Viaja a Madrid con un embarazo de alto riesgo y ocho meses de gestación para recibir la atención hospitalaria que se le negaba en Lanzarote

Salir de Lanzarote, la isla en la que reside, ha sido la opción a la que se ha visto abocada una mujer con un embarazo de alto riesgo durante el octavo mes de gestación para poder recibir la asistencia hospitalaria inmediata y continuada que, a juicio de su ginecólogo, requiere debido a la disminución del líquido amniótico en la bolsa de uno de los gemelos que espera, una situación clínica que puede afectar al bienestar del bebé y hacer necesario programar una cesárea. La pasada semana compró “angustiada” un billete para viajar en el primer vuelo disponible hacia Madrid tras comprobar que no había ninguna alternativa en la isla para llevar ese control periódico.

La afectada es una funcionaria afiliada a la Mutualidad General Judicial. Tiene 39 años, un embarazo gemelar “bicorial biamniótico” (dos placentas y dos bolsas) y padece diabetes gestacional. Su compañía aseguradora, Mapfre, solo tiene convenio para prestar este tipo de atención en la isla con el hospital público (José Molina Orosa de Arrecife) y, ante la imposibilidad de asistirla con sus propios medios, emitió dos talones dirigidos al Servicio Canario de Salud (SCS) en los que asumía los gastos de la consulta de revisión y de una eventual cesárea programada en ese complejo. Además, se comprometía a hacerse cargo de cualquier otro coste sanitario que precisase para “llevar la gestación a término con tranquilidad”.

Sin embargo, desde el área de Atención al Paciente del centro público se han negado a concertar esas citas médicas de seguimiento en la unidad de Obstetricia con el argumento de que la gestante no se encuentra dentro del sistema de la Seguridad Social y que, por tanto, la única asistencia que se le puede dispensar es la de urgencias, incluyendo el parto. 

Tras una última negativa, el pasado jueves, y el temor a que la situación pudiera complicarse y que la falta de asistencia causara un “perjuicio irreparable” al bebé, la mujer decidió trasladarse a Madrid, donde permanece ingresada desde el viernes en un centro hospitalario, con control permanente. Los gastos corren a cargo del seguro. La afectada ha presentado una reclamación contra la administración pública canaria, tal y como le sugirieron en una de sus últimas llamadas, y no descarta acudir a los juzgados, incluso a la vía penal, por los daños y perjuicios que esta actuación le ha ocasionado. El gerente del Hospital General de Lanzarote ha preferido no hacer declaraciones respecto a este asunto, pero fuentes del complejo afirman que la dirección está recabando información sobre la sucesión de hechos.

Según relata la afectada en su escrito, fue el martes de la semana pasada cuando, en una revisión rutinaria, su ginecólogo le advirtió de que uno de los bebés “se había quedado atrás” en el crecimiento y la bolsa estaba perdiendo líquido amniótico, lo que hacía necesario un control hospitalario periódico por riesgo “inminente”. La remitió a las urgencias del José Molina Orosa, donde le confirmaron ese diagnóstico tras realizarle una ecografía y mantenerla monitorizada durante una hora. La mujer cuenta que la doctora que la atendió en este servicio le informó de que sería citada en menos de una semana en el área de Obstetricia para ver cómo evolucionaba, instándole a volver a urgencias si esa consulta se retrasaba. 

Ese mismo día recibió la llamada del servicio de Atención al Paciente del hospital para comunicarle que no podían programar una cita para esa consulta de control previo al parto porque no estaba dentro del sistema de la Seguridad Social y que, en contra del criterio de la doctora que la había atendido por la mañana, solo podía recibir asistencia en caso de que se desencadenara una urgencia. A pesar de que la mujer les explicó que contaba con una autorización de su entidad aseguradora para garantizar el pago de esa prestación y que cursaría cualquier otra que fuera necesaria, desde el complejo público lanzaroteño le contestaron que no se trataba de una cuestión económica y la invitaron “no muy educadamente” a buscar una solución por su cuenta. 

“Se desentendieron del problema y me dejaron desprotegida sanitariamente en la isla”, denuncia la funcionaria. En su escrito, expone los casos de tres personas (compañeros de trabajo o familiares de compañeros) que también son afiliados a la mutua y que sí fueron atendidos “en condiciones parecidas” (en algunos casos con citas de seguimiento previo al parto) e, incluso, “menos urgentes” sin ninguna objeción por parte de la administración. 

La gestante afirma que, por recomendación de su ginecólogo y debido al riesgo que entrañaba su embarazo y a la posibilidad de que hubiera que programar una cesárea, se puso en contacto con la aseguradora por primera vez hace algo más de un mes para ir “adelantando los trámites administrativos”. Cuenta que desde la entidad le informaron de que tenían un convenio con el Hospital General de Lanzarote que estipulaba que, “en caso necesario”, el control previo al parto, además del alumbramiento, sería sufragado por Mapfre, pero realizado en el complejo público. De ahí que emitieran esos dos talones de autorización que incorporó a la reclamación.

La definitiva salida a Madrid se precipitó el pasado jueves, después de que su ginecólogo le volviera a advertir, en un nuevo control ecográfico, que uno de los bebés tenía “muy reducido” el líquido amniótico y que era necesario un control hospitalario continuo que en esa consulta no se podía desarrollar porque no dispone de los recursos requeridos para ello. El profesional sanitario remarcó que cuando en una monitorización se observa que el niño “no se encuentra confortable” se debe programar una cesárea. “Sin tiempo” para esperar por la respuesta a la reclamación presentada tras la última llamada -y la última negativa- del pasado jueves, la mujer se vio abocada, en la semana 33 de gestación “y con la situación actual” de pandemia por la COVID-19, a comprar un billete y volar a Madrid. 

La afectada ha querido dar a conocer su caso públicamente, aunque sin revelar su identidad, porque teme que esta situación le pueda estar ocurriendo a personas más vulnerables, que no dispongan de los medios necesarios para trasladarse a otro lugar a recibir esta atención. Quiere dejar claro que la reclamación no se dirige contra los profesionales del servicio ginecológico del hospital público, que le prestaron un trato “inmediato y excelente” cuando acudió a las urgencias, sino contra la administración que le niega, en su opinión de forma injustificada, la asistencia sanitaria. 

Desde la entidad aseguradora, Mapfre, indican que hasta la fecha no había habido ningún problema con las autorizaciones de asistencia al parto en el Hospital General de Lanzarote para mujeres afiliadas a la mutualidad de la administración de Justicia y desconocen qué ha podido ocurrir en este caso.