El retraso en la readmisión de los interinos costará 7,2 millones de euros, según los sindicatos
El anuncio de la Junta de Comunidades de retirar el recurso impuesto contra la orden de readmisión de los alrededor de 400 interinos ha sido recibido con escepticismo e indignación por los sindicatos representantes de los trabajadores desde su despido, en agosto de 2012. Beatriz Tormo, de UGT, ha asegurado que el Gobierno está “entre la espada y la pared” y que la decisión se tomó sólo porque la Junta no puede permitirse otro “varapalo de otro tipo”. Tormo sí ha sido firme al pedir la dimisión del Consejero de Presidencia, Leandro Esteban, por su “actitud despótica y dictatorial”, durante todo el proceso.
Tanto Tormo como el representante de STAS Castilla-La Mancha, Gustavo Fabra, han querido recordar como desde el inicio de este proceso, la Junta de Comunidades se ha encargado de llevar a cabo una negociación inexistente, con una orden que estaba firmada tres días antes de convocarse la mesa sectorial en la que se comunicó el despido de cerca de 700 trabajadores. Desde ese momento, los sindicatos resuelven finalmente interponer una denuncia por valoración de los derechos fundamentales de negociación, que es admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sentencia ante la cual se impone el recurso retirado este domingo.
El comunicado hecho público por la Junta de Comunidades asegura que ha decidido “poner fin a una situación de incertidumbre, que podría resultar costosa para todos los ciudadanos”. Los sindicatos responden ante esto que llevan desde el día en que salió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 27 de enero de este año, exigiendo al Gobierno que se ponga fin a la situación debido a los altos costes, que se estiman en un total de 24 y 30 millones de euros, según la situación laboral de cada trabajador. Además, el retraso de esta medida desde enero supone un gasto estimado de 7,2 millones de euros a día de hoy. Otro de los argumentos que los sindicatos señalan como “sospechosos” es el cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el que se estipula que las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo dependen de la Comunidad Autónoma, cambio llevado a cabo en febrero. “Nos parece increíble y lamentable lo que afirma la Junta”, ha asegurado Beatriz Tormo, quien también ha reprochado los tintes electoralistas de la decisión de la Junta.
Por su parte, Anastasio Lorente de STAS ha asegurado que se ha jugado con la situación de muchas personas, quienes se encontraban en algunos casos en situaciones extremadamente graves, mientras los servicios públicos no han podido contar con ellos y su trabajo. “No es el Gobierno quien pagará esta incompetencia”, ha advertido Lorente. Gustavo Fabra, del mismo sindicato, ha asegurado que será el dinero de los ciudadanos quienes pagarán el “mayor escándalo de la historia de la función pública de Castilla-La Mancha”, al no existir responsabilidad patrimonial dentro del Gobierno autonómico. Fabra ha asegurado además, que no permitirán que se cese a los trabajadores que serán readmitidos sólo con un “cheque bajo del brazo” y que se convocarán asambleas y movilizaciones para garantizar el reingreso y el refuerzo de los servicios públicos.
Fabra ha hecho llegar también la incredulidad general ante la cobertura del Ente Autonómico de Radio y Televisión, asegurando que la noticia es que la Junta ha sido condenada por vulnerar la constitución pública, no solucionar las incertidumbres de los trabajadores públicos. “Su deber, señor Villa, es informar con la verdad. Es un escándalo que se haga propaganda del escándalo más grande de la función pública en Castilla-La Mancha, ha asegurado.
