La Plataforma por la Vivienda de Castilla-La Mancha apoya la huelga general y critica la “falta de respuesta” de la Junta

Falta menos de un mes para la huelga general por la crisis de la vivienda planteada por el Sindicato de Inquilinas y apoyada y convocada por numerosas sindicatos, entre los que están CCOO, UGT, CGT e Intersindical.

En Castilla-La Mancha, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional ha mostrado su apoyo y adhesión para el paro que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, y llama a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Desde la plataforma justifican este apoyo desde una perspectiva de “derechos humanos”. “El derecho a una vivienda adecuada obliga a las administraciones a respetarlo absteniéndose de desalojar sin garantías, a protegerlo frente a la especulación de fondos y grandes tenedores, y a garantizarlo con medidas positivas —parque público, alquiler asequible, alternativa habitacional real— allí donde el mercado lo niega”, explica en un comunicado.

Por eso, la plataforma reclama una serie de medidas que consideran “mínimos irrenunciables”. Entre ellas, piden que se frene la especulación con la vivienda, que se dé seguridad en los contratos de alquiler -y propone medidas como los contratos indefinidos- y que se declaren zonas tensionadas -en Castilla-La Mancha, tan solo Cuenca lo ha solicitado-. También piden que se prohíban los desahucios en los que no se haya ofrecido una vivienda alternativa y que se amplíe el parque de vivienda pública y de alquiler social de gestión pública y asequible.

Frente a las críticas que ha recibido esta convocatoria de huelga por parte de sectores empresariales, que argumentan que los motivos para celebrarla quedan fuera del ámbito laboral, la plataforma defiende “la plena legalidad” de la huelga y añade que el Tribunal Constitucional “dejó claro” ya en 1981 que el derecho a la huelga “ampara también la protesta contra decisiones de política económica y social, y no solo los conflictos estrictamente laborales entre empresa y plantilla”. Por ello, defienden que esta “protesta pacífica” debe poder ejercerse sin injerencias ni temor a represalias por parte de quienes decidan secundarla.

La responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

La plataforma también carga contra el Gobierno regional, al que echa en cara no haber regulado el alquiler ni declarar “una sola zona de mercado residencial tensionado”, un aspecto este último del que también culpa a los ayuntamientos de la región. “La Ley estatal de Vivienda les reconoce la facultad de solicitar a la Junta la declaración de zona de mercado residencial tensionado en su municipio, y son muy pocos los que lo han hecho pese a reunir ya los indicadores que lo justificarían”, asegura.

“La respuesta de la Junta a la crisis de vivienda ha apostado casi en exclusiva por la construcción de vivienda nueva y la reclasificación de suelo, en lugar de priorizar la adquisición de vivienda ya existente o el uso del tanteo y el retracto. Y, sobre todo, la región sigue sin garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables que son desahuciadas, dejando esa responsabilidad fragmentada no solo entre las distintas consejerías competentes, sino también entre estas y los ayuntamientos, sin que exista un protocolo claro de coordinación entre ambos niveles de la administración”.

Por tanto, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha considera que la Junta “sigue sin dar respuesta a lo que ya está en su mano”. “La Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, que se tramita por el procedimiento de urgencia, no es la ley de vivienda que la región necesita: es un nuevo parche que prioriza la construcción y la reclasificación de suelo frente a instrumentos más ágiles y eficaces, y que habilita desalojos administrativos sin las garantías. Esa urgencia legislativa contrasta con el abandono de la verdadera Ley de Vivienda integral que Castilla-La Mancha sigue sin aprobar, más de una década después de sus primeros intentos fallidos, y que debe reconocer la vivienda como derecho humano con todas sus garantías”.