Hartazgo entre los procuradores de oficio de Tenerife por las trabas para cobrar los turnos de Extranjería

“Yo me he visto haciendo turnos que sé que no me van a pagar nunca”. El hartazgo ha estallado entre los procuradores de oficio de Tenerife por los retrasos e impagos por parte del Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular. Tal y como han asegurado a este periódico fuentes del sector, encargado de ofrecer asistencia jurídica gratuita a la población, el hastío es aún más palpable en el turno de Extranjería, donde ha crecido la incertidumbre sobre la figura del procurador después de que se determinara que su intervención no es obligatoria en estos procedimientos.

Las trabas para cobrar los turnos coinciden con meses en los que se han batido récords de llegadas de migrantes a las islas. Estas fuentes, que han preferido mantenerse en el anonimato, aseguran que la precariedad laboral puede mermar la calidad de la asistencia gratuita que se ofrece a los supervivientes de la ruta canaria. 

La principal misión de los procuradores es agilizar los procedimientos judiciales, actuando como intermediarios entre los juzgados, los abogados y los clientes. Presentar escritos, enviar notificaciones, interponer demandas e incluso comparecer en nombre de los clientes son algunas de las labores que desempeñan estos profesionales. 

En los procedimientos de Extranjería, los procuradores representan a la persona extranjera también cuando esta ya no está en Canarias. En el caso de las personas migrantes que llegan al Archipiélago por vía marítima, es habitual que después de unos meses sean derivadas a centros de acogida de la Península, haciendo que en muchos casos se pierda su rastro. En esta línea, la figura de los procuradores es clave para recurrir las órdenes de devolución que reciben al pisar las islas y que pueden implicar el regreso de los supervivientes a su país de origen. 

Un oficio enviado por el Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife hizo saltar las alarmas en mayo de 2024. En él, según ha podido saber este periódico, la institución informaba de que la participación de estos profesionales no era preceptiva en los procedimientos abreviados presentados en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en casos de Extranjería. Por el contrario, el oficio aclaraba que esta figura sí es preceptiva en los recursos de apelación interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

La comunicación fue enviada en plena emergencia humanitaria. Entre enero y mayo del año pasado habían sobrevivido a la ruta migratoria Atlántica 15.982 personas en 242 embarcaciones precarias, frente a las 3.401 personas rescatadas en el mismo periodo de 2023. Buena parte de los supervivientes llegaron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con los puertos de La Restinga y Los Cristianos como destinos principales.

Según explican las fuentes consultadas, este oficio indicaba que, a partir de ese momento, los procuradores solo podrían intervenir en los procedimientos de Extranjería cuando el juez los designara. Después, esta designación se incorporaría a la documentación presentada por el Colegio al Gobierno de Canarias para justificar los turnos realizados y recibir la subvención.

“Hasta ahora nos han seguido designando. Yo sé que nuestro trabajo es un poco oculto, pero un juez sabe perfectamente el trabajo que hace un procurador. Saben que si nos quitan se van a colapsar aún más los juzgados”, indican desde el sector. “Somos un servicio público. Si los procuradores de España hoy decidimos no notificar, se para la Justicia”, añaden. 

Retrasos en los pagos

El 7 de noviembre, la Consejería de Justicia firmó con el Consejo Canario de Colegios de Procuradores y los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas un incremento retributivo del turno de oficio. Según informó el Gobierno regional, la subida de baremos se realizará en tres plazos: un 15% en 2025, un 7% en 2026 y un 8% en 2027.

El baremo no se actualizaba desde 2019, cuando se acordó una subida para recuperar las cuantías recortadas en 2012 como consecuencia de la crisis económica, tal y como se recoge en la orden de 17 de mayo de 2019 por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y la procuraduría.

El acuerdo firmado el 7 de noviembre entre la Consejería y los Colegios pretende reconocer ''la labor tan importante que realizan estos profesionales en el turno de oficio, un servicio esencial para la ciudadanía más vulnerable y debe compaginarse la tutela judicial efectiva con una retribución digna de los profesionales que lo ejercen“, dijo la consejera Nieves Lady Barreto.

Sin embargo, tras la firma de este incremento, la consejera reconoció que aún quedaba pendiente ''trabajar en la mejora del sistema de pago para que no se demoren los abonos''. Según han explicado desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias a esta redacción, los pagos del turno de oficio se abonan mediante subvención al Colegio de Procuradores trimestralmente, después de que este presente la documentación acreditativa. Son los Colegios los que después trasladan el dinero correspondiente a los profesionales.

Este proceso de pago hizo que los turnos realizados por los procuradores de oficio en los primeros tres meses de 2024 fueran pagados en octubre, junto al pago del segundo trimestre, que no incluía los turnos de Extranjería. La facturación del tercer trimestre se presentó al Gobierno canario el 30 de septiembre y fue abonada el 30 de diciembre. Sin embargo, quedaron fuera del pago los asuntos de Extranjería, tal y como ha confirmado este periódico. Por ello, el Colegio tuvo que enviar facturas rectificativas que ajustaran lo facturado con la cantidad pagada por la Consejería de Justicia.

Desde la Consejería de Nieves Lady Barreto justifican que en el turno de Extranjería “no es preceptiva la intervención de procuradores, porque la representación y defensa la lleva el abogado”. “Para abonarles deben acreditar que tienen justicia gratuita y que lo haya pedido la persona extranjera o el juez”, añaden.  

Por otro lado, desde el área de Justicia insisten en que “se ha pagado todo lo que está recogido'' en la citada orden de 17 de mayo de 2019. ''Y se acreditó”, añaden. Este periódico ha intentado conocer la versión del Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, que ha remitido al acuerdo alcanzado en noviembre con el Ejecutivo regional y que no ha considerado necesario hacer más declaraciones al respecto.