El Gobierno de Cantabria entrega los documentos que ha solicitado Competencia para investigar a las constructoras sospechosas de repartirse obras públicas
El Gobierno de Cantabria ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a solicitud de este organismo, documentación relacionada con unos contratos menores del año 2016 en el marco de una investigación a doce constructoras de la región por posible manipulación de contratos.
La CNMC está investigando a doce constructoras de Cantabria y a cuatro directivos que supuestamente se habrían repartido licitaciones de obra civil, presentando ofertas ficticias para concurrir de forma concertada.
A preguntas de los periodistas, tras presentar una iniciativa medioambiental, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha explicado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pidió hace unas semanas al Ejecutivo documentación “bastante escueta” sobre unos contratos.
Según Media, no se trata de “una cuestión generalizada, ni muchísimo menos”. “Tampoco puedo hablar mucho de lo que es el tema porque (...) nos pedía absoluta confidencialidad”, ha apuntado.
Media ha explicado que en la petición de la CNMC no se hacía referencia a nombres de empresas concretos, si bien Competencia dio a conocer las compañías a las que ha abierto un expediente sancionador por esa posible manipulación de contratos.
Las investigadas son Actividades de Seguridad Vial Cantábrico., Aglocan Servicios y Construccione., Arruti Santander (en liquidación), Cannor Obras y Servicios de Cantabria, Construcciones y Excavaciones Aníbal, Constructora Obras Públicas San Emeterio, Cuevas Gestión de Obras, Fernández Rosillo y Cía, Global Tektia, Palomera Obras y Proyectos, Rucecan y Técnicos Asociados Minero Industriales.
El Ejecutivo cántabro, ha señalado el consejero, esperará a la resolución del expediente para hacer “lo que sea procedente”.
El titular de Fomento ha recordado que los procesos de administración se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y pasan por las mesas de contratación, que son dirigidas por funcionarios.
“Yo no soy juez (...) Cuando haya una sentencia firme en vía administrativa o penal, como es el caso del caso 'Obras Públicas' y los jueces nos digan lo que nos tienen que decir, nosotros lo cumpliremos”, ha subrayado.
De hecho, ha añadido, la justicia ha explicado cómo hay que tratar a las empresas condenadas en esa trama, que bajo ciertas condiciones pueden seguir operando con la Administración autonómica.
“Nosotros no somos ni los que tenemos que investigar si no tenemos conocimiento de ningún delito ni los que tenemos que sentenciar, para eso están los órganos jurisdiccionales de la Administración General del Estado y en cuanto nos vayan diciendo, obraremos en consecuencia”, ha insistido.