Cantabria gasta casi un millón de euros en vehículos municipales como receta contra la despoblación
El Gobierno de Cantabria (PP) ha movilizado, de 2024 a la fecha, alrededor un millón de euros de fondos públicos para dotar, reponer o restaurar vehículos municipales, también llamados de uso común, a pueblos en riesgo de despoblamiento. Con ayudas de hasta 40.000 euros por ayuntamiento, un total de 25 localidades ya han adquirido furgonetas o camionetas pick-up destinadas al transporte de vecinos y/o materiales.
El objetivo es acelerar lo máximo posible el despliegue para alcanzar las metas antes del final de la legislatura (PP). Según ha anunciado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante la entrega de un pick-up en la Vega de Pas, la meta es cubrir, antes de que acabe la legislatura, 33 de los 41 municipios que se encuentran en riesgo de despoblación, gastando hasta 1,2 millones de euros en vehículos municipales.
ElDiario.es ha consultado a tres alcaldes que han tramitado la adquisición de este transporte si un vehículo municipal es un mecanismo útil contra la despoblación. Y las posturas son diversas: el alcalde de Santiurde de Reinosa afirma que “si no hay población, no se puede dar servicio”; el de Miera dice que “no lo tenía pensado” y el de Herrerías opina que es una medida que “contribuirá de alguna manera a combatir este destino que tenemos, que tiene muy difícil retorno a pesar de las medidas, pero al menos intentarlo”.
Cantabria ha definido 41 municipios en riesgo de despoblación dentro de un medio rural que arrastra una preocupante crisis demográfica desde hace décadas. Hay un contraste muy grande, el 80% de la población cántabra –más de 451.000 habitantes– se concentra únicamente en 20 municipios y el 20% restante debe sostener la mayor parte de la región de baja densidad demográfica, según datos que el Gobierno expone en la licitación de las ayudas para vehículos.
Es una brecha que sobre todo castiga a las localidades de menos de 1000 habitantes, como Santiurde, Miera y Herrerías. Esto desencadena “un mayor envejecimiento, aislamiento geográfico o falta de conexiones de transporte”, causando así que el mantenimiento de los servicios públicos esenciales sea insuficiente.
El uso real y la rentabilidad de estas inversiones conviven con distintas realidades según el servicio y la localidad. Según explican desde el Gobierno, depende de cada municipio: un ayuntamiento compró una furgoneta para llevar a los vecinos en transporte interno. Otros lo tienen mixto: tanto para llevar a vecinos como para servicios municipales. Y otros directamente compraron una furgoneta en la que no se puede llevar vecinos, pero sí el material del Ayuntamiento.
Este último es el caso de Santiurde de Reinosa, en un pueblo de 254 habitantes, su alcalde Borja Ramos (PP) explica que emplean un vehículo pick-up Maxus T-60 —mismo modelo entregado en Vega de Pas el pasado 26 de agosto— para labores de mantenimiento municipal y traslado de herramientas, descartando hasta este momento el transporte directo de pasajeros. El vehículo es útil porque “mantener los pueblos limpios y bien conservados favorece a vivir en ellos”.
Miera, con 397 habitantes y catalogado en riesgo de despoblamiento, cumple los requisitos fijados en la Orden PRE/53/2024 para optar a la ayuda de hasta 40.000 €. En su caso, han pedido esta ayuda para llevar a cabo las labores de mantenimiento y para poder acudir a lugares de difícil acceso. No ha considerado usarlo para transportar personas: “Es algo que no tenía pensado”, dice el alcalde José Miguel Crespo (PRC).
Cuenta que es la tercera vez que realiza el trámite; tiene una resolución provisional y está a la espera de una definitiva, tras la cual licitará para tener un vehículo de uso común. Cree que es la mejor opción: “Es más versátil, permite llevar un remolque, cargarlo y usarlo para todo”.
En ocasiones, el alcalde de Miera ha tenido que recurrir a su propio transporte personal por falta de recursos para poder acudir a los lugares de trabajo, o bien los miembros de las cuadrillas contratadas debían usar sus propios coches para desplazarse. Todos en el pueblo están condicionados por el coche; esto quiere decir que no pueden depender de tener transporte público, debido a que las líneas de autobús son muy reducidas: «Nosotros tenemos un servicio con el que hemos contado toda la vida, que es una línea regular que nos une con la capital; se hace una vez por la mañana y una por la tarde».
Por otro lado, está el caso de Ramón Jesús Cuesta (PRC), alcalde de Herrerías, un municipio que cuenta con 570 habitantes. En este caso la ayuda del vehículo está en tramitación, pero el objetivo es claro: trasladar a las personas, no se va a usar como vehículo de labores de trabajo. “Va a ser una furgoneta, transporte para desplazar a los ciudadanos a los talleres que tenemos en el taller comunitario”.