¿Quién debe pagar los 880.000 euros por evitar el macromuelle de Agaete?

La decisión del Gobierno de Canarias de paralizar la obra de ampliación del muelle de Agaete, en Gran Canaria, traerá consigo una indemnización a la UTE a la que se le adjudicó el proyecto: tendrá que pagar 880.000 euros por una infraestructura que nunca se llevará cabo, el 2% del coste total (más de 40 millones de euros). Un mal menor, pero aún hay abierta una alternativa que pasa por la vía judicial: que sean los responsables de la adjudicación quienes paguen a las empresas, es decir, el consejo de administración de Puertos Canarios, en ese entonces formado por, entre otros, Pablo Rodriguez (presidente, de Coalición Canaria), el vicepresidente, Onán Cruz, o el director gerente, Manuel Ortega.

El proceso seguido hasta ahora para la resolución del contrato de la obra de ampliación del muelle de Agaete lleva a dar un plazo a la UTE, formada por Hermanos García Álamo y SATO Trabajos y Obras, para que presente las alegaciones que considere oportunas y, si está en desacuerdo con la cantidad estipulada, el Gobierno regional deberá remitir el expediente al Consejo Consultivo para que establezca un dictamen en un plazo máximo de 8 meses.

Sin embargo, la plataforma Salvar Agaete ha anunciado que con la paralización de la obra no se acaba la batalla y continúa con la vía legal en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde Ben Magec mantiene viva una demanda reclamando la nulidad de pleno derecho de la orden de aprobación del proyecto de ampliación del Puerto de Las Nieves.

“Exigiremos responsabilidades políticas contra aquellos que no gestionaron con eficacia, eficiencia y transparencia los recursos públicos”, afirman desde el colectivo, que recuerda que el presupuesto de la obra “no es real, es una estimación de Coalición Canaria” porque la Unión Europea no tenia partidas consignadas para llevarla a cabo.

El escrito de demanda se centra en señalar que existe una infracción del principio de jerarquía normativa porque, cuando se adjudica la ampliación del muelle de Agaete, la obra no estaba amparada jurídicamente en el Plan Insular de Ordenación, un instrumento necesario para llevarlo a cabo. Con ello se busca “paralizar definitivamente” la obra, según explica Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec.

Esperar a la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo

Una vez resuelva el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, “si se ve que ha habido una falta administrativa se podrá ir por lo penal y solo así podrá haber responsabilidad institucional”, dice Reyes, aunque reconoce que es una “batalla bastante complicada”, porque “las administraciones públicas actúan de forma subsidiaria ante las negligencias de un funcionario”, pero “hay que darla”.

El abogado Javier Díaz-Reixa detalla que “hay una cosa que se llama la presunción de legalidad de los actos administrativos. Se presume que la Administración sirve con objetividad a los intereses generales y se atiene a la ley y al derecho. Mientras no se pruebe que esa actuación fue ilegal, es muy aventurado levantar expectativas falsas” y decir que los miembros del consejo de administración de Puertos Canarios “incurrieron en una irresponsabilidad”.

Borja Monreal, de la plataforma Salvar Agaete, ve “muy difícil” que se dé esta situación porque el presidente de Puertos Canarios en ese entonces, Pablo Rodríguez, adjudicó la obra en junio de 2018, pero nunca llegó a firmar un acta de replanteo para que comenzaran las actuaciones.

Rodríguez, también vicepresidente en el Ejecutivo que presidía Fernando Clavijo y consejero de Obras Públicas, defendió esta obra durante la legislatura amparándose principalmente en aspectos socioeconómicos e incluso medioambientales (y en una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), que fueron desmontados hasta la paralización que ha llevado a cabo el actual Ejecutivo regional del pacto cuatripartito.

La Comisión Europea confirmó que ese proyecto no había sido seleccionado formalmente para la financiación con cargo al FEDER; la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Dirección General de Medio Ambiente concluyeron que no cumplía con todos los requisitos de la declaración de impacto ambiental que justificara la ampliación. Y más de 100.000 personas salieron a la calle para mostrar rechazo a la obra. En diciembre de 2019, el Gobierno de Canarias acordó suspender la declaración de especial interés para la ampliación del muelle de Agaete y en enero de este año, el consejo de administración aprobó por unanimidad suspender el contrato del proyecto.

A pesar de todo ello, Monreal añade que existen “pocas posibilidades” para evitar que el Ejecutivo regional desembolse casi 1 millón de euros porque Rodríguez no firmó el acta de replanteo. De hacerlo, “habría aceptado que los informes eran correctos” y podría haber incurrido en un presunto delito de “prevaricación”. Aún así, mantiene que irán a la vía penal, pero, en cualquier caso, que el Gobierno de Canarias deba pagar 880.000 euros “es un mal menor”, concluye.

Puertos Canarios ha dicho a este periódico que, por ahora, seguirá adelante con el procedimiento establecido.