La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) ha lanzado en Santander la campaña nacional 'Stop Agresiones', con el lema 'Agredirme no es la solución. Respetarme, sí', para poner freno a la “elevada” violencia externa que están sufriendo los trabajadores del sector público, que aumenta “exponencialmente” de un año para otro.
La secretaria de Prevención y Salud laboral de FAC-USO, Ana Avilés, ha advertido este martes en rueda de prensa que los datos de agresiones al personal público son “alarmantes” y reflejan “la realidad” que viven estos trabajadores que atienden al sector público, especialmente el sanitario, que en 2024 registró más de 17.000 casos de agresiones (un 16% más que un año antes), 2.300 de ellas físicas, según datos del Sistema Nacional de Salud.
En este punto, Avilés ha recordado que dos trabajadoras han sido asesinadas este año a causa de agresiones “brutales” externas mientras ejercían su labor, una en un centro de inserción sociolaboral en Extremadura y otra en el sector de ayuda a domicilio en Galicia. “Es algo intolerable”, ha denunciado.
Así, FAC-USO pone en marcha esta campaña para “visibilizar el problema, porque lo que no se nombra no se protege”, concienciar tanto a los usuarios como a las administraciones públicas y animar a los trabajadores a que comuniquen las incidencias y las agresiones. Además, la secretaria de Prevención y Salud laboral de FAC-USO ha solicitado a la administración “más medidas de protección y más medidas de seguridad”.
Víctimas invisibles
Avilés ha señalado que, además del sanitario, hay otros sectores que sufren violencia externa, cuyos datos se “diluyen” entre las estadísticas de los accidentes de trabajo, por lo que ha pedido a las administraciones públicas la creación de estos registros y observatorios dado que “si no hay registros oficiales no tenemos datos ni sabemos la realidad”.
Así, se ha referido a las 281 agresiones registradas en instituciones penitenciarias de enero a mayo de 2025 o el “alarmante” aumento del 60,4% de agresiones en el SEPE en 2023 respecto a 2022. La secretaria ha aseverado que hay trabajadores que denuncian ante el sindicato “agresiones físicas, insultos, amenazas o coacciones”, con el “impacto psicológico” que supone sentirse “vulnerable y poco seguro mientras desempeñan su trabajo”.
“Exigimos más y mejores protocolos de actuación frente a estas situaciones”, ha reiterado la sindicalista, que ha solicitado asistencia médica, psicológica y jurídica para las víctimas, así como formación para el personal funcionario. Según ha señalado, los recortes en los servicios públicos, las “deficiencias organizativas” de la administración y la falta de recursos humanos y materiales “son factores que contribuyen al aumento de estos casos de agresiones externas”.
Datos de Cantabria
Avilés ha detallado que, en el caso de la comunidad autónoma, el Servicio Cántabro de Salud registró en 2024 un total de 274 agresiones a profesionales sanitarios, el 53% en Atención Primaria (144 casos), el 36% en el Hospital Valdecilla (99) y el 5% en los de Laredo y Sierrallana, con 15 casos cada hospital.
Asimismo, ha destacado que la región lideró el año pasado, por detrás de Almería (46 casos), la tasa de agresiones a guardias civiles, con 33 casos registrados, según datos de asociaciones profesionales de la Guardia Civil de Cantabria. En cuanto al sector educativo, ha indicado que hubo 14 agresiones notificadas en 2024 en la comunidad autónoma, frente a los 7 casos de 2023, si bien “la realidad va más allá”.
Según ha señalado, los datos en Cantabria sobre las agresiones a los empleados públicos marcan la evolución generalizada estatal, en la que destaca el aumento de las agresiones externas “exponencialmente, de un año para otro”, por lo que ha criticado que “los protocolos no están siendo eficaces” y “hay que contratar más personal de seguridad”.
De esta forma, la secretaria de USO ha insistido en “es más necesario hoy que nunca” defender el derecho de los empleados públicos a una protección integral en el trabajo y mejorar los protocolos ante situaciones de violencia externa y aumentar las medidas de seguridad y protección.