Las familias desalojadas de un bloque de viviendas públicas ya han optado por soluciones habitacionales
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha confirmado que todas las familias del edificio de GICAMAN que fue desalojado el pasado mes de enero en Guadalajara, ya han optado por una solución habitacional de las tres que se les ofrecieron. Así lo ha anunciado antes de la comparecencia que se ha celebrado en las Cortes regionales, añadiendo que las dos familias que quedaban se decantaron la semana pasada por la ayuda económica, que se gestiona a través de Bienestar Social. “Una vez se han solucionado los problemas personales, venimos a explicarlo; antes, la información no habría sido total”, ha remarcado.
La titular de Fomento ha detallado que 26 familias han optado por ser reubicados, 7 por la rescisión del contrato y 10 por una ayuda económica de alrededor de 3.000 euros. En el caso de la reubicación ha sido la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), la que se ha hecho cargo de encontrar el nuevo hogar y también de sufragar el alquiler. En este caso el inquilino solo se hace cargo de la renta habitual de su vivienda de la calle Laguna de la Colmada, ya que el contrato se mantiene en vigor.
En el supuesto de la rescisión de contratos, se ha llegado a acuerdos de indemnización para finalizar el contrato de forma mutua, y en el de la ayuda económica el contrato con GICAMAN se paraliza hasta que los vecinos puedan llegar a sus viviendas y, mientras tanto, son los propios vecinos los que se hacen cargo de su habitabilidad.
La consejera ha querido aclarar que no se han cobrado nunca recibos por parte de la Junta de Comunidades ni de GICAMAN, explicando que en el caso del contrato con el edificio de la empresa pública cuando tuvo lugar el desalojo, ya se había girado el recibo del mes de enero y desde entonces no se ha vuelto a emitir ninguna. De esta forma, ha dicho que solo puede ocurrir en casos en que un inquilino inicia otra relación contractual con un tercero. Sobre esta cuestión, ha recordado que así se lo explicó en febrero al alcalde de Guadalajara, Antonio Román y que seguir insistiendo en “es mentir, y crear alarma entre la ciudadanía”.
En este sentido, la consejera ha expresado que la intención de GICAMAN, Gobierno regional, vecinos y de todos, en general, es que “los vecinos vuelvan cuanto antes a sus casas”. Por eso ha instado a “no hacer demagogia y utilizar un tema tan sensible y preocupante como las viviendas sociales en Castilla-La Mancha para hacer política”.
También ha explicado que ha habido tres casos de inquilinos que se encontraban en situación irregular; de uno de ellos no han tenido noticias y los otros dos se han tramitado a través de las ayudas de Bienestar Social, ya que la reubicación o rescisión de contrato no se han podido barajar debido a que no eran adjudicatarios de las viviendas ni habían formado parte de proceso desde el listado de demandantes. De esta forma, ha dicho, “no se puede hablar de desahucios cuando no eres el propietario de una vivienda”.
El informe del diagnóstico del edificio estará listo en unas semanas
Asimismo, la consejera de Fomento ha avanzado que en unas semanas estará listo el informe del diagnóstico global del edificio, que trasladará el mejor proyecto técnico de rehabilitación y devolverá al edificio las condiciones de habitabilidad. Todo quedará recogido en ese informe que está realizando la empresa especializada en análisis de patologías y estructuras de edificios Cemosa.
En cuanto al repaso que han hecho desde el origen de este asunto, la consejera de Fomento ha recordado que desde el primer momento, el Gobierno regional, GICAMAN, las direcciones provinciales de Fomento y Bienestar Social, y a través de la empresa contratada ACCEM para la asistencia y apoyo social, han estado “en constante y continua comunicación”. De hecho, ha reiterado en que sigue abierta la línea de comunicación y todos los vecinos pueden tener contacto con los técnicos y con la dirección provincial de Fomento.
Finalmente, ha insistido en que no ha habido nunca peligro de derrumbe o colapso, mientras que sí se encontraron deficiencias en la escalera central. Este problema fue atajado el mismo día 13 de enero, dos después del desalojo, cuando se hizo un apeo en esa escalera.
La consejera también ha querido precisar que el principal partido de la oposición en la región sigue insistiendo en un dato “erróneo”, ya que “nunca ha habido 300 desalojados, pero no lo dice la consejera de Fomento sino la Policía Local de Guadalajara”, ya que el día del primer desalojo había 108 vecinos entre todas las viviendas.
