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Santana Cazorla pierde en los tribunales la marina de Anfi del Mar que había birlado a sus socios

Una sociedad familiar del conocido empresario grancanario se hizo en 2011 con la autorización de Costas para ocupar esos terrenos a espaldas de sus entonces socios, los herederos de Björn Lyng, que los habían explotado los veinte años anteriores

El Tribunal Supremo acaba de inadmitir el último recurso de Santana Cazorla contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló esa concesión

El Ayuntamiento de Mogán tiene ahora prioridad para explotar los locales comerciales, deportivos y de ocio del complejo turístico

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(IMAGEN DE ARCHIVO) Playa de Anfi del Mar.

Playa de Anfi del Mar. Alejandro Ramos

La familia de Santiago Santana Cazorla, conocido empresario grancanario que reside desde hace años en Marruecos, ha perdido definitivamente la concesión para explotar los locales comerciales, deportivos y de ocio de Anfi del Mar, uno de los principales complejos turísticos del sur de la isla de Gran Canaria.

El Tribunal Supremo dictó el pasado 25 de octubre una providencia que inadmite el último recurso presentado por la empresa Gestiones y Explotaciones Narval, que administra su hijo Alberto Santana, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la orden del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que le permitió ocupar desde noviembre de 2011 más de 145.000 metros cuadrados de dominio público para la creación, adecuación y mantenimiento de esas instalaciones en el municipio de Mogán.  

Santana Cazorla había quitado esa concesión a sus propios socios. Fue el empresario noruego Bjorn Lyng, fundador del grupo Anfi, quien promovió a mediados de los años ochenta la transformación de la playa de La Verga, alrededor de la que se erige el complejo, sepultando los callaos y la arena negra con arena blanca importada del Caribe. Anfi explotó esos terrenos desde 1989 hasta 2009, fecha en la que expiró el plazo improrrogable de veinte años que Costas le había concedido para ocupar ese suelo público. Un lustro antes, en 2004, Santiago Santana Cazorla había adquirido el 51% de las acciones de la compañía que hasta entonces atesoraba el turoperador TUI.

Una vez agotada esa autorización, el empresario grancanario solicitó la concesión a través de otra de sus sociedades, Bultidior, dejando fuera del proyecto a los herederos de Lyng, con quienes posteriormente acabaría enfrentado en los tribunales. Al conocer las pretensiones de su socio en solitario, la otra parte de Anfi adoptó dos decisiones: pedir también los permisos para la explotación y presentar alegaciones contra la oferta de Bultidior, que tiempo después pasaría a llamarse Gestiones y Explotaciones Narval, nombre con el que finalmente obtendría la concesión en noviembre de 2011.

A partir de ese momento se inició un largo y complejo conflicto judicial que ha acabado dando la razón a Anfi y anulando la autorización a la empresa familiar de Santana Cazorla, que ha podido obtener en estos años unos ingresos de alrededor de 20 millones de euros por el alquiler de los locales ubicados en los terrenos de esta concesión.

La Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por los herederos de Lyng contra esa resolución del director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que concedió la ocupación a Narval. Ese recurso denunciaba, en síntesis, que esa decisión no estaba convenientemente fundamentada, que el Ministerio no había contestado a las alegaciones formuladas contra el proyecto ganador y que había desechado el proyecto de Anfi sin tener en cuenta que había sido esta entidad la que había explotado ese suelo los últimos veinte años y la que había ejecutado todas las obras y había construido todas las instalaciones del complejo.

Tras esa sentencia, Narval presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que acaba de ser resuelto con una providencia que no lo admite a trámite por incumplimiento de las exigencias recogidas en el artículo 89.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, al carecer el escrito de preparación de fundamentación suficiente. Además, le impone el pago de las costas procesales, que cuantifica en 1.000 euros.

El futuro de esos terrenos es ahora una incógnita. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han señalado a este periódico que la resolución administrativa del conflicto aún depende de otros contenciosos que se sustancian en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque la demarcación de Costas comunicó también en octubre al Ayuntamiento de Mogán que tiene prioridad para explotar esos y otros servicios ubicados en dominio público marítimo-terrestre dentro del municipio.

Anfi celebra la resolución judicial

El Grupo Anfi, en el que se integró en 2016 uno de los rivales turísticos de Santana Cazorla, la cadena Lopesan, a través de la compra por parte de la marca hispano-alemana IFA de las acciones de los herederos de Lyng, ha celebrado la resolución del Supremo. Una providencia que “pone fin a un largo proceso en el que se han interpuesto diferentes contenciosos-administrativos” para denunciar lo que esta sociedad considera “una gran injusticia” desde hace casi una década.

En respuesta a las preguntas formuladas por Canarias Ahora, el Grupo Anfi confía en que la nueva concesión se realice “con la mayor celeridad posible” para “poder atender las necesidades de una zona turística de vital importancia y que se está deteriorando a pasos agigantados”.  La empresa defiende que su propuesta para Anfi del Mar era “la más idónea” y “la que más se ajustaba a la realidad del momento” y entiende que es la única que puede regenerar la zona “sin dilaciones” y mantenerla “en perfectas condiciones”.

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