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La Policía Canaria aviva la lucha por sus derechos: una mejor gestión y procesos más transparentes, entre las reivindicaciones

Concentración de agentes de la Policía Canaria el pasado mes de julio frente a Presidencia del Gobierno.

Jennifer Jiménez

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La mayoría de sindicatos del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) volverán a secundar este mes de septiembre una concentración. En este caso se había solicitado que fuera a las puertas del Parlamento de Canaria, en Tenerife, pero finalmente se celebrará en la calle Pérez Galdós según la contestación de la Subdelegación del Gobierno. Con esta concentración pretenden reclamar una mejor gestión en el cuerpo y procesos más transparentes, “que estén regulados” y que no se realicen “de forma arbitraria”, apunta el portavoz de UGT en el cuerpo, Héctor Romero, que reclama que se reactive la negociación y el diálogo con los sindicatos. “La situación es insostenible”, afirma. Será la segunda vez que parte del colectivo se manifieste este verano, ya que el pasado mes de julio también lo hicieron frente a la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Transparencia, dignidad y trabajo policial y Basta ya de arbitrariedad, no a la policía de afinidad, fueron algunos de los lemas. 

El representante de UGT afirma que se están tomando muchas decisiones por “arbitrariedad” en cuanto a destinos, cambios de unidades o ascensos; que debería estar regulado de acuerdo a la igualdad, mérito y capacidad. Además, insiste en que se ha perdido el contacto desde las instancias superiores con la mayoría de sindicatos, con lo cual es imposible negociar. 

Aunque la reivindicación principal es una mejora en la gestión y procesos más transparentes, el portavoz del sindicato Co.bas, Abraham Catalina, también recuerda que el cuerpo ha quedado atrás en la conquista de derechos que sí han recuperado otros empleados públicos. Por ejemplo, destaca la jubilación anticipada o la jornada de 35 horas semanales, para la que afirma que no ha habido ánimo de sentar las bases para buscar la fórmula para conseguir esos objetivos y, mientras tanto, siguen realizando 37 horas y media. Héctor Romero añade en este punto que estos temas han quedado atascados precisamente por la ausencia de negociación. 

Desde Co.bas también indican otras cuestiones que han quedado atrás como la conciliación familiar, así como las irregularidades en los últimos procesos selectivos, para las que el sindicato llegó incluso a solicitar en el mes de marzo un tribunal calificador externo para acabar con las “dudas”. En el último proceso selectivo, por ejemplo, quedó anulada la prueba de inglés. La decisión se fundamentó en la similitud del texto de la prueba con otro texto del que disponía una academia privada de formación de opositores. Además, en las oposiciones de 2019, tres aspirantes fueron excluidos tras pasar el reconocimiento por llevar tatuajes. La Justicia les ha dado la razón a todos ya que no se ha probado que esos tatuajes sean visibles. 

“No pedimos incremento salarial, ni mejora de nuestras condiciones”

“No pedimos incremento salarial, ni mejora de nuestras condiciones”, aclara Héctor Romero, que asegura que lo que reclaman es que el modelo de gestión cambie. Opina que esto es lo principal y añade que en su caso y el de otro compañero se encontraban prestando sus servicios en una unidad por la que recibían un complemento y el 29 de junio les avisaron de que el día 1 de julio pasarían a otra unidad, lo que ha supuesto un auténtico trastoque de planes, de cuadrantes, horarios, turnos de fines de semana, con muy poca antelación. Lo cita como ejemplo de lo que considera una mala gestión. 

No obstante, tanto él como Abraham Catalina recuerdan que no es la única deficiencia ya que los vehículos de los que disponen para los servicios, por ejemplo, son del año 2008 y hay ocasiones en las que aseguran que utilizan de alquiler. Además, añaden que hay carencias de uniforme entre otras cuestiones. 

Intersindical Canaria (IC) y Unión General de Trabajadores (UGT) también participó en la última concentración del cuerpo, en el mes de julio. CCOO, sin embargo, se desmarcó de la misma. Según recogió entonces Europa Press, el presidente provincial de CSIF en Las Palmas, Armando Martín, aclaró que no piden subidas salariales, sino “condiciones óptimas”, solicitando para el cuerpo autonómico los derechos que tiene “cualquier empleado público a nivel nacional”. Por su parte, el delegado de Intersindical Canaria por el Cuerpo General de la Policía Canaria, Josué Vera, añadió que los trabajadores son “empleados públicos de segunda”, destacando que en el organismo faltan “derechos” y “profesionalidad”, así como la carencia de carrera profesional.

La próxima concentración ha sido solicitada al Ministerio para el próximo 14 de septiembre de 10.00 a 12.00 de la mañana enfrente del Parlamento de Canarias, en la calle Teobaldo Power, en Tenerife. Según el escrito registrado, se ha pedido permiso para la concentración de unas 70 personas ya que cuando se realizó la manifestación en Gran Canaria en el mes de julio, Tenerife se encontraba en alerta 4 por alerta sanitaria y los agentes de esa isla interesados en asistir no pudieron sumarse. Por ello, solicitaron esta nueva concentración cuyo objetivo, detallan, es el de “protesta por la mala gestión de la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias”. La Consejería del área, de momento, no se ha pronunciado sobre este asunto. 

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