El Supremo abre la vía al derribo de los dúplex de Hoya Pozuelo
El último escollo legal para mantener congelada la orden de derribo de una veintena de dúplex de Hoya Pozuelo, en la costa de Telde (Gran Canaria), ha caído por medio de una sentencia del Tribunal Supremo. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso acaba de rechazar el recurso presentado por el promotor inmobiliario Jaime Cortezo, contra una sentencia de la Audiencia Nacional que en marzo de 2010 se opuso también a que desde el Ministerio de Medio Ambiente se realizara un nuevo deslinde marítimo terrestre.
En 2007, el Gobierno de España declaró improcedente investigar si el deslinde de la costa llevado a cabo en 1985 partía de parámetros equivocados, como mediciones de oleajes de la costa de Alicante aplicadas a la de Telde. El recurso rechazado ahora en firme, según ha adelantado Canarias7, pretendía precisamente una nueva medición del deslinde, con el cual el promotor inmobiliario y propietario de medios de comunicación pretendía legalizar la veintena de dúplex afectados por la invasión del dominio público.
El Supremo cierra, de esta manera, la vía contenciosa abierta por la promotora de Cortezo Massieu y deja en manos del Gobierno de Canarias el desbloqueo de la orden de derribo de las viviendas, cuyos propietarios han llevado al empresario a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de estafa, así como a su esposa, Elena del Castillo, y a una colaboradora de la empresa familiar, Juan Rosa Fuentes Suárez.
El proceso penal ya se encuentra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, después de una larga y complicada investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que en un primer momento archivó la causa y después, por orden de la propio Audiencia, siguió adelante hasta convertir el caso un procedimiento abreviado pendiente ahora de nuevos peritajes solicitados en el primer día del juicio oral.
Desde el 8 de abril pasado, cuando se iban a sentar en el banquillo Cortezo, su esposa y su empleada, la causa está pendiente de resolver cuestiones procesales, como son la admisión de pruebas que fueron rechazadas por magistrados diferentes a los que finalmente han formado el tribunal, José Luis Goizueta, Nicolás Acosta y Laura Mirault, pero también por la petición de expresa de una parte de los afectados denunciantes de incorporar al proceso al Ayuntamiento de Telde como responsable civil subsidiario, así como a la Agencia de Protección del Medio (APMUN) del Gobierno canario, que permitieron levantar los dúplex.
La decisión de estos denunciantes retrasaría el juicio oral definitivo en al menos un año, con lo que hasta la primavera próxima no se espera su inicio. Responde también al hecho de que el propio Jaime Cortezo se ha declarado insolvente ante el juzgado instructor, a la hora de depositar una fianza de casi cinco millones de euros para responder en caso de condena.
