Ejercer nuestros derechos culturales

Reconocidos por la ONU desde 1948 y equiparables a derechos como el del trabajo, son el objeto de un plan que el Ministerio de Cultura pretende aprobar en 2025. Se trata de 146 medidas a implementar en dos fases: 100 a corto plazo, para 2027; las demás, para 2030. En parte, como todas las medidas que se presentan actualmente, es contenido mediático, pero, al menos, es un plan, con objetivos, cronograma y medidas. Es interesante porque implica a las comunidades autónomas, a los sectores culturales y a la ciudadanía, y sus resultados indicarán hasta qué punto los castellanomanchegos avanzaremos en el ejercicio de los derechos culturales.

El plan pretende, invocando la Declaración Universal de los Derechos Humanos e interpretando el art. 44 de la Constitución Española que dice que “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, remover y repensar la acción pública en el sector, con el objetivo de paliar las desigualdades de acceso, participación y creación, combatir censura, injerencias y precariedad o mejorar la percepción ciudadana de las artes”. Claro está, el Ministerio, para su ejecución, cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas.

Se basa, como otras medidas anteriores, en descuentos en museos, teatros y auditorios, en discriminar positivamente a aquellas personas con rentas más bajas, colectivos vulnerables o al mundo rural, para cuyos habitantes el acceso a la creación y las manifestaciones culturales presenta más dificultades. Asimismo, establece mayores vínculos entre cultura y educación, salud mental, sostenibilidad o diversidad.

El Plan se ha redactado atendiendo a las aportaciones de seis comunidades autónomas -no lo ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha-, y de los sectores implicados, de 300 expertos, entidades, grupos de trabajo reunidos en torno a 13 ejes, en entrevistas y en unas 1.000 propuestas de la ciudadanía. Cuenta con un presupuesto de casi 80 millones de euros (de los cuales 46 son de nueva inversión).

El propio Plan explicita las graves carencias que hasta ahora ha tenido el consumo y disfrute cultural, El Libro Blanco de Derechos Culturales, es un estudio sobre la diversidad étnico-racial, sobre desigualdades en la participación o sobre la percepción social de la cultura. El género, nivel de estudios, el lugar de procedencia y residencia, las discapacidades, el poder adquisitivo se han señalado como las barreras que impiden la igualdad de la ciudadanía ante los derechos culturales.

Y a escala regional se tendrían que replicar algunas de las medidas que contempla el Plan para ir avanzando en este campo: Cursos de formación para el profesorado; dinamización de los espacios culturales (Museos, bibliotecas, archivos, circuitos de teatro, música o artes escénicas); fomento del conocimiento del caló y romaní entre el pueblo gitano que vive en la región y políticas activas para preservar la diversidad; redacción de un código de buenas prácticas en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; acciones destinadas a combatir las brechas de género y desigualdad, entre ellas las del acceso a la cultura de los territorios “vaciados” de nuestra región, de los colectivos de inmigrantes que llegan a ella.

Reconoce el Plan que muchas de las políticas culturales han contribuido a alejar a la población del consumo y disfrute de la cultura y que, en la vida política e institucional, los asuntos de la cultura no se perciben como relevantes o urgentes. Y eso es, precisamente, lo que intenta solventar el Plan del Ministerio de Cultura. No seamos pasivos en nuestra región ante la propuesta, acojámosla y dinamicémosla, hagámosla propia.