El ocaso del empresario Suárez Gil: “Era un VIP en Canarias y ahora estoy arruinado, me lo han quitado todo”

José Miguel Suárez Gil ha escenificado este martes en los juzgados su propia decadencia. El ex presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de 74 años, se sentaba en el banquillo de los acusados para responder por un presunto fraude fiscal vinculado a la operación de compraventa de un solar que la patronal de alimentación que presidía, Fedalime, tenía en la zona de La Ballena de la capital grancanaria. Y el polémico empresario, condenado a un año de cárcel en 2011 por encañonar con una pistola con bala en la recámara y amenazar a su ahora exesposa, la abogada Josefina Navarrete, en la casa que ambos compartían en Tafira, ha protagonizado un espectáculo de agresividad verbal y gestual y ha aprovechado la ocasión para arremeter con dureza contra la reconocida letrada penalista, a la que responsabiliza de su declive económico y personal.

“Mi patrimonio era de siete millones de euros. Tenía coches de alta gama, mi casa en Tafira... Era un VIP en Canarias”, ha manifestado un altivo Suárez Gil recordando la época - década de los noventa y principios de siglo- en la que se convirtió en un referente del movimiento empresarial en las islas. Luego llegó el ocaso: su detención por el violento episodio en el domicilio familiar, la posterior incautación de un arsenal de armas, su condena, los quebrantamientos de la orden de alejamiento y su ingreso en prisión.

El empresario se ha confesado ahora “arruinado”. “Me lo han quitado todo. Lo que tenía está a nombre de Josefina Navarrete”, ha declarado, visiblemente alterado, Suárez Gil, que asegura vivir con una pensión de menos de 800 euros al mes.

En su última intervención y antes de un duro alegato final en el que ha acusado a la fiscal de utilizarlo “como arma social”, el ex presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas ha tratado incluso de justificarse ante las advertencias de la jueza titular del Juzgado de lo Penal 6 de la capital grancanaria por sus reiteradas salidas de tono. “Estoy tomando entre 25 y 30 pastillas. Estar tranquilo me permite razonar mejorar”, ha dicho el también exdiputado regional, que se ha mostrado desafiante con los testigos que han comparecido en el juicio cada vez que declaraban en su contra e indignado cuando la auxilio judicial ha colocado un biombo para evitar que pudiera mantener contacto visual con su exmujer, víctima de violencia machista. “Qué vergüenza, qué vergüenza”, ha musitado.

Suárez Gil se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel y más de un millón de euros entre multas e indemnizaciones por un delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía le acusa de urdir “un pelotazo” (término empleado por Navarrete y asumido por la representante del Ministerio Público, Evangelina Ríos) de más de 500.000 euros en la compraventa de un solar y de eludir el pago del impuesto de sociedades a través de una dotación para la RIC (Reserva de Inversiones de Canarias) que nunca materializó ni devolvió.

Los hechos se remontan a marzo de 2005, fecha en la que se constituye la empresa pantalla que habría utilizado Suárez Gil para realizar la operación. Para ello, siempre según el relato de la fiscal, utilizó a dos testaferros: Y.R. e I.G. Ambos admitieron que accedieron a figurar en esa sociedad, PE7 Canarias Macaronésica, por favores personales. El primero, como administrador, porque se lo pidió el propio Suárez Gil a través de sus hijos, de los que era amigo. La segunda, porque se lo solicitó su jefe en la asesoría fiscal en la que trabajaba, a quien se lo había reclamado, a su vez, el propio empresario, que era uno de sus clientes. Los dos testigos coincidieron al afirmar que no tenían ningún proyecto en común, que se conocieron en el acto de constitución, que nunca intervinieron en la gestión del día a día de esa empresa ni supieron de los verdaderos propósitos de Suárez Gil, a quien la Fiscalía atribuye el control real de la sociedad, a pesar de que intentó ocultar su vinculación con la misma.

PE7 Canarias Macaronésica se llevó una comisión de 536.514,16 euros por la venta en 2006 de un solar propiedad de Fedalime, patronal que presidía Suárez Gil, actuando como intermediaria de Tile House, la empresa que compró la parcela por 1,2 millones. Esa entidad no tuvo más actividad que la de ese ejercicio, según ratificaron todos los testigos que comparecieron en el juicio, entre ellos un inspector de la Agencia Tributaria.

