La presidenta del PP de Cantabria reconoce que utilizó a un discapacitado que prestó “voluntariamente” su cuenta para realizar pagos de afiliados
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha visto obligada a comparecer este viernes, acompañada de parte de su Ejecutiva, para replicar al sector crítico del partido sobre la presunta “instrumentalización de un discapacitado” para pagar, a través de una cuenta a su nombre, las cuotas de alrededor de 500 afiliados por parte de la candidatura ganadora, encabezada por la propia Buruaga, en el Congreso regional celebrado hace un año.
El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eynde, la diputada autonómica Ruth Beitia y el senador Javier Fernández han comparecido previamente para leer un comunicado firmado por ocho diputados y tres senadores y que cuenta con el respaldo de 1.000 afilados en el que pedían a la actual dirección del partido “explicaciones convincentes” en torno a las informaciones difundidas durante el último mes por Okdiario.
En ellas, como pruebas de que se ingresaron presuntamente más de 9.000 euros en la cuenta de esta persona con discapacidad para efectuar el pago de cuotas de afiliados, se citan comprobantes bancarios en los que supuestamente se reflejan abonos efectuados por la actual secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta, la ahora presidenta del Comité Electoral de la formación y diputada regional, Isabel Urrutia, y el diputado y portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, así como por el marido de Sáenz de Buruaga.
Esta facción crítica lo ha calificado como “un comportamiento ético y moral” que les genera “la más enérgica repulsa” por tratarse de hechos “radicalmente opuestos a la forma de actuar que viene defendiendo el Partido Popular”. Asimismo, sus portavoces han aclarado que no entran a valorar si la forma de actuar es legal o no, sino que se trata de principios “morales y éticos” que, según han recalcado, no concuerdan con “los valores del partido”.
Ante este escenario, la presidenta de los 'populares' cántabros -que desbancó por cuatro votos en marzo de 2017 al entonces líder del partido, Ignacio Diego, en un Congreso regional que se encuentra inmerso en un procedimiento judicial por esta causa-, ha reconocido que se utilizó la cuenta de un afiliado con discapacidad del pueblo de Laredo para “centralizar y tramitar el pago de las cuotas” de afiliados de esa localidad.
“Se ofreció voluntariamente”
No obstante, ha querido remarcar que él “se ofreció voluntariamente” para abrir la cuenta bancaria, y que se trata de una persona que “dispone de plena capacidad de obrar” y que “tiene derecho a participar en la vida del partido”. “No se ha utilizado a nadie”, ha subrayado, “una cosa es la discapacidad y otra la incapacidad”, ha explicado, aunque no ha sabido detallar el grado de diversidad funcional que presenta. “No tiene limitación ni jurídica, ni de obrar”, ha insistido.
De esta forma, asegura que “no hay nada poco ético ni ilegal” en el comportamiento de su candidatura y ha restado valor a las informaciones difundidas por los que ha calificado como “medios sensacionalistas” que se han hecho eco de filtraciones de sus “conversaciones privadas” en las que “daba explicaciones” sobre este asunto.
Asimismo, ha resaltado que el Congreso “fue limpio” y que todos jugaron “con las mismas reglas”. Ha asegurado que ambas candidaturas emplearon el mismo procedimiento: utilización de una cuenta desde la que se realizaron transferencias para abonar las cuotas de más de 400 afiliados , algo que, según ha incidido, es una práctica “habitual” recogida en los estatutos y en el reglamento del partido.
Así pues, ha enmarcado la comparecencia efectuada con anterioridad por miembros de su partido en una “campaña de acoso político y personal brutal para descabezar al PP, para quebrarle y para intentar que se vaya”. Ha considerado “gravísimo que senadores y diputados elegidos por el PP” -a los que ha vinculado con la candidatura perdedora en el Congreso-, hayan reiterado, a su juicio, “acusaciones y denuncias que saben que los tribunales han archivado”.
Incluso ha afirmado que ha sido víctima de “insultos, injurias, calumnias y amenazas en redes” entre las que, según ha señalado, le han llegado a “desear que le peguen dos tiros en la nuca”, hechos que ya ha puesto en conocimiento de la Policía.
Además, Buruaga ha recalcado que los firmantes del comunicado “han mentido a sabiendas” de que lo estaban haciendo y ha añadido que “se han erigido en jueces y parte”. Se ha cuestionado también que “qué pretenden con esta campaña”, al tiempo que ha insinuado que el objetivo es “condicionar la resolución judicial en el único procedimiento judicial que permanece abierto” por supuestas irregularidades en el Congreso, pendiente del juicio previsto para el 15 de mayo.
Finalmente, la presidenta del PP ha hecho hincapié en que “la dirección que preside no se va a plegar” ante “una campaña de difamación y persecución” puesta en marcha, según ha incidido, por la candidatura derrotada en el Congreso regional. “No sé hasta dónde pretenden llegar pero basta ya”, ha concluido.
Además de los portavoces Van Den Eynde, Beitia y Fernández citados anteriormente, el resto de firmantes del comunicado son el expresidente del PP de Cantabria y actual diputado, Ignacio Diego, los parlamentarios regionales Luis Carlos Albalá, Mercedes Toribio, Santiago Recio, José Manuel Igual y Cristina Mazas y las senadoras Esther Merino y Blanca Martínez.
