El director del Servicio Canario de la Salud declara ante el juez por el caso Mascarillas

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha sido citado a las 09.30 horas de este jueves para declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción Nº7 de Las Palmas de Gran Canaria por el llamado caso Mascarillas, que investiga la compra por 4 millones de euros durante pandemia de la COVID-19 de un millón de mascarillas que nunca se entregaron.

Junto a Domínguez, que no ha querido hacer declaraciones a su llegada a la Ciudad de la Justicia, también deberá comparecer ante el magistrado el administrador único de la empresa RR7 United SL, Rayco González, a quien presuntamente se le entregó el dinero por adelantado para que adquiriera las mascarillas.

En este sentido, el pasado mes de julio, el Juzgado admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del SCS, la directora general de Recursos Económicos del SCS (que ya declaró el pasado martes) y el administrador de RR7 United por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, que se ha personado en el caso, indicó en su momento que no cejará en su empeño para recuperar los 4 millones abonados a la empresa y que permanece atento a la evolución judicial del caso Mascarillas.

Mascarillas que acabaron destruidas en la aduana

En mayo de 2020, dos meses después de la declaración del estado de alarma, Canarias era, después de Andalucía, la comunidad con el mayor porcentaje de sanitarios infectados en relación con el total de contagios. Es en este escenario en el que se produce la polémica adjudicación a la empresa RR7 United S.L., dedicada al sector de la automoción, de un contrato de emergencia por importe de cuatro millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas FPP3, las de máxima protección, que tenían como destino los hospitales de las Islas y que nunca se sirvieron. A las Islas solo llegó una partida de algo más de 900.000 unidades que acabó siendo destruida en Aduanas después de que la empresa fabricante, 3M, alertara a la Agencia tributaria de que se trataba de mascarillas falsas. 

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado este procedimiento de “abrumadoramente irregular”, incluso de “grotesco”. La querella remarca que el contrato se negoció durante 21 días a través de Whatsapp y que durante ese periodo en ningún momento se preguntó por la solvencia de la empresa, su capacidad para conseguir y transportar el material, su relación con el proveedor o los plazos. Señala que, a pesar de que se justificó por la necesidad “urgente e imperiosa” de suministrar mascarillas FFP3, las de máxima protección y rendimiento, a los sanitarios de las Islas, lo que acabó contratando fueron FFP2 y, además, al mayor precio que se pagó en toda la pandemia (más de un euro por encima por unidad con respecto a la segunda más cara). También reprocha al SCS que acordara un segundo pago (de dos millones de euros, el 50% restante del contrato) sin haber recibido ni una sola mascarilla de las comprometidas y después de que dos jefas de servicio del área de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público advirtieran de que el riesgo de estafa “era notorio” y de que RR7 United era “una empresa fantasma, pirata”. O que en junio de 2021, cuando ya había resuelto el contrato por incumplimiento de la empresa, decidiera aceptar una modificación por la que el adjudicatario se comprometía a entregar por el mismo precio un 20% más de mascarillas (1,2 millones) de otro modelo, un compromiso que tampoco cumplió y que asumió tres meses después de que llegara a Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que fueron destruidas en la Aduana tras constatarse que eran falsas.