Aunque los dos supuestos testaferros de Suárez Gil habían vendido las participaciones a través de un contrato privado con otra sociedad, Canarias Exterior, tan solo quince días después de su constitución, siguieron figurando como socios hasta octubre de 2008, cuando se registra formalmente ante notario la operación. La administradora de Canarias Exterior era entonces Josefina Navarrete, que se convirtió también de esta manera, en administradora de PE7 Canarias Macaronésica.

La exesposa de Suárez Gil manifestó en el juicio que firmó esta compra de participaciones (nunca hubo transacción de dinero) porque se lo pidió su marido, alegando que no podía figurar en la empresa, pero que estaba interesado en mantenerla porque le beneficiaba de cara a las votaciones en las inminentes elecciones a la Cámara de Comercio de Las Palmas de 2008. Navarrete aclaró que en la fecha en la que se rubricó el contrato privado con los testaferros de Suárez Gil, marzo de 2005, ni siquiera conocía aún al empresario.

PE7 Canarias Macaronésica aún registraría otro cambio de administrador. En octubre de 2009, tan solo un año después de firmar ante notario la compra de participaciones, Josefina Navarrete las traspasó a su marido. Dijo en la vista oral que lo hizo porque, en un “comentario casual” cuando conversaban sobre su jubilación, este se había referido a la necesidad de “dar otro pelotazo” como el de la venta del solar de La Ballena, una afirmación que Suárez Gil ha negado haber pronunciado. “No quería tener nada que ver con eso”, afirmó la letrada, que explicó que su exmarido había puesto a su nombre varias sociedades que utilizaba “a efectos de la votación en la Cámara de Comercio”.

La vertiente fiscal de ese “pelotazo” de algo más de 500.000 euros es la que ha llevado a Suárez Gil al banquillo. PE7 Canarias Macaronésica declaró ese beneficio en 2006 y dotó a la Reserva de Inversiones de Canarias por más de 482.000 euros. Este potente incentivo fiscal incluido en el REF exime a las empresas de pagar el impuesto de sociedades por los beneficios no distribuidos, pero, a cambio, les exige destinar ese dinero a inversiones en bienes para su propia actividad en un periodo de cuatro años y mantener su funcionamiento al menos durante los cinco ejercicios siguientes. En el caso de esta sociedad pantalla, el plazo para materializar la RIC concluía el 31 de diciembre de 2010.

Sin embargo, en esa época, ya con Suárez Gil como administrador formal de la entidad, PE7 Canarias Macaronésica ni justificó la inversión ni presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a ese ejercicio, a pesar de que sí lo había hecho en los precedentes. El objetivo, según la Fiscalía, era ocultar a la hacienda pública el beneficio obtenido en 2006 a través de la RIC y eludir la tributación, que ascendía a 178.000 euros.

Los fondos destinados a la RIC desaparecieron entre enero de 2006, el momento en el que se produjo la venta del solar de La Ballena, hasta abril de 2007, antes de que se elevase a público la transmisión de participaciones a Josefina Navarrete, a través de diez disposiciones en efectivo de la cuenta de PE7 Canarias Macaronésica. La firma de su entonces administrador, Y.R., aparece en todas ellas, aunque, según afirmó en el juicio, nunca se quedó con ese dinero, que acababa en manos de Suárez Gil “o de su entorno”. El testaferro no reconoció su letra en los conceptos de los talones. “Los firmaba en blanco”. Entre los beneficiarios de esas cantidades estaban algunas sociedades vinculadas a Suárez Gil.

El empresario acusado atribuye toda la operación a la “mente de maquinar maldades”, en referencia a su exesposa, Josefina Navarrete. “Cometí el grave error de dejarme ir y puse toda mi confianza en mi exmujer. Soy un tonto por haber firmado todo lo que me ponía delante. Cuando un hombre se equivoca no cabe el arrepentimiento, sino tragarse el marrón”, ha dicho en varias ocasiones Suárez Gil, que ha dado versiones contradictorias durante su declaración, llegando a afirmar en algún momento que parte de la parcela de La Ballena era de su propiedad y se la había cedido a su hijo para tratar de justificar la operación de los 500.000 euros.