La Junta aumentará la partida del Ingreso Mínimo de Solidaridad para evitar que vuelva a agotarse
El penúltimo Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del año ha decidido ampliar en 5 millones de euros la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) de cara al ejercicio 2020 hasta alcanzar los 18,5 millones de euros tras agotarse este año y evitar que vuelva a repetirse esta situación, que denunciaron varios afectados y trabajadores de los servicios sociales. Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, quien ha concretado que la partida del IMS de cara al ejercicio 2020 partía con 13,5 millones de euros y hoy se ha decidido que sea ampliable a otros cinco millones de euros más hasta alcanzar los 18,5 millones.
Según afirma, supone “triplicar” la cifra que se encontró el Gobierno de Emiliano García-Page en el año 2015. “Nos encontramos con que las ayudas del IMS y de Emergencia Social juntas sumaban tanto como dinero” que el Gobierno del PP “se gastaba en altos cargos”, algo que “fue muy polémico en su momento”.
Lo que ha sucedido este año, ha explicado, es que con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado el IMS, que es una ayuda de 525 euros al mes, que además tiene un incremento de un 15% por el primer familiar y de un 10% por el resto de familiares.
Ayudas excepcionales para red pública de atención a la discapacidad
Esta reunión del Consejo de Gobierno también ha aprobado un lote de medidas sociales destinadas a varios sectores. Por un lado ha dado luz verde a la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, de diferentes subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para garantizar el correcto funcionamiento de los distintos centros y servicios de la Red Pública de Castilla-La Mancha destinados a la atención de las personas con discapacidad. En total, suman un millón de euros. Con ello, el Ejecutivo quiere dar “estabilidad financiera” a estas entidades.
Se trata de una respuesta puntual a determinadas entidades que gestionan centros y servicios de la red pública y que se encuentran en una situación de “desequilibrio” al tener que implementar el incremento de los costes laborales derivados de nueva regulación estatal que afecta a la subida del SMI y aplicación del convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
La portavoz ha precisado que con esta medida se beneficiará a 34 asociaciones y fundaciones vinculadas vinculados a la atención temprana, a la capacitación e inclusión sociolaboral, al fomento de la autonomía personal y a la atención residencial y la acción tutelar, todos ellos destinados a prestar atención y apoyos a las personas con discapacidad y a sus familias en toda la comunidad autónoma de Castilla-la Mancha.
Familias numerosas, infancia e inclusión social
Por otra parte, Blanca Fernández ha anunciado que el Gobierno regional destinará a lo largo del nuevo año un total de 6,5 millones de euros en ayudas económicas a las familias numerosas de la región que tengan hijas e hijos menores de 18 años a su cargo. Este tipo de ayudas “tienen la finalidad compensar a las rentas en función de las cargas que soportan y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y las madres trabajadoras”.
Teniendo en cuenta la evolución de las ayudas económicas concedidas a familias numerosas en los últimos tres años -de 13.412 en el año 2016 se pasó a 13.857 en 2018-, la portavoz del Ejecutivo regional estima que “podremos beneficiar en torno a 14.000 familias para hacer más fácil su día a día”. Es decir, el 42% de las 34.000 familias numerosas registradas en Castila-La Mancha.
Por último, el Consejo ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y las familias por un importe de 6 millones de euros para el año 2020; y también la convocatoria para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales, cuya finalidad es la atención de situaciones de riesgo o exclusión social, con la novedad de que se primarán nuevas actividades en zonas especialmente deprimidas por problemas de despoblamiento y declive socioeconómico.
