Romper la mesa

La detención de Puigdemont en Italia amenaza con romper la mesa de diálogo y abortar el camino hacia una resolución del conflicto a las primeras de cambio. Parece que hay demasiados actores interesados en que el tren descarrile antes de salir de la estación. La oposición quiere aprovecharlo para volver a judicializar un problema político, el Supremo vuelve a actuar como su brazo armado y el independentismo favorable a dialogar se apunta al victimismo del propio Puigdemont, que siempre ha sido contrario a la mesa y se resiste a perder protagonismo. Demasiada gente deseosa de sabotear el viaje cuando aún no ha dado un paso. 

Las reacciones a la detención han vuelto a poner de manifiesto la dificultad que tienen algunos políticos y jueces en España para entender el verdadero significado de la ley, la separación de poderes y la justicia: en una palabra, la democracia. Creen que las leyes son un instrumento para sus fines, en lugar de un medio para impartir justicia. Creen que el poder ejecutivo debe inmiscuirse en el poder judicial cuando les conviene. Creen que ellos son la democracia, no el pueblo ni el Derecho. Se llaman a sí mismos los defensores de la ley, pero pasan por encima de ella. 

Casado dice que Sánchez tiene que hacer todo lo posible por traer al expresidente catalán a España, aunque sabe que el Gobierno no debe interferir en el sistema judicial ni mucho menos puede hacerlo en los tribunales italianos y europeos. Unos días clama contra la politización de la justicia, otros la utiliza para hacer oposición, ayer criticaba los indultos, hoy pide a Sánchez que dicte sentencias, en Italia y Europa. Le regalaron no solo el máster, también la carrera de Derecho.  

El presidente catalán, Pere Aragonès, pide libertad total para Puigdemont y la amnistía para los políticos del procés, aunque sabe que no es real que la política pueda conseguir lo primero y no es realista que pueda conseguir lo segundo en este momento. Tanto los que quieren condenar a Puigdemont como los que quieren liberarlo dan a entender que la democracia funciona cuando les satisface y que el resto es autoritarismo. Sobra verborragia encaminada a inflamar los ánimos de sus convencidos y falta pedagogía dirigida a señalar los problemas y solucionarlos. 

Luego están los jueces del Supremo, con Llarena a la cabeza, decidido a ser el azote del procesismo a costa de azotar los procesos judiciales para conseguirlo. El lío legal es el siguiente: el Parlamento Europeo retiró la inmunidad de Puigdemont, decisión que está pendiente de revisión en el Tribunal General de la Unión Europea, que no decretó medidas cautelares para proteger los derechos del ex president porque entiende que la euroorden de extradición del Supremo español estaba suspendida hasta que no se resuelva una consulta sobre el asunto que hizo el propio Llarena al tribunal europeo. Él desactivó la orden que ahora quiere reactivar saltándose los procedimientos y el derecho de defensa. Es paradójico cómo los que quieren que la Justicia caiga sobre Puigdemont no dudan en hacer caer la Justicia si es necesario. Jueces para los que la ley es un mazo. 

Políticos que quieren romper la mesa a mazazos. La judicialización del conflicto una vez más solo favorece a las vías unilaterales de ambos lados. De Puigdemont, al que la detención le devuelve el liderazgo que había perdido al convocarse el diálogo, y de la derecha española, a la que favorece que el conflicto con Cataluña sea eterno. Esperemos que se respeten las garantías procesales del expresident, que Esquerra abandone sus complejos con la derecha frentista catalana y que los que se han sentado a la mesa se dediquen a hacer política, que es lo suyo.