Entre enero de 2008 y septiembre de 2020 al menos 3.664 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo, según las estadísticas del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM). Una violencia y unos abusos que se han incrementado durante una pandemia que ha revelado además cómo los años de discriminación han empujado a muchas personas trans a la marginación, haciéndolas vulnerables a los estragos económicos de la COVID-19. Son las conclusiones de las que informa Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. En el caso de Castilla-La Mancha, apremia a la aprobación de su nueva normativa, por ser de las pocas comunidades autónomas que aun no tienen ninguna específica.
Recuerda la organización que este 28 de junio se cumplen 52 años de las protestas tras la redada policial y detenciones de personas LGTBI en el pub Stonewall de Nueva York. Destaca que a pesar de los avances, todavía 69 estados miembros de Naciones Unidas tienen disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.
Además, seis de ellos (Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria -sólo 12 Estados del Norte- y Yemen) contemplan la pena de muerte como castigo para este tipo de relaciones, y en otros cinco (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar, Somalia, incluida Somalilandia) podría potencialmente imponerse la pena capital, aunque hay menos certeza jurídica al respecto.
También denuncia retrocesos como la reciente adopción en Hungría de una propuesta legislativa anti LGBTI que prohíbe el acceso a niños y niñas de toda forma de educación y publicidad que se considere que “populariza” o incluso representa una conducta homosexual consentida o la afirmación del propio género, ponen de manifiesto que la lucha por los derechos humanos de este colectivo es todavía muy necesaria.
Ley estatal y autonómica
En España, Amnistía Internacional sigue pendiente del borrador de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, que podría iniciar su proceso de aprobación en el Consejo de Ministros el próximo día 29 de junio. La organización recuerda que “la falta de reconocimiento legal de personas trans puede suponer una vulneración de derechos humanos, como el derecho a la vida privada, y, en ocasiones del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, así como puede exponer a estas personas aún a más discriminación de la que ya sufren diariamente e incluso una violación de su derecho al acceso a la salud”.
En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional también está a la espera de la tramitación y aprobación de la Ley autonómica de Diversidad Sexual y LGTBI. Castilla-La Mancha es “de las pocas comunidades autónomas que aún no cuenta con legislación que proteja de manera específica los derechos de las personas LGTBI”, algo que vienen demandando desde hace años las organizaciones de la sociedad civil especializadas.
El martes 29, Amnistía Internacional participará en Guadalajara en una charla coloquio sobre los derechos LGTBI y Derechos Humanos, junto a ACCEM, Red Acoge y Wado LGTBI. Será a las 19:00 horas en el patio Interior de la Biblioteca de Dávalos.