Santander ya tiene sus aportaciones al decreto de regulación de pisos turísticos de Cantabria

El Ayuntamiento de Santander ya tiene cerrado el documento con sus aportaciones a la elaboración del decreto de las viviendas de uso turístico que va a presentar al Gobierno de Cantabria, tras reunirse con los hosteleros y las comunidades de vecinos. Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, el Gobierno de Cantabria ha dado un plazo de 10 días para presentar aportaciones por escrito ante la Dirección general de Turismo.

Así, tras reunirse este lunes con el sector hostelero y hotelero y el pasado viernes con las comunidades de vecinos, el Consistorio ya tiene el documento cerrado. La alcaldesa, Gema Igual, se ha reunido este lunes con responsables de la Asociación de Hostelería de Cantabria y representantes de varios hoteles de la ciudad para avanzar en dicho decreto, ante la “necesidad” de regular las viviendas turísticas y abordar así el crecimiento “incontrolado” de establecimientos ilegales.

Acompañada por el concejal de Turismo, Fran Arias, Igual ha trasladado la “problemática” que afecta, en este caso, a hosteleros y responsables de hoteles, y que está relacionada con “la seguridad nacional”, ya que cree que estas viviendas pueden ser “un refugio para el alojamiento de posibles delincuentes” ante la falta de trámites de identificación y comprobación por parte de los propietarios.

Asimismo, durante la reunión, se ha tratado la problemática relacionada con el uso “intensivo” de la vivienda con elevada rotación ya que deriva en “un uso extra de recursos”. En este caso, se insta a los establecimientos hoteleros a un uso “responsable” de los mismos, de forma que en las viviendas turísticas debieran fomentarse las mismas prácticas.

Además, la regidora ha apuntado que en este tipo de viviendas existe la “imposibilidad” de medir el impacto ambiental, la huella de CO2 del sector o la implantación de otras medidas de medición y control, como las que se están implementando en hoteles u otros establecimientos.

“Tanto el Gobierno como los ayuntamientos tenemos una responsabilidad compartida, debemos poner unas normas consensuadas, que sean comunes para todos”, ha destacado. Finalmente, Igual ha recordado que, según datos del Ejecutivo, el número de declaraciones responsables de viviendas de uso turístico presentadas en la región en 2023 ascendieron a 2.031, lo que supone un 128 por ciento más que el año anterior.