Sanitarias con contratos temporales acusan al Servicio Canario de la Salud de discriminar a embarazadas
Especialistas y facultativas que trabajan para el Servicio Canario de Salud (SCS) han denunciado lo que han asegurado es una “práctica generalizada” de discriminación por embarazo a aquellas mujeres que no cuentan con plaza fija o de interinidad.
A través de las redes sociales de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias, varias mujeres médicas han relatado la situación que han vivido durante sus embarazos, que en muchas ocasiones han tenido que “ocultar” durante algunos meses para poder prorrogar sus contratos y no quedarse en paro antes de tiempo.
Macarena González Cruz, especialista en Oncohematología Pediátrica, cuenta que en su caso sufrió discriminación en dos ocasiones, durante sus dos embarazos, en los que denuncia, al igual que otras compañeras, que la no renovación del contrato por estar embarazadas o recién paridas lleva aparejada la pérdida de derechos como la antigüedad.
Discriminación respecto a compañeros
“En comparación con mis compañeros hombres que entraron en la misma fecha que yo, al tener interrupciones de más de tres meses pierdo carrera profesional porque son meses que no computan para la antigüedad, que no cotizan... Eso es perder bastante dinero en comparación con los hombres”, lamenta González Cruz.
También resalta que durante ese tiempo se pierde también poder adquisitivo por la imposibilidad de realizar guardias, que suponen el 30 % del sueldo de un médico.
González Cruz, que fue contratada en 2010 y siempre realizó la misma labor, pese a que encadenaba contratos cada tres meses, solo ha sufrido dos interrupciones en su relación laboral con el Servicio Canario de Salud, ambas por su embarazo.
Pérdida de derechos
La primera vez no pudo seguir trabajando por motivos de salud y riesgo vinculados a su situación. Sin embargo, pese a ello, para poder trabajar, se incorporó tras solo tres meses y medio de dar a luz, lo que le obligó a perder las horas de lactancia y su mes de vacaciones.
En el segundo embarazo intentó ocultarlo para encadenar un último contrato antes del parto, pero su situación de riesgo le obligó a coger la baja a las 24 semanas.
A ella, asevera, le negaron el derecho a la lactancia y en sus turnos de trabajo debía realizar guardias, pese a su situación.
“Me pegaba 24 horas trabajando. Tenía derecho a lactar y no lo sabía, y me tenía que esconder, prácticamente. El pecho se me hinchaba y no podía lactar”, expone González Cruz, a la que en ese momento una abogada a la que consultó le dijo que era una situación “lamentable”, ya que “ni siquiera” le guardaron las vacaciones entre un contrato y otro.
Preguntada por si se plantean como colectivo tomar medidas judiciales señala que sí, que lo están estudiando porque se han dado cuenta de que es una situación que se da en “muchos servicios”, que es “generalizada” y que, aunque ya no les vaya a servir a ellas, “servirá para las que vengan detrás”.
En su opinión, se trata de una situación que el Servicio Canario de Salud “podría haber solucionado por un poquito de buena voluntad”, concluye.
En la denuncia a través de redes, otra médica especialista en Otorrinolaringología, Alicia Pérez, a la que al principio contrataban cada quince días o un mes, cuenta que se quedó embarazada en 2012 y paró de trabajar a los ocho meses de gestación.
Pese a que le dijeron que seguirían contando con ella tras el embarazo, “no fue así” y tuvo que irse a trabajar a la sanidad concertada.
Luego, en 2016, tuvo un embarazo de alto riesgo, y tras encadenar bajas y terminar el contrato, acabó perdiendo las semanas de lactancia, las vacaciones y sufriendo, a su juicio, discriminación respecto a otros compañeros.
Según ha dicho, a su vuelta le ofrecieron un contrato de siete meses mientras que a otro médico de su servicio con solo tres meses de antigüedad, asegura, le ofrecieron un contrato de un año entero.
“Se lo comenté a mi jefe de servicio y dijo que daba igual ser temporal o interina porque siempre renuevan, algo que no es cierto”, señala Pérez, que apunta que además de la pérdida de ciertos derechos laborales como la baja por maternidad o las horas de lactancia, esa situación también repercute en otras cuestiones, como a la hora de pedir una hipoteca.
Falta de estabilidad laboral
Por su parte, Isabel Gara, cirujana plástica del Hospital Universitario de Canarias, cuenta que ha estado 13 años trabajando sin plaza en propiedad y critica la “precariedad laboral en la que están inmersas las mujeres que se quedan embarazadas”.
“Durante mi primer embarazo lo oculté durante tres meses hasta firmar el nuevo contrato por miedo a quedarme en la calle, como le había ocurrido a otras compañeras”, expresa Gara, que añade que cuando tenía que hacer cirugías con rayos le decía a otra compañera “en secreto” que la sustituyera.
“Solo queremos estabilidad laboral para hacer nuestro trabajo tranquilamente y que este tipo de situaciones no sucedan”, concluye.
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