Un año de la polémica Ley de Caza aprobada por el Gobierno del PP
El 5 de marzo de 2015 se publicaba de manera oficial el texto de la Ley 03/2015 de Caza de Castilla-La Mancha. Un trámite oficial que escondía detrás miles de firmas ciudadanas en su contra, la práctica totalidad de las grandes asociaciones ecologistas que la señalaban como una legislación “lesiva” y, finalmente, el PSOE, único partido en la oposición que reclamaba en contra del documento al haberse presentado y aprobado sin consenso. La entonces consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, defendía sin cesar los aspectos positivos de la ley y aseguraba que todas las acusaciones en su contra eran falsas.
Y es que las críticas a la Ley de Caza fueron extremadamente duras. Ecologistas en Acción, también parte de la Plataforma en Contra de la Ley, hizo llegar en 2014 un documento muy extenso con alegaciones a la Ley. Desde el proceso de participación pública, que fue tachado como no correcto, pasando por el informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente y las deficiencias en la memoria justificativa del anteproyecto, la asociación ennumeraba los errores cometidos en el proceso de presentación de la legislación. Ecologistas señalaba que no se encontraba “ni un sólo análisis justificado” de la situación de la caza en Castilla-La Mancha.
Pero la asociación, a la que se unieron también el partido PACMA, WWF España, Greenpeace y SEO Birdlife, denunciaba aspectos mucho más graves de la Ley. Principalmente, anunciaban que con la aprobación de la Ley se ponía en riesgo el uso del monte público y los espacios naturales, ya que se situaba a la caza como principal prioridad por encima de otros usos tradicionales, como la recolección de setas, el senderismo o andar en bicicleta. En un comunicado conjunto, las agrupaciones ecologistas denunciaban la intensificación de las prácticas de caza que aumentarían los impactos en el medio rural, aduciendo que proliferarían los vallados ya que se autorizaban los cercados interiores en las fincas.
Por otra parte, señalaban que no se afrontaba la calidad de especies autóctonas como la perdiz roja, ciervo ibérico o jabalí ibérico, ni tampoco los problemas de la caza menor. En definitiva, señalaban que se promovían prácticas que sólo iban en favor de la caza intensiva y que se facilitaba el control de predadores y que se reducía la obligación a los titulares de vigilancia para evitar el uso de veneno, lo que supone un retroceso en la normativa contra este importante problema de conservación. Por su parte, PACMA denunciaba que la ley permitía métodos crueles de caza, como la con lanzas o lazos y la autorización para capturar o incluso abatir a tiros animales domésticos como perros o gatos.
Movilización ciudadana
La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha nació como una manera de aglutinar a todos los colectivos de la región que querían impedir su aprobación. Fue esta Plataforma la encargada de reunir firmas para entregarse al Gobierno regional, que se entregaron en noviembre de 2014. El colectivo pedía directamente a María Dolores de Cospedal que retirase el entonces anteproyecto de la ley de Caza, al considerarlo un “atentado” contra la naturaleza y los derechos de los ciudadanos al acceso al medio ambiente. Ese día se entregaron cerca de cien mil firmas, por lo que se consideraba que la “inmensa mayoría” de la ciudadanía estaba en contra de la Ley.
En febrero de 2015, días antes de la aprobación definitiva de la legislación, diversos colectivos y centenares de personas se dieron cita en Toledo en una manifestación que pedía entre ladridos y gritos la retirada de la Ley. Acudieron activistas animalistas conocidos como Lluvia Rojo, quien estuvo encargada de leer el manifiesto confeccionado para la ocasión. ¡Cospedal, no a tu Ley medieval! gritaban los asistentes en una marcha que fue calificada como de éxito por la organización, pero como fracaso por los cazadores.
Un año después, ¿Qué pasa?
¿Qué esperan los animalistas ahora que ha pasado un año con la ley vigente? Esther Durán, la coordinadora regional de PACMA lo tiene claro. “La ley sigue en vigor, a pesar de haber cambiado el Gobierno regional y una de las promesas era que iba a ser derogada o, al menos, modificada. No hemos visto, por ahora ningún avance”, señala Durán quien insiste en que para PACMA la Ley “no tiene cabida” en una sociedad del siglo XXI. “Castilla-La Mancha es conocida por la crueldad de esta ley, por promover métodos de caza como los lazos o el jabalí con lanza, lo que nos recuerda a la prehistoria”, afirma la coordinadora regional.
