Solo 400 euros de multa al Cabildo de Tenerife por los vertidos que obligaron a 'cerrar' Playa Jardín un año

Casi un año desaconsejándose el baño en la principal cala de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, motor económico del norte de Tenerife, y las sanciones que se le impone al Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo tinerfeño, parecen casi una multa menor de tráfico contra cualquier hijo de vecino que puede rebajarse el 50% si se paga con anticipación y no se recurre. Pero es que, encima, el órgano con más competencias en la calidad del agua que se vierte al mar ha recurrido las dos multas tramitadas contra su gestión por un total de 200 euros cada una impuestas por la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias al entender que están mal fundamentadas y que tampoco incumplió uno de los diez condicionantes que se le impuso respecto a la calidad del agua en Playa Jardín.

Esta zona de baño, en realidad, cuenta con tres calas: la del Castillo, El Charcón (o del Medio) y Punta Brava (o María Jiménez). Esta última es la de mejor arena, dimensiones y más cercana a los vertidos que han propiciado una plataforma vecinal, perjudicado la economía de las empresas de este célebre barrio portuense, soliviantado a sus vecinos y contrariado a muchos usuarios desde julio de 2024 hasta mediados de junio pasado, cuando ya no se desaconseja el baño porque se concatenaron 16 analíticas con índices correctos, si bien muchos turistas y algunos “local’s” siguieron bañándose sin muchos complejos.

Lo más llamativo de estas dos sanciones es que, pese a que existen informes de Salud Pública que ya advierten de la baja calidad del agua en Playa Jardín desde febrero de 2022 (con réplica en abril de ese mismo año) y peticiones de actuaciones al consistorio (que el PSOE dice que nunca les comunicaron los ediles de ACP, su socio hasta la censura de agosto de 2024), la Agencia del Medio, a instancia de la consejería de Transición Ecológica (PP), no actuó contra el Consejo Insular de Aguas hasta finales del año pasado (por “incumplimiento de la autorización de vertido al mar del emisario de Punta Brava”), cuando ya se desaconsejaba el baño desde julio, y a mediados de este 2025 (por el mismo motivo, pero por la estación depuradora comarcal ubicada en este barrio) con un segundo expediente ante los altos índices de contaminación de las aguas. Pero es que, para más inri, la rotura del emisario se comunicó desde julio de 2020 y durante cuatro años no se le abrió expediente a la administración competente, lo que ocurrió únicamente tras el anuncio de una investigación judicial por las denuncias presentadas.

Es decir, el organismo encargado de fiscalizar el medio ambiente en Canarias, dependiente de la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (que así se llama) aunque actúa muchas veces a instancias de Transición Ecológica (como en este caso), no expedientó al Cabildo, el mayor competente, por la rotura clave del emisario, pero sí abrió y cerró varios expedientes contra el Ayuntamiento portuense por cuantías mucho mayores (y ya pagadas), aunque seguramente ridículas si se atiende a las consecuencias de un año como el que ha pasado el barrio de Punta Brava, las empresas del lugar que viven de la afluencia de bañistas (y no sólo de la presencia del Loro Parque justo al lado), los turistas, los hoteles, los vecinos, usuarios habituales y algo más etéreo pero clave: la imagen de la ciudad que, en gran parte, inventó el turismo de masas en España en los años 60 del siglo XX.

¿Por qué Transición Ecológica no intervino desde 2020?

Por eso, cabe preguntarse si la Agencia del Medio recibió de parte de la consejería de Transición Ecológica (entonces gestionada por el socialista José Antonio Valbuena) la información de la rotura del emisario en julio de 2020 o si lo hizo casi cuatro años y medio después, cuando abrió el primer expediente, bien por la denuncia ante la Fiscalía o por la polémica, que ya llevaba meses en los medios. Según fuentes de la Agencia, siempre actúan una vez le notifica la citada consejería, como no puede ser de otra manera en este caso.

Desde la Agencia del Medio, además, se explicó este viernes a Canarias Ahora que las cuantías tan bajas se deben a que el Cabildo tiene “autorización y equipamientos” para la gestión de estos residuos. En concreto, se le impusieron estas dos sanciones porque, en un caso, hubo pérdidas y vertidos antes de que el flujo llegara al emisario y, en el otro, por desbordes por lluvias. No obstante, el Consejo Insular de Aguas ha recurrido al entender que tampoco se debieron imponer estas multas, defendiendo así su gestión de manera integral. La Agencia, eso sí, recalca que el Consejo se ha volcado en intentar resolver la situación, tramitando las obras necesarias y aún pendientes (más allá de las ejecutadas por el Ayuntamiento para desviar agua ya tratada desde la depuradora a la balsa realejera de La Cruz Santa para regadío agrícola).

En el caso del consistorio, la Agencia del Medio abrió tres expedientes de denuncia en 2018 (cuando gobernaban en el Puerto de la Cruz el PP y CC, con CC gestionando Canarias en minoría tras romper con el PSOE a finales de 2016 y el pacto entre nacionalistas y socialistas en el Cabildo de Tenerife). Cada uno de esos expedientes, instruidos por la situación en el aliviadero de El Caletón, Playa Chica (Punta Brava) y San Telmo, supusieron multas de 3.000 euros (9.000 en total, abonados en su momento por la corporación local). A su vez, hubo otro en 2021 por el aliviadero de Playa Chica, con una sanción de 1.800 euros que se pagó de forma anticipada, y otro por esa misma cantidad (1.800) en 2022, también ya aportados. Es decir, un total de 12.600 euros desde hace 7 años frente a los 400 al Cabildo.

Sin embargo, y según la información facilitada por la Agencia del Medio a Canarias Ahora, de 2024 y 2025 constan hasta 8 expedientes en proceso de instrucción contra la corporación local, cinco de ellos por vertidos de aguas residuales al mar en los siguientes enclaves: los números 11 y 13 de la calle Pelimar, la EBAR de El Caletón, la EBAR de Playa Jardín, la EBAR de Playa Chica y la de San Telmo. Los otros tres se deben a vertidos al mar no autorizados desde la EBAR de Playa Jardín, otro de la de Playa Chica y uno de El Caletón.

Mientras, Playa Jardín recibe estos días a cientos y cientos de usuarios en días tórridos y de postal, al tiempo que el Cabildo espera por la resolución de su recurso a las multas por un total de 400 euros tras once meses desaconsejando el baño.