El Defensor del Pueblo detecta tres agresiones sexuales a niñas en el centro Valvanera de Logroño

El Defensor del Pueblo ha recogido en dos recientes informes que entre 2022 y 2025 se abrieron tres expedientes por violencia sexual a niñas ocurridas en las propias instalaciones del Centro Educativo Virgen de Valvanera, destinado a menores con medidas judiciales. El informe se ha elaborado tras una inspección, con un enfoque de género específico, que se desarrolló los días 8, 9 y 10 de julio de 2025.

Según la información que ha adelantado El Día de La Rioja y se extrae del informe del Defensor del Pueblo consultado por Rioja2, en el centro existe una desprotección de las menores, además de falta de formación específica de violencia de género a los trabajadores y de protocolos de comunicación y denuncia para las víctimas.

Otro de los puntos más graves señalados por la institución que lidera Ángel Gabilondo es la situación de especial vulnerabilidad que sufren las menores con discapacidad. Durante la visita, se informó de la posible discapacidad de dos de las niñas, aunque se mantenía “pendiente de detección”. El Defensor del Pueblo advierte de que esta falta de diagnóstico formal supone una grave negligencia, ya que la discapacidad es un factor de riesgo crítico para sufrir agresiones sexuales o violencia de género. Como prueba, el informe confirma que una de las menores de las que se sospecha discapacidad fue víctima de una de las agresiones sexuales ocurridas en el centro.

La inspección ha puesto de manifiesto la preocupante falta de formación de la plantilla. A pesar de la obligatoriedad legal, se ha constatado que entre 2023 y 2025 no se realizó formación alguna en materia de discapacidad, y que el personal, incluido el equipo de psicología, carece de formación especializada en violencia de género y violencias sexuales. Esta carencia formativa se traduce en una incapacidad para detectar precozmente situaciones de abuso.

A ello se suma la falta de información a las menores de la posibilidad de comunicar situaciones de violencia. En concreto, los dosieres de ingreso no recogen información obligatoria en estos centros referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las administraciones públicas y aplicados en el centro. “Resulta esencial que se recojan específicamente mecanismos de comunicación sencillos, adaptados, seguros y confidenciales para informar, tal y como recoge el artículo 17 de la citada Ley, a fin de evitar el riesgo de sufrir represalias, pues la violencia puede ser realizada por personal del centro”, dice el informe del Defensor del Pueblo, que constata que ni los menores ni la comunidad educativa conocen los protocolos.

El análisis también señala que en los años 2023 y 2024, las niñas recibieron proporcionalmente más sujeciones mecánicas y contenciones que los niños, intervenciones en las que además participaron hombre. El protocolo de contenciones del centro no contempla la idiosincrasia física y psíquica de las menores, como su anatomía o posibles historias previas de agresión. Se constata queja por lesión por parte de una menor tras una contención, que se recoge en parte médico. El informe considera una respuesta del centro menos ajustada a las necesidades reales de las niñas respecto de los niños.

Otro informe técnico sobre la misma visita añade deficiencias en las condiciones de habitabilidad y régimen disciplinario. Se ha detectado el uso de habitaciones denominadas “análogas” que carecen de sistemas de intercomunicación o llamadores, lo que supone un riesgo en situaciones de emergencia. También se ha denunciado el uso de habitaciones de aislamiento para menores recién ingresados y la persistencia de colchones sucios y deteriorados en las instalaciones. En el ámbito disciplinario, el Defensor ha solicitado el cese de las sanciones por conductas autolesivas, exigiendo en su lugar un abordaje preventivo y terapéutico.

Finalmente, el Defensor del pueblo ha formulado una una serie de recomendaciones de obligado cumplimiento para la dirección del centro y la administración riojana, que incluyen la respuesta al trato de la discapacidad con enfoque de género, la elaboración de protocolos de detección, actuación y derivación de violencia de género y sexual, refuerzo de medidas de educación afectivo-sexual y que la rehabilitación de los menores que cumplan medida por delito contra la libertad sexual se implemente por profesionales especializados y cuente con mecanismos de evaluación y seguimiento.