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Se repiten una y otra vez los mismos hechos. A saber, que las empresas e industrias privadas buscan obtener el máximo de beneficio por sus actividades, sean bancos, petroleras, gasísticas, eléctricas, farmacéuticas o cualquier otra empresa de mayor o menor tamaño. Si esto es algo probado y admitido, lo grave es que se repitan los fallos una y otra vez porque se nos olvidan abusos del pasado. En realidad, se nos olvida todo. Somos la sociedad que, con la máxima cantidad de información, olvida rápidamente porque de lo contrario nuestro disco duro colapsaría.
Otro hecho probado y admitido es que las empresas y las industrias buscan nichos de mercado para sus actividades. Y de la mano de los neoliberales y las derechas políticas occidentales nos viene que la educación, en cualquier nivel, es una fuente de negocio.Que la gestión de las residencias para la tercera edad es un negocio al alza por el envejecimiento galopante de la población.
Y por último, el gran chollo, la joya de la corona para el capital, es la salud. Es un negocio que no cesa, siempre al alza, y rentable, muy rentable. ¿Quién no está dispuesto a dar lo que tiene, pagar lo que no tiene para conseguir la salud propia o la de un familiar? Hay gentes que venden cuanto poseen para hacer frente a la enfermedad. Conocemos, desde hace años, experiencias aterradoras que nos llegan de los Estados Unidos, donde el capitalismo más feroz campa a su antojo en la sanidad del país. O tienes recursos o te mueres.
Bien, pues en estos tres sectores, educación, tercera edad y salud, es donde se introducen trucos diversos para arrancar a los Estados unos servicios públicos que les son propios para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Incluso se presentan como un servicio, subsidiario de momento, esencial tan pronto se hagan más fuertes, a la Comunidad. Una falacia sideral para enmascarar la penetración del capital privado en sectores de alta rentabilidad económica.
Al principio la apetencia por el beneficio será más controlada, pero con el paso del tiempo, con el olvido de los fracasos de anteriores experiencias, la ambición del máximo beneficio se disparará. Es lo que contemplamos en el Hospital de Torrejón de titularidad pública y gestión privada. Se propone que se aumenten las listas de espera, se rechace el tratamiento de enfermedades costosas, se seleccione a los pacientes en función de su rentabilidad, se reduzca el personal, se recorte el material y cuantas medidas faciliten el beneficio que los inversores demandan.
Pero como el caso del hospital de Madrid o el de Alzira, en Valencia, hay otros hospitales con este régimen. Entre ellos el de Toledo, en el que la gestión privada condiciona la actividad pública. No basta con las cantidades fijas que se les pagan anualmente de cada presupuesto institucional, unos 70 millones o más de euros, sin desglosar demasiado, a la UTE Nuevo Hospital de Toledo S.A., en el caso de Toledo. Se buscan además otras rentabilidades, reduciendo estancias, manteniendo cerrados quirófanos, explotando aparcamientos. El ciudadano se transforma en cliente. Las personas se difuminan: solo son cuentas corrientes o pagadores de facturas.
¿Y qué hacen las administraciones públicas que deben garantizar la igualdad de todos? Pagan de sus presupuestos cantidades siempre al alza durante años, toleran prácticas que gerentes avispados imponen para incrementar beneficios. ¿Y de controlar, inspeccionar, vigilar para la mejora del servicio? Aceptamos que se hace hasta que salta algún escándalo. Caso de los cribados de cáncer en Andalucía. Cuando esto sucede se emiten declaraciones sensacionalistas, se producen silencios ominosos o se elige esperar al olvido. Y así, se continúa con las prácticas habituales que consiste en que la educación, la tercera edad y la salud aporten cada vez más recursos públicos a negocios privados.