Asociaciones de jueces y fiscales rechazan las presiones de Coalición Canaria sobre el caso Grúas

La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura rechazaron este lunes las declaraciones del consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, quien insinuó la intervención del Gobierno central en los últimos acontecimientos judiciales en torno al caso Grúas. Barragán tildó de “curioso” que el cambio de posición de la Fiscalía “se haya dado después de que hubiera un cambio en el Gobierno del Estado y que este retraso se vuelva a dar ahora”. “Espero que no haya ninguna coincidencia. Más me preocupa que haya una acción de retrasar este tema sine die hasta que se apruebe el Estatuto de Autonomía y que esa haya sido la operatividad durante todo este tiempo para no tener que emitir ese informe por parte de la Fiscalía”, añadió el consejero autonómico.

Estas declaraciones provocaron la reacción de estas tres asociaciones de profesionales vinculadas con la Justicia que rechazaron las manifestaciones del consejero del Ejecutivo regional y las catalogaron “de extrema gravedad las insinuaciones sobre el retraso malicioso en la emisión de informes y cambios de criterios en la posición del Ministerio Fiscal”. Estas tres organizaciones lanzaron un comunicado conjunto en el que reivindicaron la legalidad de las actuaciones de los órganos judiciales y la imparcialidad de una corte en la que tienen “absoluta confianza”. Para los firmantes del comunicado, las declaraciones de José Miguel Barragán son impropias de un cargo público que “conoce el funcionamiento ordinario de la administración de Justicia”.

Las asociaciones recordaron a Barragán que él es el máximo responsable político de la gestión de la Administración de Justicia en Canarias por lo que ya debería conocer “los problemas derivados de la insuficiencia de medios materiales y personales en muchas sedes de Partidos Judiciales y Fiscalías de Canarias”. “Sorprende que su mayor preocupación sea la duración del trámite de un procedimiento judicial concreto que afecta al representante de un partido político”, destacaron.

Los representantes de los fiscales aseguran que no van a permitir “ningún tipo de presiones e intromisiones por parte de otros poderes públicos” e insisten en su “confianza absoluta en los órganos judiciales, cualquiera que sea su jerarquía y ubicación”. Finalmente, las asociaciones firmantes del comunicado exigieron “respeto a la independencia” de los órganos judiciales “en cumplimiento de la función que tenemos legalmente encomendada”.