La Universidad de La Laguna anula los exámenes de septiembre y los pasa a julio

El Claustro de la Universidad de La Laguna ha aprobado este jueves, 16 de septiembre, los nuevos Estatutos del centro académico, que deberán ahora ser ratificados por el Gobierno de Canarias para su entrada en vigor. El órgano colegiado renueva así la norma básica de funcionamiento del centro académico, que databa de 2004, actualizando su contenido a la legislación vigente, y simplificando y ordenando su articulado. El texto traslada los exámenes de septiembre al mes de julio, garantizando las mismas opciones de evaluación para los estudiantes, y logrando así una mejor estructuración del calendario universitario. El nuevo articulado sobre la convocatoria de exámenes no entraría en vigor hasta, previsiblemente, 2022/23.

El documento estatutario aprobado en la sesión de hoy parte de un borrador de reforma de 2017, que finalmente no vio la luz. A partir de él una comisión formada por representantes de todos los grupos claustrales ha trabajado desde febrero para presentar al pleno del Claustro el documento final, sobre el que ha habido un amplio consenso salvo en el artículo dedicado a la convocatoria de exámenes del mes de septiembre, por lo que se ha llevado a la sesión plenaria de hoy tres posibles propuestas.

La opción escogida por el órgano colegiado ha sido la de los grupos de profesorado Renovación Convergente (RC) y Red de Participación Universitaria (REDULL), junto a Grupo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (GEULL) y Libertad Estudiantil (LE). Su propuesta, que recibió 129 votos afirmativos, consiguió la mayoría absoluta del órgano en primera votación, desestimando así las presentadas por Programa Alternativo de Profesorado (PAP), que obtuvo 63 votos, y la de Asamblea Canaria de Estudiantes (ACE), que logró 20 votos.

La propuesta ganadora opta por un sistema de evaluación continua, e indica que el estudiantado tendrá derecho a tres evaluaciones en el marco de dos convocatorias oficiales antes de finalizar el mes de julio. Con ello, la actual convocatoria de septiembre se trasladaría al mes de julio, de tal forma que los estudiantes no pierdan opciones de evaluación y se ordena mejor el calendario académico, que hasta el momento solapaba un curso con otro.

Por contra, la opción de PAP proponía dos convocatorias: una primera, con evaluación continua a lo largo del curso y en caso de no superarse un examen final; y una segunda convocatoria, con el examen final (o recuperación) en julio, eliminando así septiembre. La tercera posibilidad, a manos de ACE, pretendía tres convocatorias tanto para las asignaturas anuales como para las cuatrimestrales. El estudiantado tendría derecho a superar las asignaturas mediante evaluación continua, que supondrá el 100% de la nota final, sin que suspender esta modalidad de evaluación supusiera en ningún caso que se agotase convocatoria.

La secretaria general, Elvira Afonso, señaló al comienzo de la sesión que el nuevo texto contiene además una actualización de la redacción y cambios en su estructura formal, como una mejor sistematización en la descripción de los órganos de gobierno o una regulación interna más coherente. Igualmente, también han experimentado cambios los capítulos dedicados al profesorado y al personal de administración y servicios, al delimitarse su tipología, régimen jurídico o derechos y deberes. Se delimitan conceptos relacionados con los servicios universitarios y a su vez todo el texto se ha adaptado al lenguaje inclusivo.

El texto estatutario aligera el peso reglamentario, se reduce y simplifica el trámite presupuestario, incorpora la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado y la Unidad de igualdad de Género, y clarifica aún más el papel de control de la Intervención. Estas fueron algunas de las novedades que contiene la norma esbozada por Afonso, antes de pasar al turno de intervenciones de los claustrales.

Intervenciones

El portavoz de PAS en Acción criticó que no se pudieran presentar enmiendas al texto, aunque haya habido un trabajo previo de la comisión de trabajo, integrada por todos los grupos. A su juicio, en el documento a debate no se aprecia un gran avance democrático, ya que apenas se ha modificado la composición y competencias de los órganos de gobierno de la universidad. Finalmente se manifestó en contra de la aprobación de este texto.

Espacio para la Unidad del PAS (EUPAS), por su parte, señaló que esta reforma, aunque llega tarde, es absolutamente necesaria. Lamentó que no hubiera un consenso total en la comisión de trabajo, de la que se desgranaron tres propuestas relativas al régimen de convocatorias de los estudiantes. Pidió a los claustrales responsabilidad institucional para llegar a la aprobación de una de las propuestas, aunque no fuera la de su primera preferencia. Por su parte, Grupo del Pas fue muy breve, agradeciendo la colaboración de los grupos en este trabajo y deseando un buen final a la sesión y coherencia en la votación con el largo trabajo desarrollado en la comisión.

Libertad Estudiantil destacó que se trata de una norma más accesible y comprensible. La propuesta que defiende junto a otros grupos de profesorado y alumnado no resta posibilidades de examen y no merma los derechos del estudiantado, señaló, dado que se reordena en el calendario académico, pero no se suprime ninguna, sostuvo.

Red de Participación Universitaria (REDULL), del sector de profesorado, adujo que los nuevos estatutos van a permitir la mejora del funcionamiento de la universidad en todos sus ámbitos y que la institución pueda adaptarse más fácilmente al nuevo marco normativo nacional que se está en proceso. Su grupo, que defendió la propuesta consensuada, afirmó que se ha buscado una solución para la convocatoria de exámenes que satisfaga a todos.

Asambela Canaria de Estudiantes (ACE) se alzó en defensa de una universidad pública, de calidad y gratuita, de forma que permita el ascenso social de los menos favorecidos. Criticó el estado de las infraestructuras y solicitó que desde la universidad se le exija al Gobierno de Canarias la financiación necesaria. La defensa de la llamada tercera convocatoria o de septiembre obedece a criterios académicos y además ha sido apoyada por el Consejo de Estudiantes, dijo. Esta convocatoria no es sustituible por una evaluación continua, matizó.

Renovación Convergente, del profesorado, señaló que hay que pensar en que se vota los estatutos en su conjunto. Explicó que no quiere que los estudiantes pierdan derechos, y de hecho apuntó que el texto recoge muchos recursos para este colectivo que hasta ahora no estaban contemplados. El portavoz sostuvo que su propuesta está consensuada por dos grupos de profesorado y dos de estudiantes, y que su opción de convocatoria de exámenes parte de la premisa de que el alumnado no pierda derechos de exámenes, pero ajustando el calendario académico al sistema de cuatrimestres. La propuesta alberga el mismo número de evaluaciones, recalcó, pero en el marco de dos convocatorias, y no de tres como hasta ahora.

Programa Alternativo para Profesorado (PAP) se mostró partidario de actualizar la normativa, instaurar un modelo de evaluación centrado en el estudiante y poner fin al sistema de tres convocatorias, que representan una anomalía en el panorama nacional universitario, afirmó. Hay que renunciar a evaluaciones de escaso rendimiento, apuntó la portavoz, quien añadió que en ninguna universidad se pasa de las dos convocatorias anuales por asignatura. Por eso consideró que el sistema actual es ineficiente, porque no favorece el proceso de enseñanza ni de oportunidades al estudiantado, al margen de que solapa dos cursos académicos, con los problemas administrativos que ello conlleva. El grupo lamentó enfrentarse en este punto al alumnado, pero dijo hacerlo por responsabilidad institucional y por coherencia.