Los catedráticos de cabecera de Clavijo jamás aconsejaron prorrogar el contrato con la empresa de grúas
Empieza a resquebrajarse la unidad de criterio jurídico en el caso Grúas. Los catedráticos de cabecera del exalcalde de la ciudad y actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, dieron muestras este miércoles ante la jueza que instruye la causa de la fragilidad jurídica con la que el grupo de gobierno (Coalición Canaria) levantó los reparos del interventor general de la Corporación, contrario a que se actuara como se actuó con la empresa concesionaria del servicio, en manos de varios amigos del entonces alcalde. Los informes de Francisco Villar y Francisco Clavijo, que costaron al Ayuntamiento más de 10.000 euros, eran “meros estudios teóricos para una aplicación práctica” y se elaboraron sin saber que iban a ser utilizados para levantar los reparos del interventor general de la Corporación.
Así se deduce de las declaraciones de ambos catedráticos, asesores recurrentes del grupo de gobierno de La Laguna (Coalición Canaria-PSOE) ante la jueza que investiga la actuación de políticos y técnicos del Ayuntamiento en la operación montada en torno a la empresa Aurogrúas Poli durante el mandato de Fernando Clavijo, siempre con los informes contrarios del interventor municipal.
El catedrático Francisco Clavijo -primo del padre del exalcalde presidente- avaló este miércoles lo dicho por su tocayo Villar ante la misma jueza: ninguno de los dos dictaminó que pudiera prorrogarse la concesión a Autogrúas Poli S.L., lo que coincide con los reparos del interventor municipal y lo que significa que Fernando Clavijo y la mayoría de gobierno levantaron los reparos del interventor en 2014 y prorrogaron la vigencia del contrato hasta 2029 sin el más mínimo respaldo legal.
Ambos profesores argumentaron que jamás se les preguntó por una ampliación de la prórroga del contrato en los encargos que recibieron por parte de indeterminadas personas del consistorio (ninguno concreta quién les hizo el encargo), ni siquiera teniendo en cuenta la calamitosa situación económica que presentaba el concesionario en los informes que sobre la cuestión redactaron los funcionarios a los que se encomendó intervenir la empresa ante el riesgo evidente de que dejara de prestar el servicio de retirada de vehículos de la vía pública.
Una situación que, sin embargo, ambos catedráticos conocían sobradamente porque tuvieron en su poder un demoledor informe de esos funcionarios fechado el 8 de abril de 2014 en el que, entre otras cosas, se relataban gravísimos incumplimientos que aconsejaban el rescate (secuestro, en el argot administrativo) de la concesión, previa sanción al concesionario por incumplimientos graves y muy graves.
Pero tampoco por ese secuestro se requirió informe a los asesores jurídicos del Ayuntamiento de La Laguna, lo que privó a sus regidores de conocer su opinión sobre la conveniencia de retirar la confianza a una empresa que debía 500.000 euros a la Seguridad Social y salarios a los trabajadores, que carecía de tarjeta de transporte y que incumplía muchas exigencias del pliego de condiciones.
Lo que hizo al Ayuntamiento fue prorrogar la concesión hasta 2029 y concederle un préstamo de 120.000 euros que sí fue avalado por los dos juristas de cabecera del Ayuntamiento. Un aval jurídico que se otorgó también de forma teórica, con la aplicación exclusiva de la teoría presupuestaria, ajena por completo a otros factores que concurrían en el caso concreto de la empresa de grúas que el grupo de gobierno, con su alcalde al frente, se propusieron salvar a toda costa en lugar de rescatar el servicio y volverlo a sacar a concurso.
En sus declaraciones ante la jueza de instrucción Celia Blanco, Villar y Clavijo han admitido haber mantenido encuentros con el interventor general del Ayuntamiento y con técnicos del consistorio. Pero se contradicen ambos al fijar el objeto de sus dictámenes porque a pesar de lo dicho por los políticos relacionados con el caso, ninguno de los dos parece tener claro que sus servicios fueran contratados para levantar los reparos del interventor, que es lo que finalmente se hizo con esos dictámenes.
Villar y Clavijo se contradijeron también a la hora de argumentar si disponían o no de informes preliminares de la situación de Autogrúas Poli al momento de emitir sus dictámenes. Mientras que Villar dijo a la jueza que no tenía ni idea, Clavijo aseguró que fue Villar el que le entregó el incendiario informe de los funcionarios que intervinieron la empresa en el que se relataba una situación de quiebra que aconsejaba el concurso de acreedores.
Las contradicciones llegaron incluso al momento en el que Villar trató de descalificar la valía profesional del interventor de La Laguna, Gerardo Armas. A preguntas de Esteban Sola, que aparece como abogado del concejal Pérez-Godiño, hasta el momento el único imputado, el catedrático rebajó a la mera categoría de licenciado en Empresariales el historial académico de este habilitado estatal. Preguntado por lo mismo Francisco Clavijo, la cosa cambió radicalmente: Armas es, además de licenciado en Ciencias Económicas, un opositor que hizo “un brillante examen”, del que este catedrático fue evaluador.
