Los detalles del nuevo reglamento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha

El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene nuevo reglamento de organización y funcionamiento. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la modificación del texto, que fue aprobado en el pleno de las Cortes regionales del pasado 27 de noviembre.

El Consejo está adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha y tiene entre sus objetivos aprobar y remitir a las Cortes y al Gobierno Regional un plan de trabajo anual y una memoria sobre su actividad; informar al Gobierno Regional en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información pública.

Esta modificación se hace para adaptarlo a las nuevas normativas regional, estatal y europea, según informan las Cortes de Castilla-La Mancha. En la ronda de votaciones se rechazaron las diez enmiendas parciales del Grupo Vox y salió adelante con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y Vox.

Una modificación que está encaminada a incorporar la figura de Autoridad Independiente de Protección del Informante entre las funciones del Consejo.

La principal novedad es la inclusión de un sexto capítulo, que trata sobre las funciones de protección al informante y la lucha contra la corrupción. En él, se desarrollan medidas para proteger a aquellos informantes externos que trasladen al Consejo alguna denuncia; la creación de un mecanismo para recibir y gestionar informaciones y denuncias; y se permite la posibilidad de establecer colaboración con otras administraciones para intercambiar información y realizar actividades preventivas.

Además, a la hora de actuar en estas materias, el Consejo deberá de garantizar la presunción de inocencia y derecho de defensa; ser rápido y eficiente n los procesos de verificación e investigación; tener la máxima reserva y protección de la información cuando proceda; y separar las funciones entre quien instruye y quien decide.

También se desarrollan los derechos de la persona denunciante, se prohíben las represalias contra ella y se establecen las represalias a tomar en caso de denuncia falsa.