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Abordamos la necesidad de regularizar la situación de las colecciones arqueológicas que se exhiben en los museos locales o la gestión que debe hacerse con los yacimientos arqueológicos en la región. El título de la columna de este jueves, con la que cerramos estas reflexiones, lo hemos redactado en tonos apocalípticos para abordar uno de los problemas de la arqueología que más me han preocupado durante todo el tiempo: el uso de los detectores de metales y la acción de los furtivos.
Les pondré en antecedentes a mis lectores: fui concejal de Cultura de mi localidad natal durante unos años (1987-1992) y, entre otras iniciativas, procuré proteger los yacimientos arqueológicos del término municipal, cooperando en la realización de la carta arqueológica y estableciendo las cautelas que la legislación permitía en esos momentos a los ayuntamientos en sus respectivos términos municipales y zonas urbanas. Realicé intervenciones de urgencia (solar de la que fue iglesia de la Vera Cruz, 1987), medidas preventivas (diseminar virutas metálicas sobre las áreas arqueológicas) o denuncias (saqueo de tumbas musulmanas en El Calaminar o robo de elementos pétreos -brocales y abrevaderos- del término).
También intenté llamar la atención (sin pruebas no hay delito, y, por tanto, no se puede denunciar) sobre el furtivismo. Tanto es así, que recordará la persona encargada de realizar la carta arqueológica municipal la escena que protagonizamos con un vecino al que recurrimos para que nos ayudara a localizar los yacimientos de la localidad. Probablemente, el consejo de una persona cercana, profesional de la gestión cultural, ha hecho que, en los últimos años, aquel que logró formar una de las mejores colecciones numismáticas que existen en nuestra región (y, junto a las monedas, una rica colección de piezas arqueológicas) exponga parte de su colección al público y haya creado un grupo de amantes de la arqueología animando, además, a que se colabore en este campo con las autoridades y a la buena gestión del patrimonio arqueológico en el entorno.
Me ha impulsado a realizar esta difícil entrega la lectura del columnista de El País, especializado en patrimonio arqueológico, Vicente G. Olaya, que empuja a pensar en la posibilidad de encontrar al “expoliador arrepentido” a la vez que reproducimos lo que dice en otro momento: “Los detectores de metales deberían venderse, como las armas, previa autorización de la Guardia Civil, ya que con ellos se pueden cometer delitos, y contar, como los móviles, con un GPS para saber cuándo, quién y dónde los emplea” y lo hacemos para que se incluya en la normativa regional que desarrolle nuestra actual Ley del Patrimonio Cultural.
Creemos que se necesita, para vigilar los yacimientos arqueológicos -tanto los recogidos en las cartas arqueológicas como aquellos que han sido excavados-, una coordinación mayor entre las delegaciones de la Viceconsejería de Cultura y los Cuerpos de Seguridad del Estado. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) actúa principalmente en la protección del Patrimonio Arqueológico y realiza la inmensa mayoría de las actuaciones por expolio en yacimientos arqueológicos, coordinado con el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, del Servicio de Policía Judicial. Ellos han desarrollado, por ejemplo, la “operación Laurel-Bronce” que ha logrado recuperar y entregar piezas a los museos provinciales de Albacete (246 piezas) y Cuenca (156 piezas).
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