El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha anulado 98 puestos de trabajo de libre designación creados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2019.
Es la resolución judicial al recurso presentado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM), al considerar que el Gobierno regional vulneró los procedimientos legales establecidos para la planificación del empleo público y el derecho a la negociación colectiva.
La sentencia aún no es firme, pero desde el sindicato denuncian que “se está politizando la Administración” y que con esta medida se pretende acabar con la elección “a dedo” de puestos de alto nivel.
Antecedentes y juicio
La Junta de Castilla-La Mancha convocó la mesa sectorial de negociación en septiembre de 2019 donde entre “cuestiones de dinámica diaria”, según explica el abogado que representa al sindicato, José Emilio Rubio, existían diferentes resoluciones donde se creaban casi un centenar de puestos de trabajo de libre designación. Destaca que “no tienen nada que objetar en que existan puestos de trabajo que se deban cubrir con libre designación, pero que no se convierta en una adjudicación a dedo”.
En este caso, el sindicato cree que “esta maniobra supuso un uso arbitrario de los recursos públicos para colocar a personas afines al partido en el poder, sin respetar los principios de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública”.
La sentencia, fechada el 19 de mayo de 2025, estima el recurso presentado por STAS-CLM y declara nulas las 10 resoluciones “por las que se adapta a la estructura orgánica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario” en todas las consejerías -exceptuando Igualdad- de la Junta de Castilla-La Mancha, así como para la Presidencia y la Agencia Regional del Agua.
La sentencia judicial considera que la creación de estas plazas se realizó sin la debida negociación con los sindicatos, vulnerando el derecho a la negociación colectiva, elemento esencial del derecho a la libertad sindical protegido por la Constitución. Además, se señala que la documentación remitida a los sindicatos fue insuficiente y enviada con escaso tiempo para su análisis, lo que impidió una evaluación adecuada por parte de los representantes sindicales.
El abogado ha puesto como ejemplo que uno de los puestos recurridos por STAS correspondió a la creación de dos Jefaturas de Área, de nivel 30, en la Consejería de Fomento, con 29.748 euros de complemento específico, a lo que se sumaba el sueldo base y la antigüedad.
“Podemos estar hablando perfectamente de un nivel retributivo de en torno a los 50.000 euros”, ha denunciado el jurista. En ese detalle, aludía a la creación de varios puestos de nivel 28, que eran los que llevaban las redes sociales de la Junta, “cobrando 45.000 euros”.
Valoración del sindicato
Desde el sindicato sostienen que “se está politizando la Administración”, tal y como señala Gustavo Fabra, portavoz de STAS-Castilla-La Mancha. Denuncia también que existe “un chiringuito, donde se coloca a gente afín al Gobierno de la región” y donde no se tiene en cuenta a los sindicatos en la mesa de negociación. “En 2015 existían 87 altos cargos, ahora hasta 148. No son necesarios tantos puestos públicos. También ocurre con el personal eventual o de libre designación”, explica Fabra.
El hecho de crear muchos altos cargos deja puestos medios o básicos sin personal, señala STAS, y es una realidad que afecta a multitud de organismos públicos como las residencias de mayores o las delegaciones provinciales, tal y como explican desde el sindicato. Aseveran que “son la puerta de acceso de la ciudadanía, están colapsadas y los trámites se alargan en el tiempo y los expedientes se acumulan porque no hay personal para atenderlos”.
En Castilla-La Mancha no existe un porcentaje máximo ni mínimo de plazas de empleo público que se puedan asignar mediante libre designación, ya que no es un aspecto que se encuentre regulado.
La sentencia aún no es firme, dado que existen 15 días en los que la Junta puede presentar un recurso de apelación, aunque desde el sindicato creen que “la sentencia no tiene recorrido”, ha explicado el abogado José Emilio Rubio.
“Tras esto el siguiente paso a seguir es convocar una mesa de negociación, donde recomponer la situación y ver cómo se ejecuta la sentencia. Si hay puestos de trabajo que se anulan la Administración tendrá que ver cómo recoloca a ese personal y se tendrá que volver a negociar, como se debe hacer en cualquier política de empleo público”.
El Gobierno regional recurrirá la sentencia
El Gobierno regional va a recurrir en apelación, en los plazos que establecer la legislación vigente, la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo que anula estos 98 puestos de trabajo. Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina: “Es una sentencia que, por supuesto, respetamos, pero no compartimos y, por lo tanto, vamos a recurrir en los plazos que establece la legislación vigente”, ha dicho Ruiz Molina, que ha puesto el foco en que el juez que dicta la sentencia “no entre en el fondo del asunto, en cuanto a los sistemas de provisión de puestos de trabajo”.
“Lo que considera el juez es que no le hemos dado el tiempo suficiente a los sindicatos para estudiar la propuesta que llevamos en el 2019 a una mesa de negociación, que no hemos respetado lo que sería el proceso normal de negociación colectiva”, ha considerado, según recoge Europa Press.
En cuanto a la denuncia del STAS, que mantiene que entre 2015 y 2025 el Gobierno regional --sumando altos cargos, personal eventual y libre designación-- ha pasado de 918 puestos a 1.305, lo que supone un aumento del 42%, Ruiz Molina ha opinado que estas afirmaciones han sido “dictadas en función de lo que le hayan trasladado los dos grupos políticos que están en la oposición”, en alusión a PP y Vox, y ha asegurado que estos datos “no son verdad”.