Cuarenta asociaciones de Burgos reclaman poner el freno a los parques eólicos en la provincia

Una decena de colectivos de la provincia de Burgos y de otras zonas de Castilla y León  han suscrito la ‘Declaración Eólica Responsable, una iniciativa creada por la Mesa Eólica Merindades para reclamar a las administraciones que frenen el “tsunami” de nuevas centrales eólicas.

Según la asociación, este nuevo impulso a la energía eólica está facilitando los dividendos de las grandes corporaciones del sector eléctrico y grupos de inversión mientras el Gobierno de la Junta actúa de “una manera irresponsable y ajena al grave deterioro medioambiental de nuestra provincia”. La asociación apuesta por una integración “racional de las energías renovables, ajena a un desarrollo abusivo, que antepone planteamientos mercantilistas, como la llamada 'trama eólica'”.

Desde la organización ecologista explican que en Castilla y León no existe una normativa autonómica específica que regule la actividad eólica, ya que el Plan Eólico no está vigente. “Nos encontramos pues con que la Junta de Castilla y León está obligada por Ley a establecer un nuevo marco regulatorio, incorporando de manera urgente una Evaluación Ambiental Estratégica, tal como lo contempla la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”. Este vacío legal, critican. imposibilita una planificación adecuada de las centrales. Una situación que están aprovechando las empresas.

Solo el hecho de que Castilla y León no cuente con un Plan Eólico jurídicamente vinculante ya es para la asociación “más que suficiente” para paralizar de manera inmediata la tramitación de nuevos proyectos eólicos. Pero es que la Junta ni siquiera está cumpliendo con lo que se establecía en ese plan. Para la provincia de Burgos, se estima una viabilidad técnica aproximada que permitiría unos 1.275 MW, de explotarse en su totalidad y 958 MW las cifras finalmente adjudicada. Sin embargo, en 2019 se han instalado 1.985,49 MW.​

Según los datos que maneja la organización, ​hasta 2019 en Burgos levantaron el 7% de todos los aerogeneradores de España: 1.415 de los 20.940 totales. Además, en la provincia se han construido el 7% del total de centrales eólicas de todo el país, las cuales representan el 32% (83 centrales) del total instalado en Castilla y León (258 centrales).

El desarrollo desmedido de parques eólicos, critican, han provocado que el patrimonio paisajístico y cultural burgalés haya sufrido “un maltrato y una transformación artificial de primer orden, sin parangón”. No solo desde un punto de vista visual, también sobre la diversidad, como los cientos de kilómetros de nuevos tendidos eléctricos, que haya bienes de Interés Cultural a la sombra de los aerogeneradores; crestas y montañas emblemáticas “crucificadas”; molestias y ruidos en pueblos rodeados e inmersos en el laberinto de palas y torres; yacimientos arqueológicos, en el mejor de los casos, formando parte del paisaje industrializado, etc.

Muertes de aves y estocada al turismo rural

Desde la mesa denuncian la dificultad de cuantificar la mortalidad de aves, quirópteros, e indirectamente otra fauna debido a la poca información distribuida por empresas y a las autoridades ambientales de la Junta de Castilla y León. Aun así, indican, la mortalidad y otros efectos colaterales, como la ocupación y degradación de hábitats y el efecto barrera han sido enormes.“

“A título de ejemplo: en un solo tendido eléctrico de una central murieron decapitadas cerca de 60 avutardas, aparte de otras especies protegidas y en peligro de extinción como el milano real. Actualmente, se ha constatado la muerte de varias águilas imperiales, especie en peligro de extinción, en un momento en el que está intentando la colonización de nuestra provincia. Resulta paradójico el derroche económico de fondos públicos que se destina a salvar de la extinción a distintas especies, para que muchas de ellas acaben muertas o mutiladas en las palas de los aerogeneradores”.

​También señalan el deterioro de los negocios vinculados con el turismo y las actividades de naturaleza, como casas rurales, albergues, rutas guiadas, etc., supone un serio apartado que la administración autonómica “nunca ha querido cuantificar. No olvidemos que los usuarios de estos servicios cada vez son más exigentes a la hora de valorar la naturalidad de las zonas que eligen. Evidentemente, pocas serán las personas a las que les guste observar por la ventana una industria eólica rompiendo el paisaje”.

“A lo largo de este tiempo la instalación eólica masiva ha contribuido exponencialmente a la despoblación de estas áreas, aumentando el éxodo rural, hipotecando iniciativas con visión de futuro y conciliadoras con el medio natural, alejando consecuentemente y desanimando el emprendimiento. Además, es un hecho la depreciación que sufren los bienes del patrimonio privado. Viviendas, fincas, establecimientos, servicios, terrenos agrícolas y ganaderos observan inquietantes como la calidad de su entorno se degrada.