Todo emana del trumpismo

Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.