Una central de hidrobombeo, entre las alternativas para la zona devastada por los areneros en Güímar

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), ha valorado este lunes la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado caso Áridos en Güímar (Tenerife) y ha avanzado que su departamento trabajará de forma coordinada con el Cabildo insular para estudiar cómo recuperar esa zona. Dicha sentencia desestima los recursos de los condenados y ratifica la indemnización de 185 millones de euros que deben pagar por el destrozo causado en el valle.

Hernández Zapata ha avanzado que una de las alternativas que hay sobre la mesa sería el hidrobombeo. “Una posible solución de la que se ha estado hablando y que se ha puesto sobre la mesa por una asociación, Fepeco (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife) podría ser el hidrobombeo, de tal manera que, aprovechando la parte alta con las extracciones de la parte baja se pudieran construir en la zona dos embalses y, con la altura, provocar un salto de agua que con turbinas pudiera generar electricidad”, ha explicado.

Precisamente uno de los condenados en este caso, Antonio Plasencia (en prisión por el caso Las Teresitas), presidió Fepeco hasta su dimisión en 2015.

El consejero ha agradecido “el trabajo” de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la rapidez con la que ha respondido después de que el pasado día 12 de noviembre se celebrara la vista de casación de este asunto.

En la sentencia, que ha adelantado este lunes el periódico El Día, el Supremo desestima los recursos presentados y ratifica la decisión de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife de condenar a varios empresarios a pagar 185 millones de euros por la extracción ilegal de áridos en barrancos del municipio tinerfeño de Güímar. Los responsables de las indemnizaciones son los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, condenados en enero de 2016 a restaurar la zona dañada por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Sin embargo, la Audiencia Provincial sustituyó en enero de 2021 esta obligación de restablecer el medio natural por la indemnización tras declarar que era imposible restaurar el equilibrio ecológico en la zona en una resolución que ahora ratifica el Supremo. 

Con esta resolución del Alto Tribunal la sentencia se convierte en firme, por lo que el Gobierno canario podrá, a partir de este momento, “sentarse a trabajar, a buscar alternativas para la recuperación” de esta zona, ha indicado Hernández Zapata.

Aunque ha hablado de la solución del hidrobombeo, el consejero ha admitido que existen “varias alternativas sobre la mesa”, y que la clave para decidir qué se haga vendrá de “sentarse con el Cabildo de Tenerife y trabajar de manera coordinada”.

Aunque el Gobierno regional sea el que tiene las competencias en este asunto, ha explicado Zapata, busca hacer “algo de forma conjunta” con la corporación insular para que ambas administraciones estén “cómodas” a la hora de tomar las decisiones.

Un parque acuático

Una de las soluciones que se barajó hace años para la zona fue un parque acuático, un proyecto que fue defendido por la entonces alcaldesa de Güímar, del PP (mismo partido que el actual consejero), Carmen Luisa Castro (hoy en la oposición). Mimiland Water World, que así se denominó la idea, pretendía ubicar piscinas, un centro comercial y un hotel en los agujeros provocados por la extracción descontrolada de tierras. “Estamos pendientes de que se cambie el suelo (la protección del mismo) para que se ejecute el parque”, dijo la alcaldesa en mayo de 2015. El empresario tras el proyecto, con un coste estimado de 94 millones de euros, resultó ser insolvente.