Proanimal se querella contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por permitir a los cazadores saltarse el cierre perimetral autonómico

La caza deportiva y comercial está prohibida desde este sábado en el Parque Nacional de Cabañeros (en la imagen), en las provincias de Ciudad Real y Toledo, según recoge la Ley de Parques Nacionales aprobada en 2014, que posteriormente dio un plazo máximo de seis años para adecuar la norma a los propios parques. EFE/Beldad

La asociación Proanimal Castilla-La Mancha ha interpuesto una querella contra el director general de Medio Natural de la Junta de Comunidades, Félix Romero, por haber cometido un "presunto delito de prevaricación". "Lejos de velar por los intereses generales de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, hizo un uso arbitrario de su autoridad, a sabiendas de su falta de competencia, para favorecer, en contra de lo dispuesto en el Real Decreto del actual estado de alarma, la entrada indistinta de cazadores procedentes de otras Comunidades Autónomas a nuestra región", aseguran desde el colectivo.

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La organización se refiere a la apertura parcial del cierre perimetral en noviembre del año pasado para poder realizar la caza de "ciertas especies", argumentando que era una necesidad en el caso de identificar "sobreabundancia" de algunas especies. Sin embargo, el aumento de contagios por coronavirus en la región ha hecho que esta actividad se limite, igual que todas las demás, a los territorios de cada uno de los municipios. Así la caza dejaba de considerarse como una actividad esencial, en otras palabras.

Desde Proanimal critican que haya hecho falta un aumento en los contagios para que se suspendiese la resolución que permitía la entrada de cazadores a la región, "a pesar del estado de alarma y sin ningún requisito sanitario". Recuerdan que la resolucuón se publicó el día 21 de enero, "ocho días después de decretarse el confinamiento de todos los municipios de la provincia de Ciudad Real y tras dos días de vigencia del Decreto del Presidente de la Junta de Comunidades por el que se restringe la entrada y salida de personas en todos los municipios de Castilla-La Mancha".

Además, recuerdan que se suspenden temporalmente de los desplazamientos de los cazadores de otras comunidades, algo que lamentan por no ser definitiva, sino que "guarda la posibilidad de volver a autorizar la entrada de cazadores cuando lo tengan por conveniente". "Entendemos que se trata de un simple gesto de cara a la galería, motivado por la enorme alarma social que la autorización de entrada de cazadores había generado en la población, y porque en la situación actual lo que ya en origen era un atentado contra la salud pública ahora era una completa aberración".

En este sentido, aseguran que "difícilmente podrá justificar" el Director General mantener la autorización a los cazadores procedentes de cualquier lugar de España para "entrar y salir libremente" de la región. De este modo, recuerdan que está prohibida la movilidad no sólo entre comunidades, sino también entre provincias y municipios. Por otra parte, explican que se tendrá que justificar también ante la autoridad judicial que la medida de permitir entrar a los cazadores "no ha contribuido al aumento de contagios en la región". "No parece fácil, puesto que los datos oficiales de sanidad demuestran que ya hubo un incremento en la curva de contagios por COVID y de fallecidos en Castilla-La Mancha", recalcan.

Por otro lado, señalan que se tendrá que explicar a la población "cómo los cazadores de otras Comunidades si podían venir libremente a nuestras ciudades. Tal vez, es que desde la Consejería de Desarrollo Sostenible consideran que los cazadores son inmunes al COVID-19, o lo que es más probable, que el derecho a cazar en nuestra región es un derecho fundamental e inalienable, que está por encima incluso del derecho a la salud", concluyen.

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