La “carga de responsabilidad” del profesorado marca un inicio de curso con funciones “que no le corresponden”

Un claustro de profesores y profesoras decide apenas una semana antes de que se inicien las clases si el instituto en cuestión impartirá modalidad presencial o semipresencial con motivo de la pandemia de coronavirus. En unos se ha decidido a mano alzada, otros los han hecho mediante votaciones por departamentos y en otros ha sido el equipo directivo quien ha asumido la decisión. Es una situación que se ha repetido en los institutos de Castilla-La Mancha durante los últimos días debido a que esa opción se ha dejado en sus manos a partir de 3º de la ESO. Y en la mayoría, la pregunta es la misma: por qué esa decisión recae sobre el profesorado, que no conoce al detalle la situación epidemiológica, ni los brotes, ni los confinamientos, ni la afección de la pandemia por áreas en cada ciudad. “Cuando los padres quieran pedir responsabilidades, nos la pedirán a nosotros, que ni estamos cualificados ni somos sanitarios”, explica un profesor del IES Alfonso X El Sabio de Toledo, como resumen del contexto con el que arrancan las clases.

Según la guía-protocolo de la Junta de Castilla-La Mancha elaborada para el curso escolar, habrá responsables de COVID en cada centro escolar de la comunidad autónoma, pero estos profesionales “no son los que han decidido que las clases sean o no presenciales”. Esta persona se encargará de que se cumplan los protocolos pero “no rendirá cuentas a los padres y madres cuando nos exijan saber por qué una clase es presencial en un centro y en otro no”.    

Un total de 110 de los más de 1.600 centros educativos que hay en la comunidad autónoma han solicitado la modalidad semipresencial, según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación, cuya titular, Rosana Rodríguez, afirma que el hecho de haber contemplado los escenarios pedagógicos y sanitarios “nos da mucha tranquilidad y habla de que, desde luego, la comunidad autónoma se ha armado para esta situación”. En el dossier difundido con motivo del inicio de curso en esta comunidad autónoma se recoge la “posibilidad de solicitar semipresencialidad a partir de 3º de ESO, en las condiciones que proponga el centro educativo y apruebe la Consejería de Educación”. En este documento, también se informa de que comienzan el curso 89.995 alumnos de ESO, 28.330 de Bachillerato, 4.848 de Formación Profesional Básica, 16.531 de Ciclos Formativos de Grado Medio; 17.165 de Ciclos Formativos de Grado Superior y 1.314 de Educación Especial.

Todos los sindicatos de educación han criticado la “carga de responsabilidad” para los profesores de Secundaria. Para ANPE, tanto el Gobierno regional como la Consejería de Educación y las propias delegaciones provinciales “han cargado en los claustros docentes y especialmente en los equipos directivos la responsabilidad en la toma de decisiones importantes respecto a la preparación y gestión de este complicado inicio de curso”.

La “falta de liderazgo” de las administraciones

Manuel Tébar, secretario de Comunicación de ANPE-CLM, habla de una “falta de liderazgo” en la que incluyen también al Ministerio de Educación,  que “no ha dictado instrucciones claras y concisas para este inicio de curso y que sean comunes para todo el Estado”. Por eso ha querido romper una lanza a favor del personal docente castellanomanchego que “está demostrando ser un colectivo que trabaja de manera vocacional en cualquier circunstancia para asegurar la actividad lectiva con las mayores garantías posibles a pesar de las dificultades encontradas, como la ausencia de más recursos personales, el elevado número de alumnos por aula o la falta de profesionales sanitarios en los centros escolares”.

En CCOO, la responsable de la Federación castellanomanchega de Enseñanza, Ana Sanroma, recuerda a elDiarioclm.es que este sindicato ha apostado por la “presencialidad segura y duradera” en todas las etapas educativas para “garantizar la equidad en el acceso a la educación”. La clave para ello, explica, es que se hubiera aprobado una bajada de ratios, tal como se indicó en el documento consensuado en junio por la mayoría de las comunidades autónomas: un máximo de 20 alumnos/as por aula. “El problema es que es solo una recomendación sin rango normativo”, lamenta.

Esa decisión al final la han tomado los centros y este sindicato critica que se no se haya atendido a su petición de que la responsabilidad de la toma decisiones sobre aspectos importantes de la organización y funcionamiento del centro no recayera en los equipos directivos. “La Consejería debía establecer normas claras y concretas que no dieran lugar a interpretación”.

