden canaria del 10 de diciembre de 2015, que modificó las actuaciones en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria, para extranjeros sin recursos, no ha habido campañas para explicar a la población cómo acceder al sistema sanitario.

Además, sostienen que esta “desinformación” afecta también al personal de administración que hace que incluso las excepciones protegidas por el real decreto “sean vulneradas” (en relación a la obligatoriedad de atender a embarazadas, menores de 18 años y urgencias).

Así mismo, exponen que siguen recibiendo casos de inmigrantes situación con residencia legal por reagrupación familiar con graves patologías que no pueden ser atendidos por el servicio público de salud, “quedando en un laberinto jurídico y legal al que nadie ofrece una salida”.

Las organizaciones también denuncian que atienden casos de procesos de facturación generados después de la atención de urgencias.

La Coalición subraya que la “salud no es un lujo”, sino un derecho, y además los derechos humanos establecen que los gobiernos tienen la obligación de respetarlo para todas las personas que habitan en su territorio y garantizar el igual acceso a los servicios de salud, preventivos, curativos o paliativos.