Fuera caretas
Ya no hay excusas ni paños calientes. Hay pruebas más que evidentes de cuál es el plan y no hay relato que sostenga a estas alturas la gestión política que se está haciendo del suelo en Cantabria. El PP ha pisado el acelerador en la recta final de la legislatura y va a apretar todos los resortes a su alcance en estos próximos meses para que la liberalización del terreno rústico sea una realidad incuestionable en la comunidad autónoma, si no lo era ya.
Se han quitado todas las caretas con las que habían tratado de enmascarar hasta ahora un objetivo irrenunciable para el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: que no exista ninguna limitación para la construcción y se ponga a la venta hasta el último metro cuadrado de tierra disponible. Al mejor postor, por supuesto. Da igual que sea para segunda o tercera residencia que para el enésimo proyecto turístico.
Quedó lejos esa imagen bucólica con la que se trató de justificar la primera reforma de la Ley del Suelo, aludiendo al hijo del ganadero que se hace una casita al lado de sus padres para permanecer en el pueblo que lo vio crecer. Esto no va de luchar contra la despoblación, ni de facilitar la vida a los jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda libre. Son negocios. No hay nada detrás más que dinero. Otro ladrillazo a la vista.
Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora van en la misma dirección. Primero, esa reforma (y contrarreforma) de la Ley del Suelo que abrió la veda a la construcción en suelo rústico en ciertos supuestos. Después, la Ley de Simplificación Administrativa que relajaba los trámites y aceleraba los procemientos en algunos casos llamativos, incluidos los terrenos que pertenecen a áreas protegidas o parques naturales. Ahora, con la aprobación exprés del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sin escuchar a los colegios profesionales involucrados y levantando las pocas restricciones que quedaban en vigor.
Y por si no fuera poco todo lo que se ha avanzado en la dirección contraria como auténticos kamikazes en esta carrera hacia ninguna parte —si el objetivo real fuera regular el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria en la que estamos inmersos— se sumó a toda esta normativa liberalizadora el decreto para las viviendas turísticas, que después de muchas demoras trasladó la responsabilidad a los municipios e impuso unos plazos larguísimos para su cumplimiento que aún así han necesitado de una moratoria para permitir un verano más de barra libre.
Es muy revelador un dato del que la Consejería de Turismo no ha querido 'presumir' demasiado: durante algo más de siete meses y medio, unos 1.000 propietarios iniciaron los trámites para regularizar su vivienda turística en Cantabria. En tan solo una semana, la que transcurrió desde que el Gobierno anunció la moratoria hasta que finalizaba el plazo para tramitar la legalización de las viviendas turísticas, fueron nada menos que 2.000 los que lo solicitaron. El doble en siete días.
Evidentemente, muchas de esas viviendas turísticas no cumplen siquiera los requisitos mínimos, pero podrán seguir operando con una paraguas legal con tan solo haber iniciado los trámites y hasta que no tengan una respuesta —favorable o desfavorable— que se puede demorar... durante años. Así se explica esta avalancha: en las trampas que se hace a sí misma una administración autonómica que no está dispuesta a poner coto a la turistificación de Cantabria.
La última vuelta de tuerca la ha dado la Consejería que dirige Roberto Media (PP), con competencias en Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda. Como algunos ayuntamientos no estaban siendo 'diligentes' en la autorización de usos turísticos para las viviendas construidas sobre suelo rústico con la nueva normativa que permitía hacerlo en determinados supuestos, siempre como primera residencia, ha dado la orden de que no pongan trabas. Solo falta la aprobación esta legislatura de la futura Ley de Vivienda de Cantabria para acabar de exprimir la gallina de los huevos de oro.