La ley de Bienestar Animal, “capital para el futuro” de Castilla-La Mancha, a un paso de aprobarse

El consejo de Gobierno ha aprobado el envío del anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal a las Cortes regionales. Ahora, sólo falta seguir el trámite parlamentario para su aprobación, explicó el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Agua, Francisco Martínez Arroyo. La decisión se ha tomado para que “tengamos lo antes posible una ley de Bienestar Animal, que fue el compromiso adquirido por este Gobierno”, aseguró.

Cabe recordar que la ley vigente al respecto está tan desfasada que las sanciones que en ella se contemplan todavía están en pesetas. El trabajo para renovar la legislación viene desde el 2017, cuando se puso en marcha el proceso de información pública del anteproyecto de ley, que pasó por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Regional de Municipios y, finalmente, por el Consejo Consultivo, el pasado mes de diciembre. Más de mil alegaciones, recalcó el consejero, fueron las que recibió el texto.

Ahora acaba el proceso ejecutivo y comienza el legislativo, en el que los distintos grupos que componen las Cortes podrán enviar sus enmiendas para la aprobación de la ley. Desde el Gobierno han descartado hablar con los distintos partidos políticos, señalando que se debe respetar la separación de poderes. “Se trata de una ley capital para el futuro de la región, que protegerá y cuidará a todos los animales”, recalcó Martínez Arroyo.

Los animales, seres sintientes

Entre otras cosas, explicó como gracias a esta normativa los animales dejarán de ser “cosas o bienes” y serán considerados como seres sintientes y sensibles, y también incluye a todos los animales, excepto los que ya cuentan con legislación propia como los toros o los dedicados a la producción ganadera, que tienen su propio reglamento en la PAC.

Por otro lado, en la ley se legisla la tenencia responsable de animales, así como la prohibición de mutilaciones con fines estéticos, el sacrificio o la matanza. El texto igualmente prohíbe la donación de animales con fines publicitarios o el uso de ellos como un “premio”. También se prohíbe tener animales atados o que especies de fauna silvestre participe en circos o de publicidad en fiestas populares, o el disparo a agresión con distintas armas.

Igualmente, la ley simplifica la identificación de los animales a través de un registro único que se gestiona por parte del colegio de veterinarios de Castilla-La Mancha, y se facilita también el acceso de los animales en la red de transporte público, hoteles y restaurantes. La normativa actualiza también la cuantía de las sanciones: la máxima pasa de ser 6.000 euros a 60.000.

PAC

Martínez Arroyo también ha descrito las reivindicaciones que llevará ante el Ministerio de Agricultura para la “defensa de los intereses de la agricultura castellanomanchega”.  De este modo, ha defendido que se mantenga el presupuesto de unos 6.000 millones de euros durante los siete años que dura la PAC, unos 850 millons de media por año.  “Es necesario mantener esa posición de defensa de un presupuesto justo, porque es la política más importante y la que contribuye a compensar a los agricultores y ganaderos por la seguridad alimentaria que ofrecen y su trabajo en defensa del medio ambiente y gestión del territorio”, aseguró.

Por eso, ha abogado, entre otras cosas, por mantener una “verdadera exención” al cumplimento de normativa de competencia para el sector agroalimentario para que la oferta de materias primas “se pueda concentrar mucho más que lo que hace actualmente”. También ha solicitado ayudas directas para las pequeñas y medianas explotaciones para que no desaparezca “ni un solo empresario del campo de Castilla-La Mancha” y criticó las medidas tomadas por parte del PP cuando lideraban tanto el Gobierno nacional como regional.