Un complejo turístico de Mogán prohíbe a una propietaria acceder y residir en el apartamento que compró hace un mes

La empresa explotadora de un complejo turístico ubicado en Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán, ha impedido a una mujer de nacionalidad holandesa acceder a la propiedad que había adquirido junto a su pareja el pasado 28 de febrero alegando que la ley prohíbe el uso residencial en la zona. La propietaria, que se encontró con la cerradura de su propia vivienda cambiada, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil.

Ocurrió la noche del pasado viernes. La afectada había viajado con una amiga a Gran Canaria para decorar la vivienda comprada hace tan solo un mes a un particular, un ciudadano alemán que llevaba residiendo en el apartamento desde hacía más de treinta años sin estar sujeto a régimen de explotación alguno. Tras escriturar la propiedad, los afectados habían regresado a su país el 5 de marzo, dejando todas sus pertenencias y enseres en el interior de la casa, según relató la mujer a los agentes del puesto de la Guardia Civil de Puerto Rico que recogieron su denuncia.

Diez días después de abandonar la isla, la dirección del complejo comenzó a remitir a los pequeños propietarios una serie de correos electrónicos en los que les advertía de que, a pesar de haber adquirido el apartamento, no podían hacer uso del mismo como consecuencia de una modificación normativa, en referencia a la polémica Ley Turística de 2013.

Esa ley abre la puerta, en una de sus disposiciones y en su desarrollo, a la expropiación encubierta de los inmuebles, a su pérdida, a través del mecanismo de la “sustitución del propietario disidente”. Se trata de una fórmula que puede ser activada por mayoría simple en los complejos que se rijan por la Ley de Propiedad Horizontal. Entre otras razones por la negativa a ceder la explotación de la vivienda a una gestora única. En ese caso, cualquier particular o empresa puede optar a hacerse con el apartamento o bungaló en área turística a través de un concurso con un precio que queda fijado por el nuevo propietario. La Ley del Suelo añadió una excepción para salvar de este procedimiento a quienes residieran en las viviendas antes del 1 de enero de 2017, pero quienes la heredaron o compraron con posterioridad quedan completamente expuestos.

En el caso de la pareja de nacionalidad holandesa, la amenaza se materializó el viernes por la noche, cuando la mujer trató de acceder junto a una amiga a su apartamento y se encontró con la cerradura cambiada. Tras una llamada a la directora del centro, desde la recepción comunicaron a los afectados la imposibilidad de hacer uso de la vivienda. “Pertenece al complejo y debe estar en explotación”, le dijeron. La mediación de la representante de la inmobiliaria que intervino en la compraventa del inmueble también fue infructuosa. Los trabajadores advirtieron de que cumplían órdenes estrictas de la directora general del complejo y precisaron que la única solución que les podían ofrecer era realojarlos en otro apartamento durante esa noche, como finalmente ocurrió.

La propietaria asegura que no fue informada por la dirección del complejo tras la compra de que debía dar en explotación la vivienda y que incluso recibieron correos de felicitación, ya que eran clientes habituales desde hacía años. La afectada aportó las escrituras de la vivienda a la Guardia Civil y manifestó que esta situación le había generado fuertes cuadros de ansiedad.

“Entendemos que es una situación difícil para ti y tu esposa (...) pero los apartamentos no pueden ser usados como domicilio. A través de la correspondencia por correo electrónico hemos dejado clara la situación legal del hotel: no se permite el uso residencial. Hay otros propietarios que quieren vivir en el hotel, pero no pueden, está legalmente destinado a ser un producto turístico”, explicaba esa misma noche a su pareja la dirección del complejo en una carta en la que lamentaba la “incómoda situación” que se había generado.

Según la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), la dirección ha ofrecido a los propietarios 250 euros mensuales para explotar el apartamento.

El incidente con esta propietaria se produjo el mismo día en el que los afectados se manifestaban ante la sede de Presidencia del Gobierno autonómico en Las Palmas de Gran Canaria en defensa del derecho a la propiedad privada en las zonas turísticas y al uso y/o explotación individual de apartamentos y bungalós.