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Carencias que deja el confinamiento en la lucha contra la pobreza energética: “Es un tema olvidado y queda mucho por hacer”

Las familias en riesgo de exclusión han empeorado su estado por el confinamiento. |

Rubén Alonso

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El confinamiento provocado por la expansión del coronavirus ha puesto a los hogares en situación de pobreza energética más contra las cuerdas aún si cabe. Y es que durante este periodo han quedado expuestas las carencias que todavía existen en la lucha contra este modo precario de vida que afecta a miles de personas. “Es un tema bastante olvidado y queda mucho por hacer”, asegura Gabriel Moreno, miembro de la cooperativa cántabra de energía renovable Solabria. 

En conversación con eldiario.es, el integrante de este colectivo sin ánimo de lucro señala lo que, a su parecer, todavía sigue siendo asignatura pendiente para abordar la difícil situación que padecen muchos hogares, que se ha visto acentuada durante estos días de encierro obligado por la pandemia. 

En primer lugar, Moreno pone el foco en la necesidad de “educar en ahorro energético”, una tarea que está “en tierra de nadie” y que, a su juicio, la administración debería acometer. “Servicios Sociales se encarga de la parte económica, pero de la parte educacional no lo hace nadie”, apunta. “Ahí vemos que la administración debería actuar de manera más diligente, porque con los mismos recursos y una buena educación se podría abarcar a más población”, explica.

Y es que las personas en situación de pobreza energética, que suelen estar en riesgo de exclusión social, “por su situación económica tienen dificultades para hacer frente al pago del recibo de la luz, pero si no reciben una buena educación de ahorro energético no tienen unos hábitos de consumo que le permita reducir el consumo de la luz”.

“Yo, para explicar esto, suelo poner la imagen de un mendigo en la calle con móvil y portátil”, ejemplifica. “Puedes ser pobre, pero si ni siquiera sabes ahorrar...”. En este sentido, Moreno insiste en que esta labor educacional debería recaer en la administración: “Por responsabilidad de servicio público”, señala, es decir, “te apoyo económicamente a hacer frente al pago de un servicio que es una necesidad básica, como es el pago del recibo de la luz, pero además te voy a dar unas herramientas para que seas menos dependiente”, argumenta.

Bono social por renta

Por otro lado, este integrante de Solabria, cooperativa que ofrece asesoramiento y charlas informativas sobre este ámbito energético, expone las disconformidades que aprecia en la aplicación del bono social, ayuda económica que se da a los colectivos vulnerables. Y es que, además de la población con salarios por debajo del sueldo base y a jubilados con poca renta, las familias numerosas por el hecho de serlo tienen derecho a recibirlo.

Así pues, Moreno defiende que “el bono social debe aplicarse de manera estricta a personas en base a la renta”, y ofrecerse “prácticamente de oficio, cruzando datos de Hacienda o de la Seguridad Social”. Al mismo tiempo, recalca que tampoco está de acuerdo en que el bono social “solo lo puedan ofrecer las cinco comercializadoras de referencia, es decir, las del oligopolio”. 

“Nosotros, como cooperativa Solabria sin ánimo de lucro, estaríamos encantados de poder ofrecer el bono a cualquiera de nuestras personas socias. Sin embargo, nosotros damos charlas para que la gente dé el paso a una cooperativa y empiece a consumir energía renovable, es decir, pasar a una empresa más justa, más social y más democrática y consumiendo energía no contaminante, pero cuando hablamos de pobreza energética directamente no se lo podemos decir porque no se lo podemos ofrecer”, lamenta.

Además, Moreno señala que tampoco les parece adecuado que el bono social cubra parte de la factura referida al consumo de luz, puesto que el 60% o 70% del total son gastos fijos. Y en lo que se refiere a fiscalidad, defiende que se aplique a estar personas el IVA reducido del 10% o el superreducido del 4%. 

Finalmente, este miembro de Solabria espera que la situación actual sirva mejorar estos aspectos. Y es que según afirma, otro de los problemas que se encuentran es el de llevar a cabo trámites a través de la administración electrónica, un método que a las personas en situación de pobreza energética les resulta complicado por la conocida como brecha digital. 

Por último, Moreno hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo “una auditoría energética muy seria, sobre todo en este sector poblacional”. “Hacemos estudios de las facturas de la luz y nos encontramos con personas mayores que tienen una potencia contratada muy por encima de sus necesidades”, subraya, sin electrodomésticos que tengan un consumo elevado.

“De esta forma, estás condenando al pobre energético a seguir siendo pobre energético, porque le estás endeudando mes a mes al tener una factura muy por encima de la que realmente necesita”, concluye. 

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