Es una visión que han recogido del propio personal docente. Desde el IES Alfonso X El Sabio de Toledo, uno de sus profesores, que prefiere no dar su nombre, expresa sus temores: “Cuando los padres quieran pedir responsabilidades, nos la pedirán a nosotros, que ni estamos cualificados ni somos sanitarios. Aunque haya un responsable de COVID en cada centro, no es suficiente. La decisión sobre presencialidad o no ya la hemos tomado nosotros y a nosotros nos pedirán cuentas. Es una carga que no nos corresponde, que ha supuesto y supondrá un esfuerzo inaudito”, alega.

Otros matices encuentra por su parte Victoriana Martínez, profesora de Secundaria en el IES Ramón y Cajal de Albacete. Opina que desde el inicio de la nueva situación provocada por la pandemia, la Administración central ha delegado, en materia educativa, a las comunidades autónomas y estas a su vez en los centros educativos, “todas las tareas referentes a establecer un plan de inicio de curso”. “Considero que los centros no deben asumir esas responsabilidades, sino más bien colaborar con la Administración educativa con la implantación de las medidas y el asesoramiento”, subraya.

“Se ha dejado a los equipos directivos de los centros la enorme responsabilidad de implantar medidas de seguridad e higiene en materia de COVID-19 cuando los criterios por parte de la Administración deberían ser más claros, y ser iguales para todos los centros, es decir, establecer las clases presenciales o semipresenciales para todos los centros”.

En la misma línea argumentan desde FESP-UGT Enseñanza. Su responsable, Manuel Amigo, denuncia que no se haya establecido desde la Consejería de Educación una norma para decidir en qué momento un centro decide pasar de la presencialidad a la semipresencialidad en un determinado curso. Señala así una consecuencia: debido a esta falta de normativa un centro puede tener en régimen de semi-presencialidad a un determinado nivel educativo y otro centro de la misma localidad, atravesando la misma situación epidemiológica, va a estar en régimen de presencialidad. Esto sucederá porque las decisiones se basarán “sólo en criterios de sus equipos directivos, auspiciadas por si tienen espacios o no para desdoblar, de las ratios de alumnos por aula de las que partían, de si eran centros con muchos alumnos o pocos y del profesorado”.

Es más, comenta que el hecho de que las administraciones educativas “no marquen el paso” y “dejen la responsabilidad a los centros” está sucediendo desde que comenzó la pandemia. “Provocará que vaya a haber grandes diferencias entre el funcionamiento educativo de los centros y que alumnado se encuentre realidades diferentes”.

“Cada centro llevará a cabo sus medidas como mejor pueda”

En este inicio de curso “tan atípico”, STE-CLM, sindicato de enseñanza que pidió retrasar el inicio del año lectivo en institutos y colegios, considera que la semipresencialidad decidida en algunos centros “se llevará a cabo en cada uno como mejor se pueda”, criticando igualmente que la Junta no haya tomado las riendas en este asunto y no haya garantizado las condiciones laborales del profesorado. “La improvisación va mucho más allá. Todo se podía haber hecho antes y mejor”, añaden, adelantando que la asesoría jurídica del sindicato valorará la legalidad de las normas dictadas en la petición de responsabilidades “llegado el caso”.

Otros sindicatos como CSIF han iniciado una campaña para prestar apoyo y asesoría al personal docente ante la “incertidumbre” con la que se inicia el curso y la “falta de concreción” en los planes de Gobierno y comunidades autónomas para el comienzo de las clases. Así, difundirá entre el profesorado un formulario para que los servicios de prevención realicen una evaluación del puesto de trabajo y en su caso, se realice la correspondiente adaptación y se informe sobre las medidas de prevención y protección.

“A duras penas, ante la falta de directrices claras, en muchos casos la dirección de los centros ha realizado una planificación del curso, también en colaboración con las AMPA, con mucha incertidumbre, falta de certezas y con toda la responsabilidad sobre sus hombros ante las consecuencias que pueda tener la evolución, aún muy incierta, de la pandemia”.

En el ámbito político, el único partido político regional que ha profundizado en este tema ha sido Izquierda Unida (IU). Ha reclamado que el responsable COVID de los centros educativos debe ser sanitario a través de “criterios” que acuerden las consejerías de Sanidad y Educación, porque este cometido “supone cargar a un docente con una responsabilidad grande para la cual no está cualificado”. También el Partido Popular ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que cada centro cuente con profesionales de Enfermería. De cualquier forma, el curso arranca en esta región, con “todo preparado” según la Consejería de Educación y “todo por ver” según el profesorado.