El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá adelante con la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa, en medio de las numerosas críticas realizadas por los sindicatos que han pedido su retirada tras el “varapalo” del dictamen del Consejo Consultivo. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha defendido que el objetivo de la ley es hacer una “administración más ágil” con menos trámites “innecesarios” para la ciudadanía y las empresas. Padilla ha asegurado que se tendrán en cuenta las “observaciones” del Consejo Consultivo para que la ley “pueda publicarse de la mejor manera posible”
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, comenzando así con la tramitación parlamentaria de una norma que va a suponer “una revolución” en la Administración regional “para hacerla más moderna” y reducir “al máximo” los trámites burocráticos.
La portavoz regional ha defendido que con la ley se reducen “los tiempos” y la “documentación a aportar”, mientras se impulsa el uso de las herramientas digitales y el uso de la inteligencia artificial. “Precisamente para contribuir a facilitarles la labor a los ciudadanos de cara a la administración, a ser proactivos e incluso evitar desplazamientos”, recalca. Todo esto va a “facilitar la vida a las personas” y a “impulsar la economía, fomentar la inversión y mejorar la transparencia”.
La norma que aprobamos es enormemente garantista, más incluso que en el resto de comunidades autónomas
El dictamen del Consejo Consultivo criticaba en concreto la “indefinición” del papel que cumplirán las llamadas entidades colaboradoras de la administración. Una figura, defendía Padilla, que “no nos hemos inventado en Castilla-La Mancha”, sino que llevan funcionando “mucho tiempo” en España. Por eso, la portavoz regional ha defendido que lo que se hace es “definir lo que son” y “establecer los requisitos que deben cumplir para constituirse como tales”. “La norma que aprobamos es enormemente garantista, más incluso que en el resto de comunidades autónomas”, aseveró Padilla. “La ley deja claro que no van a ejercer nunca potestades públicas”, destaca.
El resumen de Padilla es que la ley quiere implantar un “modelo de admniistración que confía en ciudadanos, ciudadanas, en las empresas y en las entidades”, y que por eso se quieren “agilizar” los procedimientos con herramientas como una modalidad de declaración responsable en lugar las autorizaciones. La ley, explicó la portavoz, introduce también el silencio administrativo “positivo” en lugar del denegatorio. También se establecen procedimientos de resolución plazos reducidos de 3 meses, añadió, una tarea que el Gobierno se pone a sí mismo para “ser más ágiles en la en la gestión”.
“Digitalizar la administración es la verdadera forma de simplificar la administración”, aseveró igualmente Padilla, para explicar que se regula también la inteligencia artificial en en la administración regional como una herramienta para prestar servicios a la ciudadanía. La regulación, detalló, persigue dar “seguridad jurídica tanto a los empleados y empleadas públicas como también a los usuarios y a las usuarias que se acercan a la administración para ser beneficiarios de determinados servicios”.
Y el espacio ciudadano es otra de la novedad, “por no decir la novedad por excelencia”, en palabras de la portavoz, uno de los “ejes centrales” de la ley y que se ha concebido como una plataforma de servicios digitales por la información de personas físicas, entidades y empresas para realizar actuaciones como, por ejemplo, el acceso a expedientes y notificaciones y el seguimiento del estado de la tramitación y procedimientos de los que sea parte.