El PP suspende a su presidente en Valdepeñas, acusado de falsedad documental

El presidente provincial del PP en Ciudad Real, Carlos Cotillas ha asegurado en la Cadena Ser que se aplicarán los estatutos del Partido Popular y se suspenderá a Antonio de la Torre, presidente local del partido en Valdepeñas, tanto de esta responsabilidad como de la militancia del partido, después de que se confirmara la apertura de juicio oral en su contra. De este modo, el expediente informativo que ya se había abierto a de la Torre se convierte en disciplinario.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas ha dictado auto de juicio oral contra el presidente del PP de Valdepeñas y concejal en el Ayuntamiento, Antonio de la Torre, quien tendrá que explicar dos presuntos delitos de falsedad en documento privado y otro más por falsedad contable relativo a la financiación del partido en la localidad ciudadrealeña, tal como señala el auto recogido por Europa Press. Además, el juzgado exige una fianza de 18.300 euros para asegurar posibles responsabilidades pecunarias.

Los delitos que se achacan a de la Torre se remontan ya al 2007, cuando el 'popular' presentó una querella por presunta prevaricación en contra de Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, tras el nombramiento del gerente de Urbanismo, Francisco Delgado, quien ostenta actualmente el cargo de concejal de Hacienda, Personal y Régimen Interior y Sociedad de la Información, a quien además se le achacaba ser responsable del mismo delito y de otro de negociaciones prohibidas.

El 'popular' adjuntó un poder notarial del PP que le permitía llevar a cabo la querella, documento que actualmente se encuentra en investigación. De la Torre aportó también una fianza de 24.000 euros al presentar la denuncia, junto al poder notarial que había sido otorgado, presuntamente, por la secretaria de la Junta local del PP en Valdepeñas. Dicho procedimiento contra los cargos del PSOE fue archivado, y fueron los mismos los que denunciaron al 'popular' por presunta falsedad.

Los 24.000 no figuran en la contabilidad del PP

El mismo de la Torre aseguró en declaración que los 24.000 euros aportados como fianza en dicho proceso no figuraban en la contabilidad del partido. Además, explicó entonces en sede judicial que fueron afiliados y simpatizantes quienes contactaron con miembros del partido para constituir dicha fianza, y que el motivo de que no entrara en la contabilidad del partido es que se recogió “exclusivamente” para esa finalidad.

En las diligencias previas consta también la declaración del propietario de un establecimiento de joyería de la localidad en la que se devolvió una vez devuelta por el juzgado, donde el joyero asegura que dicha cantidad fue aportada, además de por él, por el expresidente de la CEOE provincial, un médico del centro de salud II de Valdepeñas, un empresario y el excandidato de IU en las elecciones locales de 2007, Juan Antonio Fuentes Otero.

El joyero aseguró días antes de la identificación de donantes en una declaración como testigo en la causa que en un principio no sabía para qué se le requería el dinero y que desconocía que fuera para un partido político, indicando que se le había “metido en el ajo” sin quererlo.

Según la prueba pericial, habría una firma falsa

El Ministerio Fiscal dirigió, a finales del pasado marzo, al Juzgado de Instrucción Número 2 de Valdepeñas su acusación contra Antonio de la Torre Camacho, y solicitaba un año y tres meses de prisión al considerar probado un delito de falsedad documental que se remonta al año 2007, poco antes de las elecciones municipales del mes de mayo, cuando el dirigente 'popular' presentó una querella por presunta prevaricación contra el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, por el nombramiento del gerente de Urbanismo, Francisco Delgado.

Según el escrito de acusación, tras realizarse las pruebas periciales, se concluyó que la firma era “falsa por imitación servil”, y que el documento fue presentado “a sabiendas de la falsedad en la firma” y en “perjuicio” de los querellados, Jesús Martín y Francisco Delgado. Estos hechos eran para el fiscal “constitutivos de un delito de falsedad documental en documento privado” y por ello se procedía a imponer al acusado la pena de prisión ya mencionado, a lo que se sumaba también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por todo el tiempo de condena, así como las costas.